El acuerdo firmado entre La Bancaria y las cámaras empresariales incorporó una mejora del 2,1%, en línea con la inflación. El bono por el Día del Bancario ya supera los $2,1 millones.

Los trabajadores bancarios percibirán desde mayo un salario inicial de $2.437.232,92 luego de la actualización acordada entre la Asociación Bancaria y las entidades empresarias de la actividad. El ajuste fue del 2,1%, porcentaje equivalente a la inflación registrada durante el período.

La cifra surge de la suma del sueldo básico de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), que alcanza los $68.473,44.

Con esta recomposición, el incremento acumulado en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7% respecto de diciembre del año pasado. El mecanismo de revisión automática impulsado por el sindicato continúa tomando como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una estrategia orientada a preservar el poder de compra de los ingresos frente al avance de los precios.

Desde el gremio destacaron que la actualización alcanzará a todas las remuneraciones brutas, habituales y totales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos.

La nueva escala salarial vuelve a ubicar a la actividad financiera entre las mejor remuneradas del mercado laboral argentino, en un año marcado por negociaciones paritarias que, en numerosos rubros, enfrentan dificultades para acompañar el ritmo inflacionario.

La revisión también impactó sobre el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. De manera provisoria, el beneficio quedó fijado en un piso de $2.111.667,14 y volverá a actualizarse conforme evolucionen las futuras correcciones salariales acordadas durante el año.

Los registros oficiales muestran una nueva caída del trabajo registrado y el cierre de más de 26.000 empresas. Mientras la inflación desacelera, los salarios vuelven a quedar por debajo de los precios y el consumo sigue debilitado.

El mercado laboral volvió a encender señales de alarma. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y otros 17.685 trabajadores independientes abandonaron la formalidad. Con este resultado, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 300.000 puestos de trabajo.

El deterioro no se limita a los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, una reducción equivalente al 5,2% del entramado productivo formal. Sólo en los últimos doce meses cerraron 14.203 firmas.

La retracción alcanzó tanto al ámbito privado como al estatal. Durante marzo, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,11% respecto del mes anterior. El segmento privado explicó la mayor parte de la caída, con 7.603 puestos menos, mientras que el sector público perdió 2.364 empleos y el trabajo en casas particulares registró una reducción de 761 trabajadores.

Los indicadores interanuales muestran un panorama aún más contundente. El empleo privado formal se ubicó en 6,18 millones de trabajadores, lo que representa 96.700 puestos menos que un año atrás, una contracción del 1,5%.

La industria manufacturera volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. En marzo eliminó 5.043 empleos y acumula una pérdida de 47.647 trabajadores en los últimos doce meses. El comercio, principal empleador privado del país, redujo su plantilla en 24.275 puestos durante el último año y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2024.

El retroceso exhibe además una dimensión federal. Veinte de las veinticuatro jurisdicciones registraron caídas interanuales del empleo privado. Sólo Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%) lograron sostener números positivos, impulsados por actividades vinculadas a la energía, la minería y determinadas inversiones regionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que los rubros más dinámicos representan una porción reducida del universo laboral. De acuerdo con estimaciones privadas, las actividades asociadas a las exportaciones y a los grandes proyectos de inversión apenas concentran el 7% del empleo asalariado formal, una proporción insuficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria, el comercio y otros segmentos vinculados al mercado interno.

A este cuadro se suma la evolución de los ingresos. La remuneración bruta promedio del empleo privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con una mejora interanual del 31,6%, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1,54 millones y avanzó 28,1%. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 32,6%.

La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un relevamiento de Focus Market reveló que el 14% de los hogares redujo la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, un dato que muestra que los ajustes ya no recaen únicamente sobre gastos prescindibles sino también sobre necesidades esenciales.

La desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Sin embargo, los datos laborales revelan una realidad más compleja: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el empleo formal continúa en retroceso, las empresas siguen reduciendo planteles y una porción creciente de hogares enfrenta dificultades para sostener su nivel de consumo. El desafío para los próximos meses ya no será sólo consolidar la baja de los precios, sino lograr que esa mejora alcance al trabajo, la producción y los ingresos.

La preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y sindical, sumada al deterioro del empleo registrado en distintas ramas de la economía, acelera dentro de la CGT el debate sobre una respuesta política y gremial de mayor intensidad.

La CGT se encamina hacia una nueva etapa en su relación con el Gobierno nacional. El malestar generado por recientes medidas oficiales que, según el sindicalismo, avanzan sobre la autonomía de las organizaciones gremiales, reactivó las presiones internas para abandonar la estrategia de prudencia que predominó durante los últimos meses.

El debate ocupará un lugar central en la reunión que el Secretariado Nacional mantendrá con representantes de diversas confederaciones, entre ellas la CATT, la CASIA y la CSIRA, espacios que reclaman una respuesta más contundente frente a las decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei.

La inquietud excede el plano institucional. En la conducción cegetista crece la preocupación por el desempeño de la economía real, especialmente en actividades vinculadas a la producción industrial, la construcción y el comercio, donde se multiplican las denuncias por suspensiones, despidos y reducción de planteles.

En ese marco, la defensa del empleo formal vuelve a consolidarse como eje prioritario de la agenda sindical. Distintos dirigentes advierten que la pérdida de dinamismo productivo y el retroceso del consumo comienzan a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral, alimentando el descontento entre los trabajadores.

Sin embargo, el factor que hoy acelera la discusión interna es el alcance de las reformas que afectan el funcionamiento de sindicatos, federaciones y confederaciones. En Azopardo interpretan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo podrían alterar mecanismos históricos de representación y financiamiento sobre los que se estructura el modelo sindical argentino.

La definición que adopte la CGT en las próximas semanas será observada con atención tanto por el Gobierno como por el empresariado. Después de meses de tensiones intermitentes, la principal central obrera del país parece acercarse a un punto bisagra en el que la negociación podría ceder espacio a una dinámica de confrontación más abierta.