CTERA y los gremios universitarios lanzaron un paro nacional en reclamo de aumentos salariales, actualización del FONID y reapertura de paritarias. La medida, que se sentirá en escuelas y universidades de todo el país, expone el deterioro del poder adquisitivo docente, con sueldos licuados por la inflación y un gobierno que aún no convoca a negociar desde 2024.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y los sindicatos universitarios, entre ellos ADICUS, confirmaron una huelga nacional que afectará tanto a la educación básica como al nivel superior. La medida, que se realizará en todo el país, busca visibilizar la pérdida salarial acumulada y el vaciamiento del financiamiento educativo, agravado por la falta de convocatoria a paritarias nacionales desde hace más de un año.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, detalló que la protesta responde a una doble urgencia: la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la actualización de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional mantiene congelada pese a la inflación récord. “Hemos perdido más del 40% del poder adquisitivo. No se puede sostener la docencia con estos salarios”, advirtió el dirigente.

El paro fue convocado por CTERA como parte de un plan federal de lucha, y cuenta con el acompañamiento de docentes universitarios y técnicos, lo que implica una paralización casi total del sistema educativo. En la provincia, se espera un acatamiento masivo tanto en las escuelas públicas como en la Universidad Nacional de San Juan, donde el malestar docente viene en ascenso desde principios de año.

El contexto económico agrava el conflicto. Con una inflación anual que supera el 200% y salarios que apenas se actualizaron un 80%, la pérdida de poder adquisitivo es ya insostenible. Los gremios denuncian que el Ejecutivo “rompió el marco legal de la negociación colectiva”, al desoír lo que establece la Ley de Financiamiento Educativo y al retacear fondos que por ley deben garantizarse a las provincias.

“El Gobierno incumple la ley y pretende que las universidades y las escuelas se financien con migajas”, señaló Barcelona. “Sin FONID, sin actualización presupuestaria y sin paritarias, la educación pública se desangra”.

A la precarización salarial se suma el deterioro de las condiciones de trabajo: aulas sin mantenimiento, falta de materiales y recorte de programas de apoyo a la formación docente. En las escuelas técnicas y universidades, el problema se traduce además en la falta de insumos básicos para la práctica educativa.

La huelga no solo expresa un reclamo económico: es también una defensa de la educación pública frente al avance de las políticas de ajuste estructural impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los gremios advierten que, si no hay respuesta, el conflicto escalará con nuevas medidas de fuerza en noviembre.

Esta medida se inscribe en un escenario donde la crisis educativa es también una crisis de Estado. La falta de inversión, la ruptura del diálogo paritario y el desfinanciamiento de las universidades configuran un panorama alarmante que pone en riesgo el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Mientras el Gobierno insiste en ajustar como principio rector, los docentes marchan por dignidad. La protesta, que une a maestros y profesores de todos los niveles, no solo interpela al poder político: también llama a la sociedad a defender uno de los pilares de la democracia argentina —una educación pública, gratuita y de calidad, que hoy se encuentra bajo amenaza.

La CTERA convocó para este martes 14 de octubre a un paro y movilización federal en defensa del financiamiento educativo, los salarios y la restitución del FONID

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre de 2025, acompañado por una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana.
La medida, que tendrá alcance en todo el país, busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública por los recortes del Gobierno nacional, el congelamiento de partidas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según la conducción sindical, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo “representa un ataque directo a la educación pública”, al reducir drásticamente los fondos destinados a infraestructura escolar, capacitación y salarios. “Sin financiamiento, la escuela pública no tiene futuro”, advirtió Alesso al confirmar la medida.

Entre los reclamos centrales figuran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución inmediata del FONID, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo, la mejora de las condiciones salariales y laborales y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Amplia adhesión en todo el país

La jornada de protesta contará con la participación de todos los gremios de base de CTERA, lo que asegura una paralización casi total del sistema educativo público. Confirmaron su adhesión:

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

A su vez, en la provincia de Buenos Aires el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA— se sumará de manera unificada al paro y la movilización. Estas organizaciones denunciaron “el deterioro constante del salario docente y el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades de financiamiento”.

En cada distrito se realizarán asambleas, clases públicas y actos frente a las legislaturas provinciales, mientras las delegaciones de todo el país marcharán hacia el Congreso en Buenos Aires, epicentro de la jornada.

Un conflicto que crece

La protesta de mañana martes 14 de octubre se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Gobierno nacional, tras meses de congelamiento de partidas y una caída del poder adquisitivo que supera el 40% desde diciembre de 2023.
CTERA sostiene que el ajuste “es incompatible con el sostenimiento de la escuela pública”, y advierte que la ausencia de paritaria nacional impide acordar un piso salarial común que garantice igualdad educativa en todas las provincias.

En paralelo, la central docente busca reinstalar en la agenda pública el debate sobre el rol del Estado en la educación y la necesidad de una política federal de financiamiento. “Defendemos la educación pública como derecho, no como gasto”, remarcan desde la organización.

El Gobierno derogó una decisión administrativa de 2004 que garantizaba paridad salarial en la administración pública. La medida habilita diferencias entre empleados del mismo organismo y profundiza la pérdida de poder adquisitivo del sector.

El Gobierno de Javier Milei derogó una norma que, durante más de dos décadas, había garantizado la equiparación salarial entre los trabajadores contratados y los de planta permanente del Estado. La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 26/2025, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto oficial anula la Decisión Administrativa N° 3/2004, vigente desde el gobierno de Néstor Kirchner, que establecía que los empleados contratados bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público debían percibir remuneraciones equivalentes a las de la planta permanente, ajustadas según categoría y carga horaria. La disposición de 2004 había sido una conquista histórica en materia de igualdad laboral dentro del sector público, y su eliminación deja sin referencia salarial a miles de agentes del Estado.

La nueva resolución sostiene que “la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión pública”. No obstante, la norma no presenta un reemplazo ni detalla nuevos criterios para determinar los haberes de los contratados, lo que, en la práctica, habilita discrecionalidad salarial entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.

Una medida en línea con el ajuste

Aunque el texto oficial invoca razones administrativas, la decisión se inscribe en la lógica de ajuste estructural que caracteriza a la gestión de Milei. Desde su llegada al gobierno, los salarios estatales fueron uno de los ejes del recorte del gasto público: congelamientos, despidos y reestructuraciones impactaron sobre el empleo y el poder adquisitivo del sector.

De acuerdo con estimaciones de ATE Nacional, los trabajadores públicos perdieron 19,4% de su salario real promedio desde diciembre de 2023, aunque la cifra se eleva por encima del 40% si se compara con la evolución de precios de servicios básicos, alquileres y educación. En ese contexto, la derogación de la norma de 2004 aparece como un nuevo paso en la desigualación interna del empleo estatal, al romper la paridad entre quienes están bajo contrato y quienes integran la planta permanente.

Fuentes gremiales consultadas advirtieron que la medida “abre la puerta a una precarización más profunda”, y señalaron que miles de trabajadores contratados —muchos con más de diez años de antigüedad— podrían quedar ahora con ingresos sensiblemente inferiores a los de sus pares estables. “Es el modelo Milei aplicado a la administración pública: desregular, licuar y desarmar derechos”, definió un dirigente de ATE.

Contexto político y proyección

La firma de Federico Sturzenegger en la resolución no pasó inadvertida. Desde su designación como ministro de Desregulación, el economista promovió la eliminación de decenas de resoluciones y decretos históricos que, en su visión, “rigidizan” el funcionamiento del Estado. Entre ellos, medidas vinculadas a la negociación colectiva, las empresas públicas y las estructuras administrativas.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa su ofensiva sobre el empleo estatal, en paralelo con los recortes presupuestarios, los retiros voluntarios y las restricciones salariales en todo el sector público nacional. Para los gremios, se trata de un ataque directo al principio de igualdad de trato que rige en la administración pública y que había sido uno de los pilares del sistema estatal desde comienzos de los 2000.

La derogación de la Decisión Administrativa 3/2004 marca un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno: rompe una norma de equilibrio interno y consolida la brecha entre los distintos regímenes de contratación del Estado. Bajo el argumento de la “modernización administrativa”, la medida refuerza el sesgo de ajuste que atraviesa toda la gestión de Javier Milei, mientras el salario estatal continúa rezagado frente a la inflación.
En los hechos, se trata de una decisión que no sólo implica una reducción potencial de ingresos, sino también un retroceso institucional en materia de equidad y derechos laborales en el ámbito público.