Los docentes de las universidades nacionales inician este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y de una recomposición salarial que los gremios ubican en el 33,4%. La medida fue definida por CONADU y CONADU Histórica y tendrá alcance nacional.

La huelga se lleva a cabo el mismo día en que vence el plazo fijado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, para que el Poder Ejecutivo acredite el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la norma. La resolución estableció cinco días para avanzar con la aplicación de las disposiciones y contempló la posibilidad de imponer multas diarias ante una eventual demora.

El reclamo sindical apunta a que la actualización salarial pendiente alcance el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que debería incorporarse posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumidor, según la interpretación sostenida por las organizaciones docentes. El porcentaje forma parte del reclamo gremial y de la aplicación que los sindicatos exigen de la medida judicial.

La controversia se agudizó luego de que las representaciones gremiales desestimaran el incremento del 3% propuesto por el Gobierno. CONADU y CONADU Histórica argumentan que dicho porcentaje resulta insuficiente para revertir el deterioro salarial acumulado, por lo que ratifican la exigencia de la actualización fijada por ley.

El conflicto no quedará limitado a las 72 horas de huelga. La protesta se inscribe en el camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantiles y universitarias.

En distintas universidades ya se anunciaron medidas complementarias. En Rosario y Córdoba, los gremios COAD y ADIUC mantienen jornadas de protesta de mayor extensión, mientras que en la UBA se prevén acciones de visibilización durante la semana.

La pugna por los sueldos forma parte de una discusión mayor sobre los fondos para las universidades. Así, el reclamo actual va más allá de las paritarias: los sindicatos exigen la aplicación real de la Ley 27.795 de octubre de 2025, que pauta los salarios de docentes y nodocentes y el aumento de las becas.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

Médicos de cabecera y odontólogos iniciaron este miércoles una huelga nacional de 72 horas contra el esquema de remuneración vigente y reclaman una recomposición de sus ingresos. APPAMIA sostiene que los cambios implementados desde abril deterioraron los honorarios y elevaron los costos de sostener los consultorios. En San Juan, los profesionales no adhirieron y la atención continúa con normalidad.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La organización sostiene que el conflicto se profundizó a partir de los cambios introducidos por PAMI en el esquema de remuneración y que los valores actuales no permiten afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

Según explicó el secretario adjunto de APPAMIA, Manuel Eugenio Lago Rodríguez, la modificación instrumentada en abril mediante la Resolución 1107/2026 concentró la remuneración en un sistema por cápita. El dirigente afirmó que ese cambio redujo de manera significativa los ingresos de los profesionales y cuestionó que se haya aplicado mientras continuaban las negociaciones con el organismo.

La discusión volvió a trabarse con la última propuesta de PAMI. De acuerdo con APPAMIA, el organismo ofreció llevar a $3.000 la cápita mensual por paciente a partir de octubre. Para los profesionales, ese valor continúa siendo insuficiente frente a los gastos de alquiler, personal administrativo, insumos y mantenimiento que requiere un consultorio. Otras publicaciones recientes también consignan el reclamo por el valor de la cápita y el impacto del nuevo esquema.

Lago Rodríguez graficó el reclamo con el caso de un médico que atiende a 700 afiliados: con una cápita de $3.000, percibiría $2,1 millones mensuales, monto que —según el dirigente— prácticamente se consume en el funcionamiento del consultorio. APPAMIA sostiene que antes de la modificación los ingresos combinaban las cápitas con consultas y otras prestaciones, lo que permitía alcanzar montos superiores.

La protesta contempla, sin embargo, un esquema de atención para evitar que los afiliados queden sin asistencia esencial. Los profesionales adheridos prevén mantener la prescripción de medicamentos y responder demandas espontáneas y urgencias, mientras que los turnos programados serán reprogramados. En odontología se mantendrá la atención de urgencias.

La medida tampoco implica el cierre de las dependencias de PAMI ni la interrupción de todas sus prestaciones: alcanza específicamente a los médicos de cabecera y odontólogos que adhieren a la protesta. El propio PAMI mantiene al médico de cabecera como la puerta de entrada a sus prestaciones, entre ellas la prescripción de medicamentos, derivaciones y solicitud de estudios.

Qué ocurre en San Juan

En la provincia, la situación es distinta del panorama nacional. Fuentes vinculadas a la atención de PAMI y representantes de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan confirmaron que la adhesión al paro es prácticamente nula y que los profesionales continúan atendiendo con normalidad. También se informó que la Clínica Santa Clara mantiene su funcionamiento habitual.

Por ese motivo, los afiliados que tengan turnos programados deberán concurrir normalmente, salvo que reciban una comunicación particular de su médico. La diferencia entre la adhesión nacional y la realidad provincial hace que, en San Juan, el reclamo no se traduzca por ahora en una interrupción general de las consultas.