El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lanzado hace un año con el objetivo de formalizar el trabajo y reducir la no registración, muestra resultados adversos. Los beneficios otorgados a los empleadores no se tradujeron en nuevos empleos formales: los asalariados registrados cayeron y el trabajo informal volvió a crecer. Mientras tanto, la crisis de ingresos y el endeudamiento de los hogares profundizan un cuadro de deterioro estructural del mercado laboral argentino.

El programa, uno de los pocos en los que la administración libertaria buscó tender puentes con el sector gremial, otorgó importantes beneficios fiscales y condonaciones a los empleadores que adhirieran al plan: extinción de acciones penales, perdón de multas y condonación de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Sin embargo, esa política de estímulos no solo no redujo la informalidad, sino que acentuó el fenómeno que pretendía resolver.

Los números detrás del fracaso

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los asalariados privados registrados pasaron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ratifica la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales cayó del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.

A la vez, el propio Ministerio de Capital Humano informó que solo 1.950 empleadores se acogieron al régimen, regularizando 16.703 puestos de trabajo, apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal que exhibe el alcance limitado de una política que, según expertos laborales, terminó premiando la evasión.

“Dar beneficios a los empresarios no genera empleo de calidad, quedó demostrado”, señaló a Data Gremial un dirigente sindical con llegada a la CGT. “El único camino sostenible es fortalecer el mercado laboral y garantizar derechos”, añadió.

El trasfondo histórico de una deuda social

La informalidad laboral es una vieja deuda estructural de la economía argentina. En los últimos cuarenta años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante períodos de desregulación y reformas laborales profundas —como las de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa— que prometían reducir la informalidad mediante mayor “flexibilidad”.
Tras la crisis de 2001, el empleo formal se recuperó: la tasa de trabajo no registrado bajó al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el retroceso volvió con el macrismo y se agravó bajo la actual gestión.

El nuevo régimen, con su enfoque en beneficios empresariales, repitió los errores del pasado. Lejos de promover la registración, consolidó la precariedad. “Si este plan no funcionó, menos lo hará una reforma laboral más agresiva”, advirtió un especialista en derecho laboral consultado.

El Gobierno prepara ahora una nueva reforma laboral, que busca “facilitar la contratación formal”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los incentivos sin control ni obligaciones concretas tienden a precarizar aún más el mercado de trabajo.

Endeudamiento y deterioro social

El impacto del deterioro laboral trasciende los números del empleo. En un contexto de inflación persistente y caída real de los ingresos, crece el endeudamiento de los hogares como estrategia para llegar a fin de mes.

Según el informe del INDEC “Estrategias de manutención: cómo organizan su economía los hogares argentinos”, en el primer semestre de 2025:

37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para gastos corrientes,

16,1% pidió dinero prestado a familiares o amigos,

14,2% recurrió a financieras, y

más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado.

Además, un 9,3% de los hogares vendió bienes personales para cubrir necesidades básicas. En comparación con 2003, cuando solo el 22% compraba en cuotas y el 3,4% recurría a préstamos, el salto es significativo: una de cada cuatro familias hoy se endeuda, y entre los sectores de bajos ingresos, una de cada tres.

El estudio también marca diferencias por nivel socioeconómico: los hogares de ingresos altos se endeudan con bancos o tarjetas, mientras que los sectores populares lo hacen de manera informal, con familiares o prestamistas.
“Hay una caída sostenida de los ingresos reales y un aumento del financiamiento cotidiano, lo que muestra el agotamiento del modelo de supervivencia de los hogares”, concluye el informe del organismo.

Análisis: políticas sin efecto y una reforma en duda

El caso del Régimen de Promoción del Empleo Registrado se inscribe en una lógica que ha demostrado sus límites: incentivos al capital sin contrapartidas efectivas en creación de empleo.
A un año de su implementación, el balance es elocuente: los beneficios tributarios no se tradujeron en mayor formalidad ni en mejores condiciones laborales. Por el contrario, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se amplió.

La inminente reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso, envalentonado por el resultado electoral, promete “dinamizar el empleo formal” con herramientas similares. Pero el antecedente inmediato del régimen vigente pone en duda esa promesa.
“La reforma puede igualar las condiciones, pero hacia abajo. Si avanza, vamos a estar todos peor”, advirtió un referente gremial con tono de alarma.

La inflación de octubre mostró una leve aceleración respecto al mes anterior y volvió a ubicarse en terreno de preocupación para el Gobierno y los consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,3% en relación con septiembre, llevando el acumulado anual al 24,8% y el incremento interanual al 31,3%.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Transporte, impulsado por los ajustes en tarifas y combustibles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que volvió a ser el sector con mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. En la Patagonia, en cambio, la mayor variación se registró en el componente de vivienda y servicios básicos.

También mostraron incrementos por encima del promedio Bienes y servicios varios, Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco, todos con subas superiores al 2%. En contraposición, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura exhibieron los menores avances, ambos con 1,6% mensual.

De acuerdo con el informe oficial, la dinámica inflacionaria continúa condicionada por la evolución de los precios regulados y la presión de los costos logísticos. Los analistas económicos advierten que, si bien se perciben algunos signos de moderación respecto a los picos del año pasado, la inercia inflacionaria y los aumentos tarifarios siguen actuando como factores de arrastre sobre los precios.

“El dato de octubre confirma que la inflación no cede con la intensidad que el Gobierno esperaba. El impacto del transporte y los alimentos mantiene viva la presión sobre el costo de vida”, señaló un economista privado consultado.

Con la publicación de este dato, el mercado comienza a proyectar el cierre del año con una inflación cercana al 29 o 30%, dependiendo del comportamiento de los precios regulados y de los alimentos en los próximos meses. La cifra final será clave para determinar el rumbo de la política económica y la estrategia de ingresos de cara a 2025.

La crisis económica y la erosión de los ingresos reales continúan impactando de lleno en la estructura de los hogares argentinos. Según el reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) titulado “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, el 50% de las familias recurre a endeudarse, usar ahorros o vender bienes personales para llegar a fin de mes.

El relevamiento, correspondiente al primer semestre de 2025, muestra un cuadro preocupante: el 37,4% de los hogares utilizó sus ahorros, el 16,1% pidió dinero a familiares o amigos, el 14,2% accedió a préstamos financieros, y más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado, muchas veces mediante tarjeta de crédito. Además, el 9,3% tuvo que vender pertenencias para afrontar los gastos cotidianos.

La comparación histórica marca un deterioro sostenido del bienestar económico. En 2003, apenas el 19,9% de los hogares recurría a sus ahorros, y solo el 3,4% solicitaba créditos a entidades financieras. Dos décadas después, los préstamos de bancos y financieras aumentaron 10,8 puntos porcentuales, y la compra en cuotas o fiado creció casi 29 puntos, lo que muestra la consolidación de la deuda como herramienta estructural de supervivencia.

“El uso de ahorros se incrementó especialmente desde 2018 y alcanzó su máximo histórico en 2024, cuando un 40,1% de los hogares declaró haberlos utilizado para gastos corrientes”, señala el informe del INDEC.

El estudio también revela fuertes diferencias según el nivel de ingreso: los hogares de mayores recursos acceden al crédito formal —bancos y financieras—, mientras que entre los sectores de menores ingresos predomina el endeudamiento informal, principalmente con familiares, amigos o comercios de cercanía. Esta desigualdad refuerza la brecha entre quienes aún pueden planificar su economía y quienes solo intentan sostener el día a día.

Los analistas del organismo advierten que la tendencia refleja una creciente vulnerabilidad estructural, potenciada por la caída del salario real, que acumula una pérdida superior al 30% en los últimos años. La inflación persistente, la pérdida de empleos de calidad y la falta de actualización de los ingresos explican que cada vez más familias dependan de mecanismos excepcionales para sobrevivir.

“Se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos —sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado—, además del uso creciente de ahorros para cubrir necesidades corrientes”, advierte el informe.

La consecuencia social de este fenómeno es evidente: una economía doméstica que se sostiene sobre recursos no renovables, donde las familias liquidan activos o se endeudan para mantener su consumo básico.

La radiografía del INDEC expone con crudeza la fragilidad económica de los hogares argentinos, atrapados entre la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Si en 2003 las estrategias de financiamiento eran una excepción, hoy se han convertido en una norma. La mitad de las familias vive dependiendo de mecanismos extraordinarios para sobrevivir, en una economía donde el ahorro se diluye y el crédito se vuelve un salvavidas cada vez más caro.

En un entorno de alta incertidumbre y expectativas de recuperación aún débiles, el dato refleja algo más profundo que una coyuntura: una transformación estructural del modo en que las familias argentinas sostienen su vida cotidiana, entre la resistencia y la vulnerabilidad.