La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en todo el país para este martes, lo que generó una fuerte reacción de los empresarios del sector. El presidente de ATAP, Ricardo Salvá, advirtió que los choferes que adhieran a la medida de fuerza perderán el presentismo y se les descontará el día.

La medida de fuerza fue anunciada la semana pasada después de que se venciera la conciliación obligatoria que impedía a UTA hacer medidas de fuerza. Las cámaras del transporte ofrecieron tres sumas no remunerativas, pero la UTA rechazó la oferta y busca llevar el sueldo básico a $1.700.000.

Salvá declaró a medios locales que las empresas aplicarán sanciones a los choferes que participen en el paro, lo que incluye el descuento del día y la pérdida del presentismo. «Otras veces ya se aplicó el descuento del día y el impacto en el presentismo a los choferes que pararon», afirmó el presidente de ATAP.

La tirantez entre empresarios y choferes se intensifica en un contexto de conflicto salarial y laboral. La UTA busca mejorar las condiciones salariales de los choferes, mientras que los empresarios intentan minimizar los costos y mantener la normalidad del servicio.

El paro de colectivos ya se sabe, puede generar importantes trastornos en la movilidad urbana y afectar a miles de usuarios que dependen de esta prestación. La medida también puede tener un impacto económico significativo, especialmente en ciudades que dependen fuertemente del transporte público de pasajeros.

La oferta de las cámaras del transporte fue rechazada por la UTA, lo que sugiere que el conflicto salarial y laboral es profundo y requiere una solución integral. La pérdida del presentismo y el descuento del día pueden ser medidas disuasorias para los choferes, pero también pueden empeorar el conflicto y generar más tensiones.

Un detallado informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) revela que la canasta específica de medicamentos del PAMI acumuló una inflación del 383,1% en marzo de 2025, lo que ocasionó un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los jubilados.

Según el estudio, los medicamentos que consumen habitualmente las personas mayores aumentaron un 228% en promedio en marzo de 2025. Además, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en los últimos meses alcanzó una suba interanual del 59,3%, mientras que el promedio de los 10 medicamentos con cobertura de PAMI en el último año subieron un 321,5%.

La situación se agrava aún más debido a la reducción del acceso a medicamentos gratuitos. El PAMI redujo de seis a cinco cajas mensuales la cantidad de medicamentos que cubre, y endureció los requisitos para acceder al subsidio social. Ahora, solo pueden tener el beneficio completo quienes cobran hasta 1,5 jubilaciones mínimas y deben realizar un trámite adicional.

En agosto de 2024, se redujeron 44 moléculas farmacológicas con cobertura 100% en el Vademécum del PAMI, y en junio del mismo año, se habían eliminado otras 11 moléculas. Esto generó una mayor carga económica para las personas mayores, que ya están viendo afectado su poder adquisitivo debido al aumento de los precios de los medicamentos.

La jubilación mínima no ha seguido el ritmo del aumento en los precios de los medicamentos. Los remedios sufrieron una suba de 202,6% por encima del incremento de la jubilación mínima con bono en dicho período (+180,5%). Esto causó un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los jubilados, dificultando el acceso a tratamientos esenciales.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) lanzó una iniciativa para recuperar Télam, la agencia estatal de noticias que fue silenciada por el gobierno nacional. El proyecto busca reconstruir una plataforma de información pública que garantice el acceso a noticias veraces y federales para toda la población.

La presentación del proyecto tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Anexo del Congreso y contará con la participación de destacados actores políticos, sindicales y sociales. El objetivo es sentar las bases para la reconstrucción de una agencia pública de noticias que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

El cierre de Télam, anunciado en marzo de 2024, fue justificado por el gobierno como una medida para reducir gastos y eliminar una supuesta «agencia de propaganda kirchnerista». Sin embargo, la medida ocasionó una profunda preocupación en la sociedad civil y en el ámbito periodístico, ya que se considera un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información.

La desaparición de la agencia estatal introdujo un vacío informativo que afecta directamente a la ciudadanía. La falta de acceso a información pública y veraz es un obstáculo significativo para la toma de decisiones y para la participación ciudadana en la vida democrática. El proyecto de SiPreBA busca revertir esta situación y garantizar que la información pública sea accesible y confiable para todos.