La jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió la audiencia de formalización y reclamó una exposición más clara sobre los hechos investigados y las conductas atribuidas a cada uno de los once imputados. La Fiscalía deberá reorganizar su presentación para retomar el procedimiento este miércoles 11 de noviembre.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum tuvo este martes un nuevo capítulo en Tribunales, aunque la audiencia de formalización debió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre. La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien reclamó al Ministerio Público Fiscal mayor precisión y orden en la exposición de los hechos y en la descripción de las conductas que se atribuyen a cada uno de los once imputados.

El planteo de la magistrada se produjo mientras los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro comenzaban a desarrollar los elementos que sustentan la investigación. La presentación incluyó referencias al circuito de los préstamos destinados a financiar la compra de materiales, los procedimientos licitatorios y las presuntas anomalías detectadas en la adquisición de cañerías para la obra.

Sin embargo, el relato fiscal avanzó entre explicaciones técnicas, documentación y sucesivos pedidos de aclaración. Frente a esas dificultades, Lucero cuestionó la metodología utilizada y consideró que, en esas condiciones, no estaban dadas las garantías necesarias para continuar con el procedimiento. “No puedo continuar con esta forma”, expresó antes de disponer la interrupción de la audiencia.

La jueza solicitó que el Ministerio Público Fiscal diferencie con claridad los acontecimientos que integran la investigación de las acciones concretas que se le atribuyen a cada persona involucrada. La precisión resulta central para que los imputados y sus respectivas defensas puedan conocer el alcance de las imputaciones y ejercer adecuadamente sus derechos durante el proceso.

La audiencia contó con la presencia del exgobernador Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, quien anteriormente estuvo al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Ambos habían estado ausentes en la convocatoria anterior, que tampoco logró avanzar. En esta oportunidad, el único de los convocados que no asistió fue el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino, quien justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país.

La exposición que deberá completarse tiene como uno de sus ejes el recorrido administrativo y financiero de los fondos destinados a la adquisición de materiales. La reconstrucción de los préstamos, las licitaciones y las operaciones vinculadas con las cañerías constituye parte de los elementos que la Fiscalía busca incorporar para fundamentar su hipótesis investigativa.

Con el cuarto intermedio dispuesto, los representantes del Ministerio Público deberán reorganizar la presentación y responder a las observaciones formuladas por la magistrada cuando el procedimiento se reanude.

La suspensión no implica una resolución sobre la responsabilidad de los investigados ni supone una validación o desestimación de las hipótesis fiscales. Se trata de una exigencia procesal vinculada con la claridad de las imputaciones, una condición indispensable para que cada involucrado conozca los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer su defensa. La continuidad de la audiencia permitirá determinar cómo queda delimitado el objeto de la investigación sobre una de las obras de infraestructura más relevantes de San Juan.

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una representación institucional de San Juan en el acto oficial realizado en el Palacio Libertad. El gobernador Marcelo Orrego, acompañado por su esposa, Eliana Albornoz, participó del encuentro en el que el Pontífice pronunció su primer discurso en suelo argentino ante las máximas autoridades nacionales.

Tras la ceremonia, el mandatario provincial puso el foco en el contenido social de las palabras del Santo Padre y destacó la responsabilidad que implica ejercer una función pública. En particular, valoró las referencias al cuidado de la vida, la protección de las familias, la promoción del trabajo digno y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Orrego expresó su emoción por haber participado de la convocatoria en representación de los sanjuaninos y consideró que se trató de una experiencia significativa. También manifestó coincidencias con los principios planteados por León XIV y sostuvo que deben orientar la tarea de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

“Como gobernador y también como creyente, comparto plenamente su mirada sobre la responsabilidad que tenemos quienes ejercemos una función pública: cuidar y respetar la vida desde la concepción, proteger a las familias, promover el trabajo digno y generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan crecer y construir su futuro en la tierra donde nacieron”, afirmó.

El titular del Ejecutivo sanjuanino señaló que esos objetivos forman parte de las prioridades que procura sostener junto con su equipo de gestión. En ese sentido, planteó que las decisiones gubernamentales deben mantener como referencia las necesidades de las personas y las condiciones necesarias para que cada generación pueda desarrollar su proyecto de vida en su lugar de origen.

Otro de los aspectos que destacó fue el llamado papal a fortalecer la unidad y el diálogo, incluso frente a diferencias políticas, sociales o institucionales. Para Orrego, la posibilidad de construir acuerdos constituye una condición indispensable para avanzar hacia objetivos compartidos y evitar que las divisiones se conviertan en un obstáculo para el desarrollo colectivo.

“Creo profundamente que, aun con cualquier tipo de diferencias, siempre tenemos que ser capaces de encontrarnos y trabajar por el bien común”, sostuvo.

«La presencia del gobernador en el Palacio Libertad superó el mero marco protocolar. Al analizar el mensaje del papa León XIV, el mandatario remarcó que los valores de solidaridad y responsabilidad social deben materializarse en políticas públicas efectivas, transformando el llamado a la unidad en acciones concretas para la sociedad.»

Ocho empresas participaron de la licitación, pero solo cuatro superaron la evaluación administrativa. La propuesta económica más baja fue de $87.860 millones, por encima del presupuesto oficial de $84.942 millones. El proyecto contempla cuatro carriles, colectoras, intercambiadores y nuevos puentes, con un plazo de ejecución de 30 meses.

La licitación, correspondiente al tramo que conecta Chimbas con Albardón, convocó inicialmente a ocho oferentes. Sin embargo, cuatro quedaron excluidos tras la revisión de la documentación administrativa y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos. La apertura y evaluación de las propuestas demandó más de seis horas, debido a la complejidad técnica y legal del procedimiento.

La oferta de menor valor correspondió a la unión transitoria integrada por Sigma y LLP Pietroboni, que cotizó los trabajos en $87.860 millones. Detrás se ubicó la firma sanjuanina Mapal, con una propuesta de $89.015 millones. La asociación entre Terusi y BBC presentó una cotización de $93.286 millones, mientras que Vialagro, de Buenos Aires, completó la nómina con $94.768 millones.

Entre las compañías que no avanzaron a la instancia siguiente figuran Pablo Federico e Hijos, Federico Hermanos junto con Chediak, Construcciones Ivica y A. Dumandzic, y la unión conformada por Armegom y BWT.

El presupuesto oficial fue fijado en $84.942 millones, con financiamiento proveniente del fideicomiso minero Vicuña. La diferencia entre ese cálculo y las propuestas recibidas será uno de los aspectos que deberán considerar las autoridades antes de resolver la adjudicación.

Una intervención vial para cambiar la circulación

El proyecto comprende poco más de tres kilómetros entre el Callejón Blanco y la calle Rawson, con una configuración de cuatro carriles destinada a mejorar la circulación y reducir los conflictos de tránsito en uno de los corredores de mayor importancia para el norte del área metropolitana.

La intervención incluye colectoras laterales, bicisendas e intercambiadores a distinto nivel. También prevé cuatro puentes sobre el río San Juan y distintas arterias principales, obras concebidas para ordenar los desplazamientos y facilitar la circulación del transporte pesado.

De acuerdo con las condiciones establecidas por Vialidad Provincial, el plazo de ejecución será de 30 meses. La magnitud de la inversión y la infraestructura prevista convierten a esta intervención en una pieza relevante para la conectividad entre Chimbas y Albardón, además de su incidencia en la circulación regional.