Con una inversión inicial de US$ 9.700 millones, el megaproyecto de cobre obtuvo la aprobación para incorporarse al régimen de incentivos. Las proyecciones contemplan exportaciones por US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo.

La minería argentina acaba de sumar uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas. El Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que despeja el camino para el desarrollo de una iniciativa que prevé desembolsos iniciales por US$ 9.700 millones y que podría escalar hasta los US$ 18.000 millones durante su vida útil.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el emprendimiento impulsado por las compañías BHP y Lundin se perfila como el mayor desarrollo minero de la historia del país y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.

La magnitud económica explica la relevancia de la aprobación. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales, transformándose en uno de los principales complejos generadores de divisas de la economía argentina.

El impacto también se proyecta sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, el proyecto ya ocupa a 2.615 personas, de las cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. Más del 92% de la plantilla corresponde a trabajadores nacionales y, entre el personal propio, ocho de cada diez empleados provienen de San Juan.

La integración con la economía provincial constituye otro de los aspectos destacados por la compañía. En la actualidad participan 245 empresas proveedoras vinculadas a servicios de exploración, transporte, obras, logística y mantenimiento. De ese universo, 150 tienen base en San Juan, lo que representa más del 60% de las contrataciones activas.

La hoja de ruta presentada este año contempla un desarrollo por etapas que combinará los recursos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años. Según la Evaluación Económica Preliminar difundida en febrero, el complejo podría alcanzar una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de explotación.

La aprobación dentro del RIGI representa mucho más que un beneficio fiscal. Marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa llamada a redefinir la escala de la minería argentina y a convertir a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina, en un momento en que la demanda global de cobre se expande al ritmo de la transición energética y la electrificación de las economías.

Los registros oficiales muestran una nueva caída del trabajo registrado y el cierre de más de 26.000 empresas. Mientras la inflación desacelera, los salarios vuelven a quedar por debajo de los precios y el consumo sigue debilitado.

El mercado laboral volvió a encender señales de alarma. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y otros 17.685 trabajadores independientes abandonaron la formalidad. Con este resultado, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 300.000 puestos de trabajo.

El deterioro no se limita a los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, una reducción equivalente al 5,2% del entramado productivo formal. Sólo en los últimos doce meses cerraron 14.203 firmas.

La retracción alcanzó tanto al ámbito privado como al estatal. Durante marzo, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,11% respecto del mes anterior. El segmento privado explicó la mayor parte de la caída, con 7.603 puestos menos, mientras que el sector público perdió 2.364 empleos y el trabajo en casas particulares registró una reducción de 761 trabajadores.

Los indicadores interanuales muestran un panorama aún más contundente. El empleo privado formal se ubicó en 6,18 millones de trabajadores, lo que representa 96.700 puestos menos que un año atrás, una contracción del 1,5%.

La industria manufacturera volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. En marzo eliminó 5.043 empleos y acumula una pérdida de 47.647 trabajadores en los últimos doce meses. El comercio, principal empleador privado del país, redujo su plantilla en 24.275 puestos durante el último año y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2024.

El retroceso exhibe además una dimensión federal. Veinte de las veinticuatro jurisdicciones registraron caídas interanuales del empleo privado. Sólo Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%) lograron sostener números positivos, impulsados por actividades vinculadas a la energía, la minería y determinadas inversiones regionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que los rubros más dinámicos representan una porción reducida del universo laboral. De acuerdo con estimaciones privadas, las actividades asociadas a las exportaciones y a los grandes proyectos de inversión apenas concentran el 7% del empleo asalariado formal, una proporción insuficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria, el comercio y otros segmentos vinculados al mercado interno.

A este cuadro se suma la evolución de los ingresos. La remuneración bruta promedio del empleo privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con una mejora interanual del 31,6%, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1,54 millones y avanzó 28,1%. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 32,6%.

La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un relevamiento de Focus Market reveló que el 14% de los hogares redujo la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, un dato que muestra que los ajustes ya no recaen únicamente sobre gastos prescindibles sino también sobre necesidades esenciales.

La desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Sin embargo, los datos laborales revelan una realidad más compleja: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el empleo formal continúa en retroceso, las empresas siguen reduciendo planteles y una porción creciente de hogares enfrenta dificultades para sostener su nivel de consumo. El desafío para los próximos meses ya no será sólo consolidar la baja de los precios, sino lograr que esa mejora alcance al trabajo, la producción y los ingresos.

La decisión de incorporar desde China parte de la infraestructura destinada a un emprendimiento cuprífero encendió cuestionamientos de ASIMRA. El gremio reclama una mayor participación de fabricantes argentinos y reabre una discusión que excede a una obra puntual: cuánto valor agregado queda en el país cuando llegan grandes capitales.

La expansión minera volvió a colocar sobre la mesa una discusión que acompaña históricamente a los grandes proyectos vinculados a los recursos naturales. Esta vez, el debate no gira en torno a cuestiones ambientales ni fiscales, sino a la capacidad de las inversiones para dinamizar el entramado productivo argentino.

La controversia surgió tras conocerse que parte de las instalaciones habitacionales previstas para un importante emprendimiento de cobre serían fabricadas fuera del país. La decisión despertó reparos dentro de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIMRA), desde donde advirtieron que la medida podría reducir significativamente la participación de empresas nacionales en una iniciativa que movilizará recursos por miles de millones de dólares.

La preocupación no se limita a la provisión de estructuras modulares. Detrás de esa contratación aparece una cadena de bienes y servicios que involucra a fabricantes metalúrgicos, empresas de ingeniería, contratistas especializados, talleres y proveedores tecnológicos. Para la organización sindical, el desafío consiste en aprovechar la magnitud de estos emprendimientos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión adquiere una dimensión estratégica porque coincide con el crecimiento de proyectos considerados fundamentales para el futuro exportador argentino. El cobre se perfila como uno de los minerales más demandados por la transición energética global y varias provincias aspiran a convertirse en protagonistas de ese mercado durante las próximas décadas.

En ese marco, distintos actores vinculados al mundo del trabajo sostienen que la llegada de capitales debería traducirse en algo más que generación de divisas. La aspiración es que también impulse procesos de industrialización, incorporación tecnológica y formación de proveedores capaces de integrarse de manera competitiva a cadenas de abastecimiento de gran escala.

El planteo dialoga además con una discusión más amplia sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el Gobierno nacional lo presenta como una herramienta destinada a atraer desembolsos de magnitud, organizaciones sindicales y cámaras empresarias insisten en que los beneficios otorgados deben producir efectos tangibles sobre el empleo, la producción y el desarrollo regional.

El debate excede la importación de una obra específica. En el fondo, vuelve a emerger una pregunta que acompaña cada ciclo de expansión extractiva: si la riqueza generada por los grandes emprendimientos será capaz de irradiar oportunidades hacia el tejido económico nacional o si permanecerá concentrada en circuitos productivos con escasa vinculación local.

Con nuevos proyectos en marcha y cifras récord de inversión en el corto plazo, esa discusión promete ganar cada vez más relevancia.