Luego de una extensa negociación marcada por rechazos y contrapropuestas, el Ejecutivo sanjuanino logró el aval de UDAP, UDA y AMET a una nueva propuesta salarial que impactará en los haberes de diciembre y enero. El acuerdo combina actualización por inflación, mejoras al nomenclador y refuerzos estratégicos para maestros y directivos.

Tras una jornada que se extendió por más de cuatro horas, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo en el marco de la paritaria salarial. La confirmación llegó pasadas las 20.30 de este martes, luego de que ambas partes retomaran la negociación durante la tarde, en lo que fue la séptima reunión de la cuarta paritaria docente del año.

Los representantes sindicales arribaron al encuentro con una contrapropuesta, luego de haber rechazado la última oferta oficial en una seguidilla de reuniones que reflejó la complejidad del escenario económico y la tensión acumulada entre las partes. Sin embargo, tras la presentación final del Ejecutivo, los tres sindicatos aceptaron la propuesta y firmaron el acuerdo en conformidad.

La negociación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes expusieron los detalles de una oferta orientada a reforzar los ingresos docentes hacia el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El entendimiento se apoya en dos ejes centrales para el mes de diciembre de 2025. Por un lado, se dispuso que el valor índice se actualizará mensualmente aplicando el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes anterior, consolidando así un esquema de ajuste atado a la inflación.

Por otro lado, el Ejecutivo propuso —y logró el aval gremial— un incremento de 5 puntos en el Código E60, que pasará a totalizar 44 puntos por valor índice desde diciembre. Este componente resulta clave dentro del salario docente, especialmente para maestros de grado y equipos directivos, ya que impacta de manera directa en los haberes básicos.

De cara a enero de 2026, la propuesta incluyó además un aumento general de 4 puntos para todos los cargos que integran el nomenclador docente, lo que amplía el alcance del acuerdo y busca sostener el poder adquisitivo en el inicio del próximo año.

La paritaria se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social y financiera. El Gobierno provincial ya tiene definida la planificación presupuestaria de enero, lo que permitió avanzar en la negociación con mayor previsibilidad. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todo el personal de la administración pública, tanto de planta permanente como contratada.

Este refuerzo salarial, que demandará una inversión cercana a los $5.800 millones, fue un elemento central del contexto en el que se retomó el diálogo con los gremios, luego de semanas marcadas por la falta de acuerdo.

Cronograma de pagos confirmado

Junto al cierre de la paritaria docente, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para el cierre y el inicio del año:

Aguinaldo: 20 de diciembre

Sueldo de diciembre: 30 de diciembre

Conectividad San Juan (docentes): 10 de enero

Bono extraordinario de $120.000: 16 de enero

La Confederación General del Trabajo confirmó una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en las provincias. Desde San Juan, el secretario general Eduardo Cabello cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, denunció un deterioro acelerado del empleo y repudió el ataque a la sede del Sindicato del Vidrio.

Desde San Juan, el secretario general de la CGT provincial, Eduardo Cabello, confirmó la adhesión a la convocatoria y subrayó que la protesta busca visibilizar un malestar que atraviesa por igual a trabajadores de la Capital y del interior. “La idea es que se haga en todo el país. Buenos Aires es el lugar donde hay que mostrar la fuerza, pero en las provincias los trabajadores sufren las mismas consecuencias”, afirmó.

En el plano local, Cabello precisó que la CGT San Juan resolvió movilizarse ese mismo día a las 18 horas, en coordinación con otras centrales sindicales como la CTA y la MTA. “Esto nos atraviesa a todos. No es un problema exclusivo de la CGT, es un problema de todos los trabajadores”, remarcó, anticipando una acción conjunta y un documento consensuado.

El dirigente sindical también se refirió al ataque vandálico contra la sede del Sindicato del Vidrio, un episodio que sacudió al mundo gremial y generó un inmediato repudio. “Son cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Esperamos que no sea parte de lo que se empieza a gestar a partir de ciertas políticas nacionales y que no se convierta en una costumbre”, expresó. Si bien aclaró que no hubo víctimas, advirtió sobre un clima de creciente tensión social.

El centro del reclamo sindical apunta directamente al contenido de la reforma laboral. Cabello fue categórico al cuestionar el discurso oficial: “Mienten cuando dicen que esta ley va a traer más trabajo. Lo único que va a generar es más crisis y profundizar los problemas”. En ese sentido, describió un escenario de cierres de empresas, caída de pymes y pérdida constante del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación sigue erosionando los salarios y las paritarias no logran recomponer lo perdido.

“La informalidad no va a disminuir porque no hay dónde absorber a esos trabajadores. Día a día cierran empresas, y así es imposible hablar de generación de empleo genuino”, sostuvo. Según el dirigente, el impacto no solo se siente en el sector privado, sino también en las provincias, que enfrentan la paralización de la obra pública y la falta de recursos nacionales.

En medio del debate legislativo, Cabello valoró las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por la vía judicial. “Quieren borrar de un plumazo lo que establece la Constitución y los pactos internacionales. Lo que proponen es inviable”, afirmó, y recordó que el sindicalismo se ampara en la legalidad y el marco constitucional para resistir los cambios.

La CGT, además, mantiene contactos permanentes con legisladores nacionales y autoridades provinciales. Según detalló Cabello, intendentes y representantes sanjuaninos ya participaron de reuniones y seguirán articulando acciones políticas. “Cada gobernador que siga apoyando este modelo también tendrá que pagar el costo político. Las provincias están siendo severamente castigadas”, advirtió.

La movilización del próximo jueves18 de diciembre se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Más allá de la protesta puntual, la CGT busca enviar un mensaje político claro: la reforma laboral no solo enfrenta resistencia en las calles, sino también cuestionamientos legales, sociales y económicos de fondo.

En un momento de creciente conflictividad, caída del empleo y tensiones federales, el sindicalismo se prepara para endurecer su estrategia y advertir que la defensa de los derechos laborales no será negociable. El desafío, admiten puertas adentro, será sostener la unidad y estar a la altura de un escenario que promete escalar en los próximos meses.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares y plantea reforzar la autonomía de las provincias en el control de los recursos naturales. En San Juan, una provincia clave para la minería, el avance legislativo fue celebrado por el Gobierno y el sector empresario, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto ambiental y los límites de la reforma.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre uno de los marcos normativos más sensibles en materia ambiental y productiva. Este lunes por la noche, la Oficina de la Presidencia confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, una norma que desde su origen ha sido objeto de disputas políticas, judiciales y económicas.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo cuestionó con dureza la legislación vigente, al sostener que presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Según la Casa Rosada, la iniciativa apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

La propuesta reaviva un debate estructural: hasta dónde llega la protección ambiental de carácter nacional y cuál es el margen real de decisión de las provincias sobre sus recursos naturales. En ese punto, San Juan emerge como un actor central, tanto por su peso minero como por el posicionamiento político de su gobierno.

El gobernador Marcelo Orrego defendió públicamente el avance legislativo y subrayó el rol provincial en la administración de los recursos. “Los recursos naturales, por Constitución, son de las provincias”, afirmó durante una visita al departamento Iglesia, donde calificó el proyecto como un paso institucional relevante tras años de falta de consensos.

Orrego remarcó que la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación, y destacó que la autoridad de aplicación debe ser provincial. “Eso es federal”, sostuvo, al tiempo que señaló que San Juan ya cuenta con procedimientos técnicos, como la declaración de impacto ambiental, para evaluar los proyectos productivos.

El mandatario vinculó la reforma a una estrategia más amplia de desarrollo minero y energético, en línea con su rol como presidente de la Mesa del Cobre, y defendió a la minería como eje de la matriz productiva provincial. “El 83% de nuestro territorio son montañas. La minería y las energías renovables son parte del futuro productivo”, afirmó, resaltando la demanda global de minerales como el cobre y el litio.

Sin embargo, detrás del discurso del federalismo y el desarrollo, la reforma despierta cuestionamientos de fondo. La Ley de Glaciares fue concebida como una norma de presupuestos mínimos, justamente para fijar límites uniformes en todo el país ante actividades de alto impacto ambiental. La posibilidad de delegar mayor margen de interpretación a las provincias plantea el interrogante sobre asimetrías en los controles, especialmente en contextos donde la presión económica y la necesidad de inversiones pueden condicionar las decisiones.

Desde el sector minero, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. La Cámara Minera de San Juan sostuvo que la reforma era largamente reclamada para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica. Su presidente, Iván Grgic, celebró el envío del anteproyecto y aseguró que “era necesaria una herramienta aclaratoria” para destrabar proyectos que, según las empresas, quedaron limitados por interpretaciones restrictivas de la ley vigente.

Grgic destacó que la industria minera “cuida los glaciares” y que la intención no es avanzar sobre áreas protegidas, sino contar con criterios técnicos claros que permitan distinguir entre formaciones glaciares activas y otras estructuras rocosas sin aporte hídrico significativo. En ese marco, uno de los cambios centrales del proyecto sería que las provincias elaboren inventarios propios, con equipos técnicos locales, para definir caso por caso.

El planteo, sin embargo, no está exento de controversia. Especialistas y organizaciones ambientales advierten desde hace años que fragmentar los criterios de evaluación puede debilitar la protección de las fuentes de agua, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente. La discusión ya no se limita a la minería, sino que atraviesa el modelo de desarrollo y la relación entre economía, ambiente y poder político.

La reforma de la Ley de Glaciares reabre un debate que la Argentina nunca terminó de saldar: cómo compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental sin vaciar de contenido ninguno de los dos objetivos. El Gobierno apuesta a un enfoque federal y a destrabar inversiones estratégicas, mientras provincias como San Juan ven una oportunidad para consolidar su perfil minero.

Pero el desafío será evitar que la búsqueda de competitividad derive en una flexibilización encubierta de los estándares ambientales, especialmente en territorios donde los glaciares cumplen un rol clave como reserva de agua. El debate legislativo que se abre en el Congreso no será meramente técnico: pondrá en juego el equilibrio entre federalismo, sustentabilidad y el rumbo productivo del país.