Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, la CONADU resolvió avanzar con un paro nacional de una semana, acompañado por clases públicas y protestas en todo el país. Reclaman reapertura salarial y financiamiento para las universidades nacionales.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional y convocó a una semana completa de paro en las universidades públicas de todo el país entre el 25 y el 31 de mayo, en medio del creciente malestar por el deterioro salarial y la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, una movilización que volvió a colocar a la educación superior en el centro de la discusión pública y reunió a cientos de miles de personas en defensa de las universidades nacionales.

Desde la federación docente señalaron que la falta de respuestas oficiales y la ausencia de convocatoria paritaria profundizaron el enfrentamiento con la administración de Javier Milei. “La universidad pública se defiende con organización y presencia en las calles”, sostuvo la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, al confirmar la continuidad del plan de lucha.

La medida incluirá paro total de actividades, clases públicas, asambleas y acciones de visibilización en distintas casas de estudio del territorio nacional. Además, el gremio buscará coordinar nuevas iniciativas junto al Frente Sindical Universitario para ampliar el alcance de las protestas.

Uno de los principales ejes del reclamo pasa por la situación salarial. Desde CONADU denuncian que las negociaciones paritarias permanecen virtualmente paralizadas desde fines de 2024 y advierten que la pérdida del poder adquisitivo ya impacta de manera severa sobre docentes e investigadores.

Según cifras difundidas, los salarios universitarios acumulan una caída cercana al 34% desde el inicio de la actual gestión nacional, mientras numerosos cargos iniciales quedaron muy por debajo del costo de vida y de la evolución de la canasta básica.

El conflicto también se articula con el reclamo por el financiamiento del sistema universitario. Los sindicatos exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y alertan sobre las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener funcionamiento, investigación, extensión y servicios básicos.

En este contexto, CONADU confirmó su participación en el lanzamiento del Frente Educativo Nacional previsto para el 22 de mayo en Buenos Aires, en una señal de unión entre gremios docentes, estudiantes, investigadores y autoridades académicas.

La federación además adherirá a la Marcha Federal de Salud y solicitará una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional para analizar el impacto del ajuste sobre las condiciones laborales y el funcionamiento de las universidades públicas.

En el ámbito académico crece la preocupación por el segundo semestre del año. Rectores, gremios y centros estudiantiles coinciden en que, sin una recomposición presupuestaria y salarial, el conflicto podría ingresar en una etapa de mayor intensidad con fuerte repercusión institucional y política en todo el sistema universitario argentino.

La Policía salteña interceptó dos camionetas con integrantes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que transportaban armas de fuego, cartuchos, machetes y elementos para dañar vehículos. La Federación Petrolera denunció que se intentó ejecutar una emboscada contra un acto gremial y aseguró que “se evitó una tragedia”.

Un operativo de la Policía de Salta desactivó en las últimas horas un episodio de extrema gravedad que sacudió al sindicalismo petrolero y abrió una fuerte investigación judicial sobre presuntas acciones violentas organizadas contra un acto gremial en General Güemes.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9/34, en los accesos a la ciudad salteña, donde efectivos provinciales interceptaron dos camionetas en las que viajaban ocho integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo. Durante la requisa, la fuerza secuestró armas de fuego de distintos calibres, rifles de aire comprimido, más de 200 municiones, cuchillos, bates de béisbol y una importante cantidad de “miguelitos”, artefactos metálicos utilizados para perforar neumáticos.

La intervención policial se produjo luego de una alerta preventiva vinculada a posibles incidentes durante el lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, una actividad sindical que había convocado a dirigentes y trabajadores de distintos puntos del norte argentino.

El dato que elevó la preocupación dentro del sector no fue únicamente el volumen del arsenal secuestrado, sino la identidad de los involucrados. Según confirmaron fuentes de la investigación, los detenidos no serían militantes aislados sino miembros de conducción del sindicato cuyano encabezado por Gabriel Barroso.

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntó directamente contra Barroso y contra Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy, a quienes responsabilizó políticamente por el episodio. “Se evitó una tragedia”, afirmaron desde la organización nacional, que calificó el hecho como uno de los acontecimientos más delicados registrados en la interna sindical petrolera de los últimos años.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de General Güemes, que ya avanzó con las primeras imputaciones mientras intenta determinar si existió planificación previa y coordinación logística para ejecutar una acción violenta durante la jornada gremial.

Dentro de las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posible existencia de grupos organizados de choque vinculados a disputas internas del sector petrolero. Investigadores remarcan que el traslado de armamento y la presencia de elementos como “miguelitos” sugieren preparación previa y un esquema operativo que excedería un episodio improvisado.
El caso provocó un fuerte impacto dentro del sindicalismo energético, donde la disputa por representación, control territorial y conducción gremial viene escalando con intensidad durante los últimos meses.

En Salta y Jujuy, el episodio generó además preocupación institucional por el nivel de violencia que comienza a emerger dentro de algunos sectores sindicales estratégicos ligados a la actividad hidrocarburífera, una industria atravesada por fuertes intereses económicos y políticos.

Mientras la investigación judicial avanza, la imagen de un convoy gremial trasladando armas y municiones para irrumpir en una actividad sindical dejó al descubierto una disputa interna que ya desbordó los límites de la confrontación política y sindical tradicional.

Luego de tres jornadas de trabajo desarrolladas en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, ASIJEMIN concluyó el 3° Congreso Nacional de Delegados Mineros, enfocado en el trabajo conjunto y la continuidad de un plan integral basado en la representación y participación de los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la actividad minera en Argentina.

El encuentro estuvo encabezado por el Secretario General, Marcelo Mena Muñoz, junto a integrantes de la Comisión Directiva Nacional, las delegaciones regionales Centro y Sur y delegados de base de los yacimientos mineros de Veladero, Minera Santa Cruz, Vicuña, Cerro Vanguardia, Gualcamayo, Minera Don Nicolás y Newmont Cerro Negro.

Durante el Congreso se desarrollaron exposiciones, debates y espacios de planificación enfocados en la defensa de los derechos laborales, la organización sindical y el rol de los delegados en cada ámbito de trabajo. Asimismo, se abordó el proyecto de Ley Nacional de Minería impulsado por ASIJEMIN, donde los delegados de cada yacimiento avanzarán en instancias de diálogo e intercambio con los trabajadores para continuar impulsando la propuesta y su presentación.

Entre los principales ejes abordados se destacaron “Unidad para defender derechos”, sobre la acción sindical en un contexto de pérdida de derechos laborales; “Organización para nuevas conquistas”, orientado al fortalecimiento de la estructura gremial y la acción concreta; “La batalla judicial es una batalla política”, vinculada a la defensa frente a la reforma laboral y la organización sindical; “El sindicato somos todos”, enfocado en el rol del delegado en la construcción sindical y el fortalecimiento de las comisiones gremiales y direcciones regionales; la acción social como herramienta de construcción y contención en los yacimientos; el internacionalismo sindical junto a la Federación Sindical Mundial y la Unión Internacional Sindical Metal-Minera; la perspectiva de género en la organización sindical; y la planificación de la acción sindical y política en la construcción diaria de ASIJEMIN.

Además de las exposiciones de Marcelo Mena Muñoz, cada jornada contó con la participación de Carla Costabile, Secretaria Adjunta; Roberto Ovando, Secretario Gremial; Germán Choves, Secretario de Relaciones Institucionales e Internacionales; Roque Balmaceda, Secretario de Acción Social; junto al cuerpo legal integrado por León Piasek y Guillermo Ruiz Giordano.

El Congreso también contó con la participación de directores y equipos de trabajo de las delegaciones regionales Centro y Sur, a cargo de Humberto Coria y Oscar Romillo, permitiendo el intercambio de experiencias, la planificación conjunta y el trabajo territorial en cada yacimiento minero. También participaron los compañeros Roberto Velázquez, de Salta, e Ignacio Basélica, de Córdoba, acompañando la construcción sindical nacional de ASIJEMIN.

Asimismo, participaron el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y el economista y docente universitario Julio Gambina, quien brindó una exposición sobre el contexto político, económico y laboral actual, abordando los desafíos del movimiento obrero organizado y la defensa de los derechos de los trabajadores.

De esta manera, ASIJEMIN continúa consolidando una organización sindical con mayor presencia y participación de trabajadores mineros que día a día se suman a la construcción colectiva en defensa de los derechos laborales, la unidad y una representación genuina en cada yacimiento del país.