El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN). El proyecto, elaborado por la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Maximiliano Fariña, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger.

La iniciativa contempla compensaciones diferenciadas por edad y antigüedad, la eliminación de las vacantes y una prohibición de reingreso al Estado durante ocho años. La iniciativa también exige renunciar a la representación sindical y deja la aprobación de cada solicitud en manos de las autoridades de cada organismo.

La plan todavía debe completar su trámite para convertirse en una norma vigente. Entre sus principales condiciones figura la supresión del cargo presupuestario de cada trabajador que se retire, con la prohibición de cubrir esa vacante durante al menos dos años. El mecanismo busca que las desvinculaciones se traduzcan en una reducción efectiva de la estructura estatal.

El régimen alcanzaría al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal del Servicio Exterior, organismos de inteligencia y cargos docentes. Tampoco podrían adherir quienes afronten determinados sumarios disciplinarios o procesos judiciales, ni quienes ya estén en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.

Tres modalidades de compensación

El borrador divide a los posibles beneficiarios en tres grupos, con fórmulas de pago diferentes:
Próximos a la edad jubilatoria: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios. Podrían optar por una prestación mensual equivalente al 60% del sueldo bruto habitual hasta alcanzar la edad jubilatoria, con un máximo de 36 meses, o por un pago calculado a razón de un sueldo por año de antigüedad, hasta 18 remuneraciones.

Con edad y aportes para jubilarse: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que reúnan los años de servicio requeridos. La compensación sería de un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18 salarios, más un adicional equivalente a cinco sueldos.

Trabajadores de menor edad: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Recibirían un sueldo por año trabajado, con un máximo de 20 remuneraciones, más una compensación adicional de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

En los casos previstos de pago en cuotas, el proyecto establece desembolsos mensuales consecutivos y fija un límite de $20 millones para cada uno de los dos primeros pagos, con cancelación del saldo restante en una tercera cuota.

Restricciones para volver al Estado

Uno de los puntos centrales del borrador es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años desde la desvinculación. La restricción abarcaría distintas formas de contratación, incluidos cargos jerárquicos, asesorías y programas financiados por organismos internacionales. La excepción contemplada corresponde a la docencia en universidades nacionales.

Si una persona incumpliera esa condición, debería devolver la totalidad de la compensación recibida, actualizada por el índice de precios al consumidor (IPC), más un interés anual del 3%.

El texto también establece una condición que podría generar cuestionamientos sindicales: los empleados con mandato gremial vigente deberían renunciar a su condición de delegados y acreditar esa decisión al solicitar el retiro. La exigencia se extendería a quienes se hubieran postulado como candidatos sindicales.

La facultad de decisión final corresponderá a cada entidad

La incorporación al régimen tendrá carácter voluntario pero requerirá aprobación expresa. Los ministros, secretarios de la Presidencia y demás autoridades competentes estarán facultados para admitir o denegar las solicitudes por necesidades del servicio, conforme al procedimiento establecido en la propuesta.

Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, luego de que la Justicia ordenara al Gobierno nacional cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial no modificó la convocatoria y las organizaciones sindicales sostienen que la movilización sigue siendo necesaria ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la norma.

El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en el tramo que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795. La resolución hizo lugar a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para implementar la legislación.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar la decisión, por lo que la controversia judicial continúa. Para las organizaciones gremiales, la presentación oficial refuerza la necesidad de sostener las medidas de fuerza hasta que se concrete la recomposición salarial y presupuestaria reclamada.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, confirmó que la marcha se realizará. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, ratificó la continuidad de su plan de lucha, con paros escalonados en distintas casas de estudio.

La disputa por los fondos y los salarios

La protesta surge de la brecha entre los compromisos estatales que exigen los gremios y los montos ya abonados. De acuerdo con los datos sindicales, solo se ha liquidado el 21,3% de la deuda total. Del porcentaje restante, un 33,4% corresponde a sueldos atrasados y un 20% a becas y partidas presupuestarias pendientes.

La negociación salarial tampoco logró acercar posiciones. En septiembre, la propuesta oficial contempló aumentos del 3% para ese mes y otro 3% para octubre, frente a un reclamo sindical de recomposición del 33,4%.

Garantizar la Ley de Financiamiento Universitario, actualizar los sueldos del sector y recuperar los fondos de funcionamiento operativo serán los ejes de la marcha del 15 de octubre.El conflicto se agudiza por la falta de acuerdos paritarios y un fallo judicial recurrido. Así, el frente universitario da pelea en dos terrenos: el cumplimiento formal de una ley nacional y el reclamo histórico de las federaciones por ingresos que saquen a la actividad académica de la crisis.

La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.

Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.

El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.

La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.

La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.

El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.

La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.

“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.

Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.

El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.