El deterioro sostenido del poder adquisitivo en la Argentina encontró una nueva confirmación estadística. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó al país como el de peor desempeño salarial de América Latina en los últimos siete años, con una caída real acumulada del 18,8% en el ingreso promedio anual.

El dato no solo refleja una tendencia prolongada, sino que también expone una aceleración del deterioro en los tramos más recientes. Según el análisis, el retroceso más pronunciado se concentró en el último año de la gestión de Alberto Fernández y en los primeros años del gobierno de Javier Milei, un período atravesado por ajustes macroeconómicos, inflación persistente y contracción de la actividad.

El contexto económico aporta claves para comprender la magnitud del fenómeno. Tras la recuperación pospandemia —con expansiones del producto del 10% en 2021 y del 5% en 2022—, la economía volvió a ingresar en una fase contractiva: el PBI retrocedió 1,6% en 2023 y 1,3% en 2024. Este escenario de estancamiento, combinado con procesos inflacionarios intensos, erosionó los ingresos reales de manera sostenida.

El impacto resulta particularmente severo en el sector público. Los salarios estatales acumulan una caída del 35,23% desde 2017, con un deterioro más marcado en los últimos tres años. Solo en el actual período de gobierno, la pérdida alcanza el 17,03%, configurando uno de los descensos más abruptos de la serie reciente.

En el ámbito privado, la dinámica también exhibe un saldo negativo, aunque con matices. La reducción acumulada es del 18,94% en los últimos siete años, con un fuerte ajuste hacia el final de la administración de Mauricio Macri —cuando los salarios registraron caídas del 11,69% en 2018 y del 6,16% en 2019—. En la etapa actual, el deterioro continuó, aunque a un ritmo menor, con una contracción adicional del 1,55%.

La comparación regional resulta elocuente. Mientras la Argentina profundiza su rezago, países como México y Costa Rica registraron mejoras reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente. En términos generales, la mayoría de las economías latinoamericanas logró sostener o incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores, lo que refuerza la idea de que la crisis local responde, en gran medida, a factores internos más que a condicionantes globales.

Diversos especialistas coinciden en señalar que la evolución de los salarios en la Argentina está estrechamente ligada a la volatilidad macroeconómica, las devaluaciones recurrentes y la ausencia de anclas sostenibles que permitan estabilizar precios e ingresos. En ese sentido, la puja distributiva se intensifica y termina resolviéndose, en la mayoría de los casos, en detrimento de los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a sentar a su conducción este jueves en su sede de Azopardo 802, en la Buenos Aires, en una reunión que, más allá de los temas formales, expone las dificultades de la central para construir una orientación clara en medio de un escenario complejo.

El encuentro, encabezado por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, reunirá a más de medio centenar de dirigentes con mandato vigente hasta 2030. En los papeles, el temario incluye cuestiones previsibles: el estado de las acciones judiciales contra la reforma laboral, la organización de las actividades por el Día del Trabajador, la situación de las obras sociales sindicales y aspectos administrativos. Sin embargo, la discusión de fondo excede esa enumeración.

Uno de los puntos más sensibles será el frente judicial. La central llega con un antecedente favorable tras los fallos de los juzgados nacionales del trabajo que suspendieron artículos clave de la denominada Ley de Modernización Laboral, incluida la declaración de la educación como servicio esencial. A la espera de la respuesta oficial en instancias superiores, la conducción deberá definir si profundiza la vía judicial o si articula otras herramientas de presión.

En este aspecto, comenzará a delinearse la convocatoria al 1° de mayo. Según trascendió, la propuesta en análisis contempla una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, con un eje discursivo vinculado al pensamiento social de Papa Francisco. En ese marco, ya se registran contactos con sectores de la Iglesia, en un intento por ampliar la base de respaldo político y simbólico.

No obstante, los desafíos más complejos se encuentran puertas adentro. En un contexto de retracción económica, particularmente visible en el entramado industrial, resurgen disputas entre sindicatos por encuadramiento. La competencia por afiliados en áreas difusas intensifica los roces entre organizaciones y pone en evidencia la ausencia de mecanismos eficaces para canalizar esos conflictos.

En ese sentido, la falta de conformación de la Comisión Arbitral aparece como una deuda institucional relevante. Este órgano, previsto para dirimir controversias intergremiales antes de su escalada administrativa o judicial, aún no fue integrado desde la renovación de autoridades. Su ausencia no solo limita la capacidad de resolución interna, sino que amplifica la fragmentación.

A ello se suma la situación crítica de las obras sociales sindicales, sometidas a una presión financiera creciente en un sistema que acumula desequilibrios estructurales. El tema, recurrente en la agenda gremial, vuelve a instalarse como un punto neurálgico que exige respuestas urgentes.

En el plano internacional, la CGT también deberá avanzar en la designación de sus representantes técnicos para la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, donde uno de los debates centrales girará en torno a la regulación del trabajo en plataformas digitales. Se trata de un terreno aún difuso para el sindicalismo argentino, que no ha logrado consensuar una postura unificada.

La reunión se inscribe, además, en un momento donde la central exhibe dificultades para sostener iniciativas de peso político con continuidad. Las señales que emergen desde Azopardo aparecen fragmentadas, sin lograr consolidar una narrativa común. Episodios recientes, como la recepción de la ex legisladora Ofelia Fernández, reflejan gestos que no terminan de traducirse en una estrategia integral.

La convocatoria de la CGT en Azopardo sintetiza una etapa marcada por la incertidumbre y la dispersión. Entre urgencias inmediatas, conflictos internos y presiones externas, la central obrera enfrenta el desafío de redefinir su rol en un escenario cambiante.

Más allá de las resoluciones que puedan surgir del encuentro, la cuestión de fondo permanece abierta: construir una agenda propia, coherente y sostenida en el tiempo. Sin esa brújula, el riesgo es quedar atrapada en la coyuntura, reaccionando más que conduciendo, en un momento donde el movimiento obrero necesita, como pocas veces, claridad estratégica y capacidad de articulación.

La Federación Judicial Argentina expresó su inquietud por el estado del sistema jubilatorio, denunció recortes en transferencias a provincias y advirtió sobre iniciativas que podrían derivar en una reforma regresiva con eje en la capitalización individual.

La Federación Judicial Argentina (FJA) encendió señales de alerta ante lo que considera un deterioro progresivo del sistema previsional argentino. Durante un encuentro virtual encabezado por su secretario general, Matías Fachal, dirigentes y especialistas analizaron la situación de las cajas jubilatorias provinciales y el escenario nacional, al que describieron como atravesado por una fragilidad de larga data.

En ese diagnóstico, los participantes situaron el origen del problema en las reformas impulsadas en la década de 1990, con la instauración del régimen de capitalización individual a través de las AFJP. Según plantearon, aquel esquema implicó un desvío de recursos hacia el sistema financiero y debilitó la sustentabilidad del modelo público. Si bien la reestatización de 2008 permitió recuperar parcialmente el principio de solidaridad, sostienen que las dificultades estructurales no fueron superadas.

El análisis incorporó una mirada crítica sobre la actual administración de Javier Milei. Desde la organización señalaron que la política de equilibrio fiscal impacta de manera directa en el financiamiento previsional, en particular por la interrupción de transferencias a trece jurisdicciones que mantienen sistemas propios. Esta situación fue caracterizada como una retención de fondos que compromete el funcionamiento de las cajas provinciales.

De acuerdo con lo expuesto, esta decisión podría operar como un mecanismo indirecto para avanzar en la armonización de los regímenes locales con el esquema nacional. Los representantes sindicales advirtieron que un eventual proceso de unificación implicaría modificaciones sustanciales, entre ellas la reducción de haberes, el incremento de la edad jubilatoria y la pérdida de beneficios adquiridos.

El encuentro también puso el foco en factores estructurales que erosionan el financiamiento del sistema. Entre ellos, la expansión del empleo informal, la proliferación de sumas no remunerativas, la tercerización de servicios y la falta de incorporación de personal a planta permanente. Estas prácticas, remarcaron, reducen la base de aportes y proyectan jubilaciones de menor cuantía.

A nivel provincial, se expusieron situaciones disímiles. En distritos como Córdoba y Corrientes, los dirigentes denunciaron reformas que trasladan el peso del déficit hacia trabajadores activos y pasivos, además de señalar deudas significativas del Estado nacional con las cajas locales. En otros territorios, como Tierra del Fuego y Chaco, se describieron esquemas con particularidades propias, reflejo de la heterogeneidad del sistema previsional argentino.

En el plano internacional, los especialistas advirtieron sobre una tendencia creciente hacia modelos de “contribución definida”, en detrimento de los sistemas de “beneficio definido”. Este cambio, señalaron, implica trasladar el riesgo económico a los trabajadores. En ese marco, la FJA manifestó su preocupación por la eventual reaparición de esquemas de capitalización privada similares a las AFJP. Fachal fue categórico al respecto: “El antecedente argentino y la experiencia chilena demuestran que la privatización perjudica a los jubilados y agrava los desequilibrios fiscales”.

Asimismo, se advirtió sobre posibles modificaciones en regímenes específicos, como la Ley 24.018, y sobre iniciativas que podrían afectar el financiamiento del sistema nacional mediante la derivación de aportes hacia otros destinos en el marco de reformas laborales.

Frente a este escenario, la federación delineó una táctica que incluye el acompañamiento a medidas gremiales en todo el país, la articulación con otras centrales sindicales, la promoción de acciones judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación multisectorial. También se prevé la convocatoria a movilizaciones, campañas de difusión y la solicitud de audiencias institucionales.

El diagnóstico de la Federación Judicial Argentina pone de relieve un debate de fondo que trasciende la coyuntura: el modelo previsional en la Argentina y su sostenibilidad a largo plazo. Entre advertencias sobre recortes, cuestionamientos a la política fiscal y el fantasma de una eventual privatización, el sistema jubilatorio vuelve a ubicarse en el centro de la discusión pública.

La advertencia final de la conducción sindical sintetiza la magnitud del desafío: “Es imperativo actuar con premura y perspectiva analítica para defender el sistema previsional como un derecho y evitar que se transforme en un negocio”. En ese enunciado se condensa una disputa que, lejos de saldarse, anticipa nuevos capítulos en la agenda política y social del país.