La Libertad Avanza consiguió quórum con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales, evitó una discusión artículo por artículo y avanzó en la primera gran prueba legislativa del Presupuesto 2026, en una sesión maratónica que pone a prueba el equilibrio de fuerzas en la Cámara baja.

La sesión comenzó minutos antes del límite reglamentario, luego de que La Libertad Avanza alcanzara el quórum necesario con el acompañamiento del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y legisladores cercanos a gobernadores aliados. Con ese respaldo, el Gobierno dio inicio al tratamiento del proyecto que busca convertirse en la primera ley de presupuesto aprobada durante la gestión de Javier Milei, en una jornada que se anticipa extensa y cargada de definiciones políticas.

Superado el desafío inicial de sentar a los diputados necesarios, el oficialismo despejó la principal incógnita del arranque y avanzó con una estrategia clara: exhibir capacidad de articulación, sostener el eje de su programa económico y evitar un debate fragmentado que pudiera desgastar la sesión o abrir flancos de negociación indeseados.

El clima político ya se había insinuado horas antes, durante la reunión de Labor Parlamentaria. Allí quedó en evidencia un nuevo mapa de fuerzas: los libertarios llegaron confiados, mientras que los bloques opositores, incluidos los sectores dialoguistas, optaron por una actitud prudente. En los pasillos se repetía una consigna que sintetizaba la cautela del momento: “Vamos a ver cómo se dan las cosas”.

Ese cambio de escenario fortaleció al oficialismo, que ya no discutió la posibilidad de quedarse sin quórum, sino el margen de votos con el que podía avanzar en la aprobación de su agenda legislativa. En la previa de la sesión, en los despachos libertarios se hablaba de un piso cercano a los 135 votos, suficiente no solo para darle media sanción al Presupuesto 2026, sino también para acompañar otros dos proyectos considerados estratégicos: el de Inocencia Fiscal y el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La alianza circunstancial con sectores opositores moderados volvió a confirmar una dinámica que se repite desde el inicio del actual gobierno: acuerdos puntuales, construidos sobre intereses fiscales y compromisos con las provincias, más que sobre coincidencias ideológicas profundas. En ese equilibrio se apoya el oficialismo para sostener su hoja de ruta en el Congreso.

El primer tramo del debate dejó una señal política nítida: La Libertad Avanza logró ordenar el recinto y mostrar capacidad de conducción en una discusión clave para el rumbo económico del país. Evitar la votación artículo por artículo no fue solo una decisión técnica, sino un movimiento estratégico para preservar el control del debate y blindar su programa fiscal. De cara a las próximas horas, el desafío del Gobierno será sostener esa mayoría hasta el final de una sesión que no solo definirá números, sino también el verdadero alcance de su poder legislativo.

En la antesala de la movilización nacional contra la reforma laboral, la CGT exigió al Gobierno la implementación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y del sistema científico, y reclamó que el Presupuesto 2026 garantice los recursos votados por el Congreso.

En un nuevo gesto de confrontación con el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la plena implementación de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre pasado, pero posteriormente suspendida por decisión del Poder Ejecutivo. El planteo se produce en un clima de conflictividad social y a pocas horas de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera exigió el cumplimiento de la ley 27.795 y advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Rechazamos el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”, señaló la CGT, al tiempo que reclamó el retiro del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, al que considera una amenaza directa para el sostenimiento del sistema universitario y científico.

El documento enfatiza que la reducción de partidas no se limita al ámbito universitario, sino que alcanza de manera crítica a la educación técnico-profesional y a los organismos de ciencia y tecnología. “La educación, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del país que defendemos”, sostuvo la central sindical, que volvió a asociar la inversión en conocimiento con la posibilidad de un crecimiento económico sustentable y con la justicia social.

En ese marco, la CGT también reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece un sendero de incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno en 2031. Según datos citados por la central, el actual nivel de inversión se encuentra en un piso histórico comparable al de 2002, tras un recorte acumulado cercano al 50% en apenas dos años.

La brecha entre lo estipulado por la normativa y la realidad presupuestaria es significativa. Mientras la ley prevé que en 2025 la inversión alcance al menos el 0,45% del PBI, hoy apenas ronda el 0,17%. Esta caída, advierten desde el sector, se traduce en el deterioro de los salarios de investigadores y docentes, la paralización de proyectos, el abandono de infraestructura y el debilitamiento de programas estratégicos, un escenario que replica las tensiones que atraviesa el sistema universitario nacional.

La protesta de este jueves contará, además, con la adhesión de los gremios docentes y nodocentes universitarios nucleados en la FEDUN y la FATUN, así como de organizaciones sindicales de la CTA, que confluirán en una movilización conjunta contra la reforma laboral y en defensa del financiamiento público para la educación y la ciencia.

El oficialismo obtuvo dictamen favorable para el Presupuesto 2026 en una comisión marcada por la velocidad del trámite y cambios de último momento. El proyecto, acompañado por el PRO, la UCR y gobernadores aliados, elimina financiamiento garantizado para universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad, y desató un inmediato rechazo opositor.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el Congreso al conseguir dictamen favorable para el Presupuesto 2026, una de las herramientas centrales de su programa económico y político. La aprobación en comisión se produjo en una sesión única, breve y cargada de tensión, que dejó expuestas las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el rumbo del gasto público y el rol del Estado.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza logró el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, además del acompañamiento explícito de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), un apoyo clave para destrabar el dictamen. Sin embargo, el contenido del texto encendió alertas por el recorte de financiamiento garantizado a áreas sensibles, entre ellas las universidades nacionales, el Hospital Garrahan y los programas vinculados a la discapacidad.

Lejos de tratarse de una mera formalidad, la reunión de comisión estuvo atravesada por modificaciones introducidas a último momento. Contra lo esperado, el oficialismo no presentó el mismo borrador que ya había circulado semanas atrás. Al inicio del encuentro, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, distribuyó un nuevo dictamen, sin detallar inicialmente los cambios incorporados.

Bornoroni defendió la rapidez del trámite y justificó la estrategia en términos políticos y económicos. Aseguró que el objetivo era dar “claridad a los argentinos y a los inversores del mundo” y enviar una señal de previsibilidad al mercado, insistiendo en que “la Argentina de Milei es seria”.

El clima se volvió más tenso cuando el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió precisiones sobre las modificaciones. Aunque Bornoroni reconoció que el texto había sido alterado, evitó detallar los cambios en ese momento, lo que profundizó las críticas por la falta de transparencia en el proceso.

Horas más tarde se confirmó que el dictamen incluye la derogación de la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales (Ley 27.795) y de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). En cuanto al Hospital Garrahan, el Ejecutivo sostuvo que los compromisos financieros ya fueron cumplidos, aunque sin garantizar una asignación específica a futuro.

Rechazo opositor y advertencias políticas

Las modificaciones encendieron un rechazo inmediato de amplios sectores de la oposición, que anunciaron la presentación de un dictamen alternativo y anticiparon que no acompañarán ni el Presupuesto del Ejecutivo ni la llamada ley de Inocencia Fiscal. Incluso, dejaron trascender que tampoco respaldarán la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Germán Martínez fue uno de los más duros al cuestionar el manejo presupuestario del oficialismo. Recordó que la ausencia de Presupuesto en 2024 y 2025 no fue un accidente, sino una decisión política para ampliar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Si bien celebró que finalmente se avance hacia una ley de Presupuesto, dejó en claro que no cualquier texto es aceptable.

“Queremos presupuesto, pero otro presupuesto”, sintetizó el legislador, al marcar diferencias concretas. Entre ellas, rechazó el Artículo 30, que elimina el 6% de financiamiento educativo, y defendió la vigencia de la ley de educación técnica, cuya supresión fue propuesta por el oficialismo.

Martínez cerró su intervención con un mensaje que anticipa un debate áspero en el recinto: “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”.