El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín quedó atrás, pero el calendario nacional todavía reserva cuatro fines de semana largos antes de terminar 2026. Las próximas oportunidades para una escapada llegarán en octubre y noviembre, mientras que diciembre concentrará dos períodos de descanso.

El primero será del 10 al 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Luego llegará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que conformará otro fin de semana largo entre el 21 y el 23 de noviembre.

La mayor pausa del tramo final del año se producirá en diciembre. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y estará seguido por el feriado del martes 8, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre.

El último fin de semana largo de 2026 será el de Navidad. Como el 25 de diciembre caerá viernes, se conformará un descanso de tres días entre el viernes y el domingo 27.

Los próximos feriados

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La distribución de estas fechas ofrece nuevas posibilidades para viajes breves, visitas familiares y escapadas dentro del país. En particular, el descanso de cuatro días de diciembre aparece como una de las últimas oportunidades del año para organizar un viaje antes del comienzo de la temporada de verano.

Con cuatro fines de semana largos todavía por delante, el calendario 2026 mantiene varias alternativas para quienes buscan aprovechar los feriados nacionales y extender sus períodos de descanso sin necesidad de tomar varios días de vacaciones.

El mercado laboral argentino atraviesa un deterioro que no queda reflejado por completo en la tasa oficial de desocupación. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el economista Claudio Lozano, detectó que tres de cada diez personas sin trabajo llevaban más de un año buscando empleo al cierre del primer trimestre de 2026.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el conjunto de indicadores relevados a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Mientras el INDEC registró una desocupación del 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), el IPyPP calculó que la subutilización de la fuerza laboral llegaba al 19% al incorporar también el subempleo.

La presión aumenta al sumar a quienes tienen una ocupación pero buscan otro empleo: en ese caso alcanza al 23,7% de la PEA. Si además se considera a las personas que desean trabajar más horas aunque no estén buscando activamente otro puesto, la disponibilidad de fuerza laboral asciende al 29,4%.

El informe también expone fuertes diferencias entre grupos. La desocupación entre los jóvenes de 18 a 24 años llega al 19,5%, más del doble del promedio general. Entre las mujeres, la subutilización laboral alcanza el 21,5%, frente al 16,9% de los varones.

La informalidad constituye otro de los principales rasgos del mercado laboral. Según el relevamiento, el 44,2% de las personas ocupadas no tiene un empleo registrado. La proporción llega al 64% entre los trabajadores jóvenes y al 66% en establecimientos de hasta cinco empleados.

Entre los asalariados, que representan el 71,8% de los ocupados, la informalidad alcanza al 37,9%. Entre los trabajadores por cuenta propia, que representan una cuarta parte del total, llega al 65%.

La precariedad también se refleja en los ingresos. El promedio laboral relevado durante el primer trimestre fue de $1.076.056 mensuales, pero los trabajadores independientes percibieron unos $524.000 en promedio, mientras que los asalariados informales alcanzaron aproximadamente $700.000.

Frente a ingresos insuficientes, el pluriempleo aparece como una vía para complementar recursos. El 10,4% de los ocupados tenía dos o más trabajos, proporción que trepa al 13,7% entre las mujeres y se ubica en 7,9% entre los varones.

El relevamiento del IPyPP plantea así una fotografía del mercado laboral en la que el desempleo prolongado convive con la informalidad, los bajos ingresos y la necesidad de acumular ocupaciones. La combinación de estos factores amplía considerablemente el universo de personas que buscan mejorar sus condiciones de trabajo, aun cuando las estadísticas tradicionales las contabilicen como ocupadas.

Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.

La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.

Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.

La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.

La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.

Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.

AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.

El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.

El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.