La Resolución 1066/2026 habilitó el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará la medida por ahora: registra un promedio de apenas 102 consultas anuales de personas extranjeras.

El Gobierno provincial decidió mantener la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, pese a la resolución nacional que habilita el cobro de prestaciones no urgentes a quienes no acrediten residencia permanente en el país. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, sostuvo que el volumen de consultas registrado en la provincia no justifica modificar la política vigente.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. Su alcance se limita a los establecimientos administrados por el Estado nacional, por lo que las provincias conservan capacidad para definir el funcionamiento de sus propios hospitales públicos.

En San Juan, la principal razón para sostener la gratuidad está en las estadísticas. De acuerdo con los registros citados por Dobladez, durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra considerada marginal frente al volumen total de atención del sistema provincial.

“Por ahora no se va a cobrar”, afirmó el ministro en declaraciones radiales. El funcionario remarcó que la provincia tiene autonomía para administrar los recursos destinados a sus hospitales y sostuvo que el impacto de la atención a extranjeros es actualmente reducido.

El funcionario también vinculó la decisión con el perfil turístico de San Juan. A su entender, garantizar el acceso gratuito a la salud puede constituir un atractivo para quienes visitan la provincia, mientras que establecer requisitos adicionales podría desalentar la llegada de turistas.

La definición, sin embargo, no fue presentada como irreversible. El ministro advirtió que la provincia podría revisar la política si las estadísticas experimentan un crecimiento considerable. En particular, mencionó como referencia que las 102 consultas anuales actuales llegaran a duplicarse o triplicarse.

El otro factor señalado por el funcionario es el crecimiento de la minería y la eventual llegada de trabajadores extranjeros vinculados con nuevos proyectos. En ese caso, Dobladez sostuvo que las empresas deberán garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados y fue categórico: “El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”.

Los extranjeros con residencia permanente acreditada por DNI conservan la paridad de trato en la atención sanitaria. Quienes carezcan de esta condición deberán abonar de forma anticipada las prestaciones programadas o exhibir una cobertura médica vigente.

La reglamentación también preserva el acceso irrestricto ante emergencias médicas, independientemente de la condición migratoria. Infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, emergencias obstétricas y otras patologías que impliquen un riesgo inmediato para la vida o una función vital quedan exceptuadas del cobro.

La Justicia laboral ordenó la reinstalación de trabajadores de PAMI despedidos durante abril por el Gobierno de Javier Milei, tras hacer lugar al reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión representa un revés para las cesantías y establece que los empleados alcanzados por la medida deberán regresar a sus puestos. El gremio sostuvo que las cesantías incluyeron a representantes sindicales alcanzados por la tutela establecida en la Ley 23.551.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77, que concedió la medida cautelar solicitada por el sindicato. Entre los trabajadores despedidos se encontraba Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna de PAMI en Rosario, cuya representación gremial está alcanzada por la tutela sindical prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, atribuyó el resultado a una ofensiva sindical que, según explicó, combinó acciones judiciales con paros y protestas en los lugares de trabajo y en la sede central de la obra social de los jubilados.

“Luchar siempre sirve”, afirmó Aguiar al celebrar el fallo. El dirigente sostuvo que el sindicato decidió desde la primera cesantía disputar las desvinculaciones «en todos los planos» y reivindicó la continuidad de las medidas de fuerza frente a las decisiones del Gobierno.

Aguiar también cuestionó la política de despidos y aseguró que el gremio continuará reclamando ante lo que considera vulneraciones de derechos laborales. Para el gremio, la reincorporación constituye un antecedente relevante frente a futuras cesantías dentro de organismos estatales.

La resolución judicial vuelve a colocar bajo análisis el alcance de los despidos en la administración pública y, particularmente, aquellos que involucran a delegados o dirigentes protegidos por la tutela sindical. En esos casos, la legislación establece garantías especiales para impedir que el ejercicio de la representación gremial derive en una pérdida arbitraria del puesto de trabajo.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) advirtió por el incremento de despidos y cierres de talleres mecánicos en distintas regiones del país. La mayor preocupación está puesta en los pequeños establecimientos, que afrontan una caída de las ventas, menores ingresos y crecientes dificultades para sostener los costos laborales.

Eduardo Gómez, secretario gremial de la seccional Bahía Blanca, señaló que durante julio 25 trabajadores despedidos se presentaron ante el sindicato para revisar sus liquidaciones. Cerca del 80% pertenecía a concesionarias de la ciudad. Entre los afectados hay mecánicos, administrativos y empleados de las áreas comerciales.

Para el dirigente, esa cifra podría representar apenas una parte del problema, ya que no todos los trabajadores recurren al gremio después de perder su empleo. A la vez, remarcó que las dificultades alcanzan tanto a grandes concesionarias como a talleres independientes, aunque estos últimos cuentan con menos capacidad financiera para absorber una caída prolongada de los ingresos.

Los establecimientos más pequeños suelen funcionar con uno o dos empleados. Cuando la recaudación diaria deja de alcanzar para cubrir salarios y otros costos, algunos propietarios optan por continuar solos y prescindir del personal. El problema se agrava cuando los trabajadores tienen muchos años de antigüedad, debido al elevado costo de las indemnizaciones, que puede convertirse en un factor determinante para el cierre definitivo del negocio.

Gómez vinculó la caída de la demanda con la pérdida del poder adquisitivo. Según explicó, las familias concentran sus ingresos en alimentos y vivienda y postergan gastos vinculados al mantenimiento o adquisición de vehículos. También señaló que los planes de ahorro, que pueden rondar los $500.000 mensuales más cargos administrativos, quedaron fuera del alcance de numerosos trabajadores.

SMATA sostiene que el deterioro comenzó a hacerse visible durante 2025 y se profundizó en las últimas semanas. El gremio mantiene el seguimiento de los despidos y brinda asistencia a los trabajadores afectados, mientras advierte que la contracción de las ventas compromete la continuidad de numerosos emprendimientos pequeños.

La evolución del rubro dependerá en buena medida de la recuperación del consumo y de la capacidad de concesionarias y talleres para sostener sus estructuras de costos. Por ahora, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos pequeños aparecen como las principales señales de alerta para el gremio.