La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva reducción de los subsidios energéticos que, según una estimación de Economía y Energía, podría elevar 26% la factura de los hogares que todavía reciben asistencia, 19% la de los comercios y 9% la de los usuarios residenciales sin subsidio del AMBA. El ajuste se produce mientras crecen las tarifas, persisten cortes de electricidad y el Gobierno avanza con la privatización de empresas y activos públicos.

El impacto sería desigual según el tipo de usuario. Para los hogares subsidiados, el incremento estimado alcanza el 26%; para los comercios, el 19%, mientras que los usuarios residenciales sin subsidio del Área Metropolitana de Buenos Aires afrontarían una suba cercana al 9%.

En los ejemplos elaborados por la consultora, una factura residencial subsidiada, impuestos incluidos, pasaría de $26.986 a $34.020 mensuales. Para un hogar sin asistencia, el monto subiría de $49.097 a $53.733. La mayor variación porcentual recaería así sobre quienes todavía dependen de la compensación estatal para reducir el costo de la energía.

El nuevo ajuste se incorpora a una trayectoria de fuerte encarecimiento de los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 la canasta de servicios del AMBA —que incluye electricidad y gas sin subsidios, agua y transporte— aumentó 867%, frente a una inflación estimada del 254%.

Dentro de esa canasta, el gas acumuló un incremento del 1.639%, el transporte 1.479%, el agua 538% y la electricidad 388%. En septiembre, el costo mensual de esos servicios alcanzó $268.405, equivalente al 13,3% del salario promedio registrado.

Para 2027, el IIEP proyecta además una reducción de las partidas seleccionadas destinadas a subsidiar energía y transporte, desde unos US$5.200 millones hasta US$4.400 millones. En el caso de la energía eléctrica, las transferencias a Cammesa podrían disminuir alrededor de 45%.

La política de reducción de subsidios tuvo, sin embargo, modificaciones durante 2026. El incremento del costo energético asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al Gobierno a mantener algunas bonificaciones para contener el traslado a las tarifas. Entre enero y agosto, los subsidios energéticos alcanzaron US$3.254 millones, un 40% más que durante el mismo período del año anterior.

En octubre también se prorrogó la bonificación general del 50% sobre el gas, cuyo retiro estaba previsto originalmente. Esa decisión contribuyó a moderar el impacto tarifario inmediato: los aumentos promedio fueron de 1,64% en electricidad y 2,24% en gas, en línea con la inflación de agosto.

Cortes, infraestructura y falta de inversión

El aumento de las tarifas convive con problemas de infraestructura que mantienen bajo presión al sistema eléctrico. Hace dos semanas, un apagón afectó a unos 800.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que semanas antes un incendio en una central de Tolosa dejó sin servicio a unos 65.000 usuarios de La Plata. En ese último caso, el organismo regulador bonaerense ordenó a Edelap compensar a los afectados.

El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2027 la emergencia energética y apuesta a que una mayor participación privada acelere las inversiones necesarias. Entre los proyectos anunciados figuran sistemas de almacenamiento mediante baterías para atender los picos de consumo, con una inversión estimada de US$650 millones en el AMBA, además de 16 obras prioritarias de transporte eléctrico por unos US$6.600 millones.

Los problemas no se limitan a la electricidad. En las últimas semanas, restricciones de suministro de gas afectaron a agroindustrias tucumanas, que denunciaron recortes de hasta el 50% en el abastecimiento. Empresas citrícolas señalaron que debieron recurrir a gas más caro y atribuyeron parte de las dificultades a la falta de capacidad de transporte desde Neuquén y a la demora en obras vinculadas con el Gasoducto Norte.

Privatizaciones en marcha

La reducción de subsidios forma parte de una transformación más amplia del esquema de servicios públicos. Después de la venta de Transener, el Gobierno avanza con nuevas concesiones de represas hidroeléctricas y con la venta de centrales térmicas de Enarsa.
El caso más reciente es AySA, cuyo 90% accionario quedó adjudicado a un consorcio integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento —del Grupo Equipav— y el vehículo PHX Aqua. El grupo ofreció US$340,2 millones, por encima de la propuesta del Grupo Roggio, y asumirá la operación de la compañía que abastece a unos 14 millones de personas.

El contrato establece una inversión mínima de US$2.000 millones durante cinco años, con ajustes tarifarios vinculados con costos y metas de calidad. La tarifa social no se modifica, aunque el pliego no garantiza la continuidad de la totalidad de los puestos laborales. La dotación de AySA ya se redujo de 7.700 a 5.890 trabajadores y el nuevo operador tendrá margen para reorganizar la plantilla.

La transición hacia un nuevo modelo de servicios públicos está definida por una ecuación compleja: menos subsidios, tarifas al alza, mayor protagonismo privado y una red eléctrica que aún muestra signos de vulnerabilidad. El objetivo oficial es claro: sanear las cuentas públicas transfiriendo la gestión al mercado. No obstante, la contraofensiva se siente en la economía real, donde las facturas representan una carga cada vez más pesada para ciudadanos y comercios.

Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos y murió en ejercicio de la Presidencia el 1° de julio de 1974. Militar de carrera, fundador del movimiento justicialista y tres veces elegido presidente, construyó una identidad política que modificó la relación entre el Estado, los trabajadores y el poder económico y que, más de cinco décadas después de su muerte, continúa generando adhesiones y fuertes controversias.

Su figura excedió ampliamente los límites de una carrera política. Perón transformó la relación entre el Estado y el movimiento obrero, impulsó una nueva concepción de los derechos sociales y dio origen a una fuerza política —el justicialismo— que sobrevivió a su muerte, a la proscripción, a dictaduras y a sucesivas transformaciones de la Argentina.

Su infancia transcurrió entre la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Hijo de Mario Tomás Perón y Juana Sosa, creció en un ámbito rural antes de incorporarse al Colegio Militar de la Nación. Egresó en 1913 como subteniente de Infantería y desarrolló durante las siguientes décadas una carrera profesional dentro del Ejército.

Fue instructor, estudió historia militar y estrategia y ocupó distintos destinos antes de viajar a Europa como integrante de una misión del Ejército argentino. A su regreso continuó su carrera militar hasta alcanzar el grado de coronel. Pero a comienzos de la década de 1940 su trayectoria comenzó a desplazarse hacia la política.

El punto de inflexión llegó después del golpe militar de 1943. Perón asumió en octubre de ese año funciones en el entonces Departamento Nacional del Trabajo y poco después quedó al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí estableció una relación directa con dirigentes sindicales y trabajadores y promovió una serie de medidas laborales que ampliarían su respaldo entre las organizaciones obreras.

Ese crecimiento político también provocó resistencias dentro de las Fuerzas Armadas y entre distintos grupos económicos y políticos. En octubre de 1945 fue desplazado de sus cargos y detenido. La movilización obrera del 17 de octubre reclamó su liberación y se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del peronismo.

Pocos meses después, Perón compitió en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. La fórmula Perón-Quijano obtuvo el 52% de los votos y el 4 de junio asumió la Presidencia. El proceso marcó la incorporación definitiva de amplios sectores populares a una nueva etapa de la vida política argentina.

Durante su primera presidencia avanzaron políticas de intervención estatal, expansión de derechos laborales y fortalecimiento del movimiento sindical. En 1947 se sancionó la Ley 13.010 de sufragio femenino, que permitió que las mujeres ejercieran por primera vez el voto en las elecciones nacionales de 1951. En 1949, además, una Asamblea Constituyente reformó la Constitución e incorporó nuevos derechos sociales.

Perón fue reelegido en 1951 con el 62,49% de los votos, en los primeros comicios presidenciales en los que participaron las mujeres. Sin embargo, su segundo mandato quedó interrumpido por el golpe militar de septiembre de 1955, que derrocó al Gobierno constitucional e inició una extensa etapa de proscripción del peronismo.

Comenzaron entonces 18 años de exilio y prohibición política. Perón permaneció primero en distintos países latinoamericanos y luego se instaló en Madrid. Desde España conservó el liderazgo del movimiento y mantuvo una influencia determinante sobre la política argentina aun sin poder regresar al país.

El retorno definitivo se produjo en 1973. El peronismo había ganado las elecciones de marzo con la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, mientras Perón permanecía impedido de competir. Tras la renuncia de Cámpora se convocaron nuevos comicios y Perón obtuvo la Presidencia el 23 de septiembre de 1973 con más del 60% de los votos, acompañado por su esposa María Estela Martínez de Perón. Asumió el 12 de octubre.

Tenía entonces 78 años y una salud deteriorada. Su tercer mandato duró menos de nueve meses: murió el 1° de julio de 1974, dejando la Presidencia en manos de Isabel Perón.

Tan amado como resistido

A más de cinco décadas de su muerte, la influencia de Perón continúa siendo visible en la política argentina. Pese a las fracturas internas y los cambios de gobierno, el movimiento que fundó mantuvo su doctrina viva en el sindicalismo y el activismo justicialista.

También persiste la discusión histórica sobre su legado. Para sus seguidores, Perón representa la incorporación de los trabajadores a la vida política, la ampliación de derechos sociales y una concepción soberana del desarrollo nacional. Para sus críticos, su figura está asociada a prácticas de concentración del poder, confrontación política y restricciones a la oposición durante sus gobiernos.

Esa doble condición explica buena parte de su vigencia. Perón no pertenece solamente a la historia del peronismo: forma parte de las grandes disputas políticas de la Argentina contemporánea. A 131 años de su nacimiento, su nombre continúa presente en sindicatos, partidos, debates electorales y discusiones sobre el papel del Estado, el trabajo y la justicia social.

La casa de Lobos donde nació fue declarada Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.518, una expresión institucional de la dimensión que alcanzó su figura en la historia argentina.