La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual de apenas 0,9% durante junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre. El aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el impulso comercial generado por el Mundial estimularon operaciones específicas, pero no alcanzaron para modificar un consumo que continúa condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.

El mercado interno continúa sin mostrar señales consistentes de recuperación. A pesar de que junio concentró factores tradicionalmente favorables para la actividad comercial, como el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las agresivas promociones por el Día del Padre y el comienzo del Mundial de fútbol, el consumo volvió a exhibir un desempeño insuficiente para revertir la desaceleración que atraviesa el comercio minorista.

El relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% respecto de junio del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con mayo registraron una caída del 1,3%, resultado que profundizó el deterioro acumulado de los primeros seis meses del año, período en el que la actividad ya retrocede un 2,5%.

La entidad explicó que el leve avance interanual respondió a estímulos de carácter transitorio. La liquidez aportada por el aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial favorecieron determinados segmentos del consumo, aunque el efecto resultó acotado. El propio informe concluye que los hogares continúan administrando con prudencia sus ingresos, priorizando compras indispensables y relegando bienes de mayor valor.

La percepción de los comerciantes refleja ese mismo panorama. El 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su situación económica permanece estable en comparación con un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describen un escenario desfavorable descendió del 45,1% registrado en mayo al 43,1% en junio. Si bien la mejora refleja un leve alivio en el clima empresarial, todavía no alcanza para consolidar un cambio de tendencia.

Las expectativas hacia los próximos doce meses mantienen un tono moderado. El 52,3% de los comerciantes considera que su actividad continuará sin modificaciones sustanciales; un 37,7% proyecta una mejora, aunque esa proporción disminuyó 1,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, y el 10% restante anticipa un deterioro de su situación, confirmando que la incertidumbre sigue condicionando las perspectivas del sector.

Ese diagnóstico también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,3% de los empresarios sostiene que el contexto económico continúa siendo desfavorable para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar su capacidad operativa. Apenas un 12,2% entiende que existen condiciones favorables para invertir, mientras que el 28,5% opta por mantener una posición expectante frente a una economía caracterizada por márgenes reducidos y elevada volatilidad.

El comportamiento sectorial volvió a exhibir marcadas diferencias. Perfumería lideró el crecimiento con una expansión interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%. También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con una mejora del 2,9%, y Textil e indumentaria, con un incremento del 1,9%.

En contraste, los rubros asociados a bienes durables continuaron mostrando mayores dificultades. Bazar, decoración y muebles retrocedió 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó 2%; mientras que Calzado y marroquinería registró una disminución del 1%, ratificando que las compras de mayor desembolso siguen siendo las más postergadas por los consumidores.

Una de las excepciones fue el canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con presencia física crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y aumentaron 4,1% respecto de mayo, consolidando un proceso de transformación en los hábitos de compra que continúa ganando protagonismo dentro del comercio minorista.

El informe de CAME deja una conclusión clara: los estímulos extraordinarios siguen generando efectos puntuales, pero carecen de capacidad para modificar la tendencia general del consumo. La demanda permanece concentrada en adquisiciones específicas, fuertemente impulsadas por promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios, mientras las familias administran con cautela cada decisión de gasto.

Del lado de la oferta, el panorama tampoco ofrece señales de alivio definitivo. Los negocios lidian con un aumento persistente en sus costos fijos, rentabilidades cada vez más ajustadas y una competencia más intensa, factores que limitan la capacidad de inversión y consolidan una estrategia de prudencia. En ese escenario, el desafío del sector ya no pasa únicamente por incrementar las ventas, sino por recuperar un nivel de consumo capaz de sostener la actividad de manera estable y devolver previsibilidad al entramado comercial.