La pérdida salarial, la violencia en las escuelas y la falta de condiciones adecuadas para enseñar confluyeron en una protesta nacional que tuvo como detonante el asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela rural de Corrientes. El paro de 24 horas convocado por CTERA expuso una crisis que excede el reclamo de justicia por el crimen y alcanza las condiciones laborales y el deterioro de los ingresos docentes.

Un cálculo elaborado mediante la plataforma DatoPuro estimó que, entre fines de 2024 y agosto de 2026, el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó un 23,7%. La pérdida acumulada llegó a $4.810.568,16, una cifra equivalente a 4,1 salarios de referencia. El dato refleja el impacto de la inflación sobre los ingresos y la distancia entre las remuneraciones y el costo efectivo de vida.

El reclamo adquirió mayor gravedad tras conocerse las condiciones en las que trabajaba Godoy. La docente había advertido en agosto a las autoridades correntinas sobre el deterioro de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal: bancos rotos, paredes descascaradas, sanitarios obstruidos y residuos acumulados. Debido a las condiciones del establecimiento, no podía permanecer allí durante la noche y debía trasladarse a caballo durante unas tres horas hasta la vivienda de una vecina.

La conmoción por el crimen se sumó a otro episodio de violencia ocurrido en San Nicolás de los Arroyos, donde una profesora terminó hospitalizada después de ser golpeada y arrastrada por una alumna, tras pedirle que dejara de utilizar el teléfono celular durante la clase. Ambos hechos reforzaron la advertencia gremial sobre la desprotección que enfrentan quienes trabajan en las aulas.

Durante la movilización en el Obelisco y frente a la Casa de Corrientes, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reclamó justicia y cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a la educación. «No hay presupuesto para la educación», afirmó, al señalar que el debate presupuestario se desarrolla sin paritaria nacional docente ni fondos específicos para el área.

Alesso también mencionó los 129 femicidios registrados en lo que va del año, según las cifras citadas durante la protesta, y vinculó la situación con la reducción de políticas estatales de protección. La conducción sindical reclamó garantías para el ejercicio de la docencia, especialmente en establecimientos rurales, donde las distancias, la infraestructura deficiente y la escasez de recursos agravan la exposición de los trabajadores.

Desde Junín, la secretaria general de UDOCBA, Cecilia Paolizzi, describió un deterioro que, a su juicio, también alcanza el reconocimiento social de la profesión. Advirtió sobre las agresiones de alumnos y familiares, además de las decisiones gubernamentales que afectan al magisterio. «El docente tiene que ser cuidado, con buenos salarios y con medidas que lo protejan», sostuvo.

La protesta dejó expuesta una convergencia de reclamos que compromete tanto las condiciones materiales de las escuelas como la autoridad y la integridad de quienes enseñan. La recomposición de los ingresos, la prevención de la violencia y la garantía de establecimientos seguros quedaron planteadas como obligaciones centrales para el Estado.

La estructura del Estado nacional perdió 75.260 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, según los registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La dotación conjunta de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades estatales descendió de 341.465 empleados en diciembre de 2023 a 266.205 en septiembre de 2025, una contracción superior al 22%.

El recorte no se detuvo durante el último mes relevado. En septiembre se contabilizaron 2.199 trabajadores menos que en agosto, una baja mensual del 0,8%. Frente al mismo mes de 2024, la reducción alcanzó los 17.176 puestos, equivalente al 6,1%.

Dentro de la Administración Pública Nacional se registró una baja en todos sus sectores: el personal de los organismos centralizados cayó de 37.955 a 37.200, el de los descentralizados pasó de 109.025 a 108.726, y en las entidades desconcentradas la nómina disminuyó de 21.123 a 21.037 trabajadores.

La disminución más pronunciada correspondió a los otros entes, que pasaron de 13.226 empleados en agosto a 12.433 en septiembre, una merma cercana al 6%. También las empresas y sociedades del Estado redujeron sus plantillas: perdieron 148 puestos en un mes y 3.447 en la comparación interanual, con una caída del 3,8%.

El acumulado de 2025 también refleja la continuidad del ajuste. Desde diciembre último, se constató 12.559 puestos menos, mientras que la variación interanual de septiembre fue negativa en un 4,5%.

El ajuste en el empleo estatal impulsado por la Casa Rosada no se detuvo tras los primeros meses de gestión: durante 2025 continuó achicando las plantas de distintos ministerios, organismos y empresas públicas. Esta contracción de la estructura estatal —uno de los ejes del plan oficial— reconfigura el funcionamiento de las áreas de gobierno y altera las condiciones de los trabajadores.

La participación de la CGT en la reorganización del peronismo comenzó a convertirse en un punto de fricción dentro del armado que busca reunir a sus principales referentes de cara a las elecciones de 2027. Mientras las bases sindicales y los movimientos sociales reclaman incorporarse a las conversaciones, la conducción de la central obrera enfrenta cuestionamientos por sus vínculos y negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

La mesa política peronista ya tuvo dos encuentros de relevancia: el primero, el 11 de agosto en el Hotel Emperador, y el segundo, el 23 de octubre en la Casa de La Pampa. De las reuniones participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con gobernadores, legisladores y referentes del peronismo federal. La agenda incluyó la discusión sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y la búsqueda de coincidencias parlamentarias.

La ausencia de representantes de la CGT generó malestar en la conducción sindical. El reclamo fue abordado en una reunión celebrada en el Sindicato del Seguro, con la participación de los integrantes del triunvirato y dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Sin embargo, la discusión excede la integración formal de la central obrera. Según consignó el medio que publicó originalmente la información, dentro del peronismo consideran que los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes sindicales con funcionarios libertarios condicionan su incorporación a una construcción política que busca confrontar electoralmente con Milei.

Los acuerdos con la Casa Rosada, bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de las críticas apunta a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su interlocución frecuente con Karina Milei. Referentes peronistas cuestionan que ese vínculo no haya conseguido respuestas suficientes frente a la fuerte pérdida de puestos de trabajo en la construcción desde el inicio de la actual gestión nacional.

También aparecen objeciones sobre el posicionamiento de Lingeri ante la privatización de AySA y sus relaciones con empresarios vinculados al negocio del agua. Se trata de señalamientos formulados por dirigentes y fuentes empresariales citadas en la publicación original, no de conclusiones acreditadas sobre responsabilidades individuales.

En este debate se inscribe también el nexo entre el Ejecutivo y las obras sociales sindicales. La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, mantiene canales de negociación con los representantes gremiales respecto de la sustentabilidad financiera y operativa de dichas instituciones. Quienes cuestionan a la cúpula de la CGT sostienen que la permanencia de estos espacios de diálogo obstaculiza la construcción de una estrategia política compartida con las facciones más críticas del oficialismo.

Una disputa por la representación del movimiento obrero

Con el fin de incidir en el debate, las organizaciones sociales buscan el respaldo de las autoridades de las bancadas peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez, para impulsar un frente común con sectores trabajadores y populares.

La discusión remite al lugar histórico del sindicalismo dentro del peronismo. La CGT reclama ser reconocida como una representación central del movimiento, pero su conducción debe afrontar cuestionamientos internos y externos por el alcance de su diálogo con la administración libertaria.

El reordenamiento partidario hacia 2027 plantea una discusión que supera el reparto de cargos y candidaturas. Lo que realmente está en juego es el lugar que ocupará el movimiento obrero, el margen de independencia que mantendrá respecto al Gobierno y su poder de veto o propuesta en el programa político. La viabilidad de incorporar a la CGT quedará supeditada a la resolución de la contradicción existente entre las demandas de representatividad sindical y los compromisos previos de su conducción con el Poder Ejecutivo.