La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias una actualización del 1,9% correspondiente a junio, equivalente a la inflación del mes, y llevó el salario inicial conformado a $2.481.855,32. El convenio acumuló una mejora del 16,8% en el primer semestre de 2026, ratificó el mecanismo de actualización automática para julio y agosto y elevó el bono del Día del Bancario por encima de los $2,15 millones.

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, volvió a cerrar una negociación salarial alineada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y mantuvo el esquema de recomposición automática que viene aplicando desde comienzos de año. El entendimiento con las entidades financieras otorgó un incremento del 1,9% para junio, porcentaje que se trasladará a todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos.

Con esta actualización, el ingreso inicial conformado de la actividad alcanzó los $2.481.855,32, integrado por un salario básico de $2.412.128,22 y $69.727,10 correspondientes a la Participación en las Ganancias (ROE). De esta manera, la actividad continúa entre las de mayores remuneraciones del país dentro del empleo registrado.

Desde el sindicato precisaron que el aumento impactará sobre la totalidad de la estructura salarial, incluidos los adicionales convencionales y aquellos pactados por fuera del convenio colectivo, garantizando que ningún componente del salario quede excluido de la recomposición.

El nuevo entendimiento elevó al 16,8% la mejora acumulada durante el primer semestre de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes a diciembre de 2025. La metodología adoptada por la organización sindical permitió que las remuneraciones acompañaran mensualmente la evolución de la inflación, evitando un deterioro significativo del poder adquisitivo en un año que continúa marcado por ajustes periódicos de precios.

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la actualización del tradicional bono por el Día del Bancario, que se abona cada 6 de noviembre. El piso quedó establecido en $2.150.328,87, aunque el monto continuará incrementándose si se producen nuevas recomposiciones salariales antes de esa fecha, preservando así su valor real.

Además, las partes acordaron extender durante julio y agosto el mismo mecanismo de actualización automática utilizado hasta ahora. En consecuencia, las remuneraciones volverán a ajustarse siguiendo la variación mensual del IPC elaborado por el INDEC, consolidando uno de los pocos convenios colectivos del país que mantiene una indexación prácticamente inmediata frente al comportamiento de la inflación.

La negociación prevé una nueva instancia de revisión durante la segunda quincena de septiembre. Allí, el sindicato y las cámaras empresarias evaluarán la evolución de los indicadores económicos y definirán la continuidad de la política salarial para el último tramo del año.

En un presente donde numerosas actividades todavía negocian incrementos por debajo del ritmo de los precios o buscan recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años anteriores, la paritaria bancaria vuelve a posicionarse como una de las referencias del movimiento sindical argentino. El esquema de actualización permanente, sumado a remuneraciones que superan ampliamente el promedio del empleo formal, fortalece la capacidad de negociación de La Bancaria y consolida un modelo paritario que otros gremios observan como parámetro en la discusión salarial de 2026

Con 36 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una prórroga de cinco años para el camarista laboral Víctor Pesino, quien ya alcanzó la edad jubilatoria. El magistrado fue protagonista de resoluciones de alto impacto al rechazar la cautelar de la CGT contra la reforma laboral e intervenir la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decisiones que profundizaron las críticas de la oposición y del movimiento sindical.

El Senado de la Nación aprobó la continuidad por cinco años del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien a los 75 años debía cesar en sus funciones salvo autorización de la Cámara alta, tal como prevé la Constitución Nacional. La iniciativa reunió 36 votos favorables y 31 negativos gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales aliados.

La decisión adquiere especial relevancia por el papel que Pesino desempeñó en algunos de los expedientes laborales más sensibles para el Gobierno de Javier Milei. En abril de este año integró la mayoría que rechazó la medida cautelar promovida por la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, permitiendo que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo quedara plenamente vigente mientras continúa el tratamiento judicial de fondo.

El magistrado también firmó la resolución que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, junto con el resto de la conducción nacional, una determinación que generó una fuerte reacción del sindicalismo y abrió un complejo conflicto institucional dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país.

Desde la oposición y diversos sectores sindicales interpretaron la extensión de su mandato como una señal política hacia un juez cuyas resoluciones beneficiaron las principales iniciativas del Gobierno en materia laboral. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento como una facultad constitucional del Senado para autorizar la permanencia de magistrados que alcanzan el límite de edad.

La votación también alcanzó a otros integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, entre ellos Sergio Luis Méndez y Julio César Grisolía. Este último había sido objetado por legisladores opositores, aunque finalmente también obtuvo el respaldo necesario para continuar en funciones.

El debate coincidió con otros movimientos en el Poder Judicial impulsados por la Casa Rosada, entre ellos el tratamiento de pliegos para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña y el veto presidencial a la postulación de la jueza María Verónica Michelli para integrar un tribunal oral federal, decisiones que alimentan la discusión sobre la relación entre el Gobierno y la Justicia.

La continuidad de Pesino se produce, además, mientras distintos tribunales analizan nuevos planteos vinculados con la reforma laboral. En ese marco, recientes resoluciones judiciales y administrativas mantuvieron vigente el aporte solidario previsto en el Convenio Colectivo de Comercio y volvieron a colocar en el centro del debate aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, especialmente aquellos vinculados con el financiamiento sindical y la vigencia de los convenios colectivos.

Con este respaldo del Senado, Pesino permanecerá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta completar un nuevo período de cinco años, en un contexto donde las decisiones judiciales continúan siendo determinantes para el futuro de la reforma laboral y de la relación entre el Gobierno, la Justicia y el movimiento obrero organizado.

La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.