La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.

La UTA San Juan se declaró en estado de alerta y advirtió que podría avanzar con retenciones de servicio si las empresas de transporte no cumplen con el acuerdo salarial alcanzado a nivel nacional. El sindicato cuestionó la posición de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que habría manifestado reparos a la aplicación de los nuevos valores para los choferes del interior.

La advertencia fue comunicada por la conducción local del gremio, encabezada en esta instancia por el secretario de Organización y Asuntos Gremiales, José A. Femenía, ante los trabajadores, los usuarios del transporte público y la comunidad sanjuanina.

El conflicto se origina en el acuerdo salarial suscripto el 23 de septiembre en la Secretaría de Trabajo de la Nación, que estableció nuevas pautas para los trabajadores del transporte automotor del interior del país e incluyó a los choferes de San Juan.

Según la UTA, el entendimiento tiene plena vigencia y debe ser aplicado por las empresas que prestan los servicios de corta y media distancia. La organización sindical sostiene que cualquier pago parcial o inferior a los montos acordados será considerado un incumplimiento.

Frente a las objeciones planteadas por ATAP, el gremio resolvió mantener asambleas permanentes y declararse en estado de alerta. La eventual retención de tareas quedará supeditada a que las compañías efectivamente no abonen la totalidad de los haberes correspondientes.

La UTA busca así evitar que la discusión sobre el financiamiento del transporte derive en una reducción de los ingresos de los trabajadores. La disputa se concentra en la aplicación del acuerdo nacional y no, por el momento, en una medida de fuerza ya ejecutada.

Para los usuarios, el principal interrogante estará en la evolución de las negociaciones durante los próximos días. Si las empresas cumplen con los salarios establecidos, la advertencia sindical no necesariamente se traducirá en interrupciones. En caso contrario, las asambleas podrían derivar en restricciones sobre la prestación del servicio.

La disputa vuelve a poner en primer plano la relación entre los costos del sistema, los recursos destinados al transporte y los salarios de los choferes. Mientras ATAP plantea reparos para afrontar el nuevo esquema, la UTA sostiene que los trabajadores no pueden quedar expuestos a esa discusión y exige que el acuerdo firmado en el ámbito nacional sea aplicado en San Juan.

La definición empresaria sobre el pago de los haberes será, por lo tanto, el próximo punto de la negociación. La UTA ya fijó su posición y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas si no se acredita el cumplimiento salarial completo.