La Universidad Nacional de San Juan y la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros acordaron avanzar en capacitaciones vinculadas con las necesidades de las empresas. La propuesta apunta a mejorar la inserción laboral de estudiantes y profesionales, desarrollar oficios especializados y ampliar la participación de proveedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.

El entendimiento fue abordado durante una mesa de diálogo que reunió a autoridades universitarias, representantes de CAPRIMSA y referentes de la Federación Universitaria de San Juan. La discusión estuvo centrada en la formación de recursos humanos, el acceso de los jóvenes al empleo y las competencias técnicas que requerirá el crecimiento de la minería.

Desde la representación estudiantil, Gonzalo Leyes planteó la necesidad de generar herramientas que permitan reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. La propuesta contempla, al mismo tiempo, acompañar las trayectorias universitarias para evitar que la necesidad de conseguir un empleo termine obstaculizando la finalización de las carreras.

Para CAPRIMSA, el desafío también pasa por mejorar la capacidad de respuesta de las empresas locales. Su presidente, Fernando Godoy, admitió que todavía existe una estructura insuficientemente integrada para absorber de manera eficiente a los profesionales y estudiantes que se forman en la provincia.

El representante gremial instó a priorizar sectores clave como la metalmecánica, junto con la certificación y formación de personal técnico, para responder a las exigencias operativas del sector minero.

“Tenemos que ver cómo articulamos todo lo que se puede trabajar en metalmecánica, certificaciones de operadores y soldadores en este ecosistema minero”, sostuvo Godoy.

Formación y proveedores locales

La iniciativa busca que la vinculación entre la universidad y las empresas no quede limitada a acuerdos institucionales, sino que se traduzca en capacitaciones y oportunidades laborales concretas. Para ello, las partes comenzaron a identificar necesidades de formación que puedan ser atendidas mediante herramientas académicas y técnicas disponibles en la provincia.

Godoy remarcó que las propuestas deben transformarse en hechos concretos. «Si cumplimos con el 60 % de las metas, seré el primero en festejar», aseguró sobre el respaldo de la cámara a las iniciativas viables

La apuesta tiene además una dimensión productiva: fortalecer el denominado compre local y ampliar la participación de empresas sanjuaninas en una cadena minera que demanda bienes, servicios y personal especializado.

La articulación entre CAPRIMSA y la UNSJ abre así una agenda que combina formación, inserción laboral y desarrollo de proveedores. El gran objetivo de San Juan es traducir la bonanza minera en capacidades locales reales, impulsando a estudiantes, profesionales y empresas hacia las demandas del futuro.

La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.

Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.

La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.

“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.

La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.

El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.

Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.

De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.

La normativa comenzará a regir el 5 de septiembre y ampliará el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal en los casos previstos. La Corte de Justicia de San Juan prepara una reglamentación provisoria para cubrir la transición hacia un modelo acusatorio que todavía requiere adecuaciones legislativas. A la falta de un procedimiento específico se suma otra dificultad: la provincia no dispone de un establecimiento destinado a alojar a menores privados de su libertad.

La nueva normativa comenzará a regir el sábado 5 de septiembre e incorporará a adolescentes de 14 y 15 años en los supuestos contemplados por la ley. Para acompañar ese cambio, la Justicia provincial prepara una reglamentación transitoria que permita resolver los primeros casos mientras avanza la elaboración de un procedimiento penal juvenil acorde con el modelo acusatorio.

El presidente del máximo tribunal sanjuanino, Daniel Olivares Yapur, explicó que el mecanismo actualmente vigente pertenece a un sistema inquisitivo mixto, en el cual el juez interviene directamente en la investigación. En cambio, el nuevo modelo adopta una estructura acusatoria que reparte de otra manera las tareas de los jueces y los fiscales.

La alternativa diseñada por el tribunal consiste en establecer reglas intermedias que permitan compatibilizar las nuevas disposiciones con las herramientas procesales disponibles en la provincia. Se trata de una solución provisoria, hasta tanto San Juan complete la adecuación normativa necesaria.

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que la incorporación de adolescentes al sistema penal no equivale necesariamente a una condena de encierro. La legislación contempla medidas socioeducativas, mecanismos de resolución alternativa de conflictos y recursos vinculados con la justicia restaurativa.

La privación de libertad queda reservada para situaciones excepcionales. Olivares Yapur remarcó que “está prevista como último recurso”, una definición que adquiere particular relevancia frente a las dificultades materiales que enfrenta la provincia.

El interrogante aparece cuando un juez determine que una medida restrictiva de libertad resulta indispensable. San Juan no cuenta actualmente con un establecimiento específico para alojar a adolescentes en esas condiciones.

El Penal de Chimbas tampoco puede ser utilizado para ese fin. Según explicó el presidente de la Corte, la propia normativa establece que los menores deben permanecer en instalaciones diferenciadas de las destinadas a adultos.

“No va a ir al penal de Chimbas porque no pueden estar los menores. La propia ley establece específicamente que tiene que haber un lugar especial”, sostuvo.

La consulta sobre la existencia de una institución de esas características en la provincia tuvo una respuesta contundente: “En San Juan no lo hay”.

El cambio normativo obliga, por lo tanto, a resolver cuestiones que van más allá de la actuación de jueces y fiscales. La provincia deberá adecuar su procedimiento, definir los dispositivos para el cumplimiento de las medidas socioeducativas y disponer de infraestructura apropiada para aquellos casos en los que corresponda restringir la libertad.