La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad una ley que regula de manera provisoria distintas herramientas del proceso penal juvenil. La norma incorpora reglas para la conciliación, reparación integral, suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado, hasta que San Juan adecue su legislación procesal a la Ley Nacional 27.801.

La iniciativa fue tratada durante la Tercera Sesión Especial, luego de que el cuerpo legislativo se constituyera en comisión para analizar el expediente 2250. El despacho recibió primero dictamen unánime y posteriormente fue aprobado por la totalidad de los diputados presentes. La sesión estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín.

Esta nueva regulación establece mecanismos alternativos a la imposición de una pena y fija las condiciones bajo las cuales pueden aplicarse en causas que involucren a adolescentes. Entre las principales herramientas aparecen la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.

En materia de conciliación, la norma permite acuerdos entre el adolescente imputado y la víctima en determinados delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia y en hechos culposos que no hayan provocado lesiones gravísimas ni la muerte. Quedan excluidos, entre otros, los delitos cuyo máximo de prisión supere los seis años y aquellos contra la vida, la integridad sexual y los poderes públicos y el orden constitucional.

El acuerdo deberá ser presentado ante el Juez Penal de Niñez y Adolescencia para su homologación. Si se acredita su cumplimiento, la acción penal se extinguirá; mientras tanto, el expediente permanecerá reservado. Ante un incumplimiento, el magistrado podrá disponer la continuidad del proceso o adoptar otra medida prevista por la legislación.

La reparación integral tendrá aplicación en un conjunto determinado de delitos, entre ellos lesiones leves, hurto y robo simple, determinadas estafas y defraudaciones, daño simple y encubrimiento. La resolución judicial deberá precisar la propuesta de reparación, la opinión de las partes y los criterios utilizados para establecer la obligación que deberá cumplir el adolescente. Una vez satisfecha, corresponderá el sobreseimiento.

Otro de los institutos regulados es la suspensión del proceso a prueba, que podrá ser solicitada desde la audiencia de indagatoria y hasta la de debate, con las excepciones previstas ante una eventual modificación de la calificación jurídica durante el juicio. El juez deberá resolver dentro de los cinco días posteriores a la audiencia y establecer, cuando corresponda, las reglas de conducta y la reparación simbólica.

El seguimiento estará a cargo del Equipo Técnico y del Supervisor que corresponda. La víctima deberá ser informada sobre el cumplimiento de las reglas impuestas y, si el adolescente cumple las condiciones establecidas, el magistrado declarará extinguida la acción penal conforme a la legislación de fondo. El incumplimiento podrá derivar en la revocación del beneficio y la continuidad del procedimiento ordinario.

La ley también habilita el juicio abreviado para los delitos de acción pública, siempre que exista un acuerdo escrito entre el fiscal, el adolescente, su defensor y el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia respecto del hecho, la participación y la calificación legal. El fiscal deberá formular el pedido de pena y las demás partes prestar su conformidad.

El control judicial constituye un requisito central. El juez podrá admitir el acuerdo y dictar sentencia o rechazarlo mediante una resolución fundada. En este último caso, las admisiones o conformidades expresadas por el adolescente no podrán utilizarse posteriormente en su contra como reconocimiento de culpabilidad, mientras que el pedido de pena del fiscal tampoco lo condicionará durante el debate.

La norma dispone además que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que eventualmente la reemplace, tendrá a su cargo la designación del Supervisor transitorio y la aplicación de las medidas previstas, en articulación con la Ley Nacional 26.061 y las disposiciones que resulten pertinentes de la Ley 27.801.

El régimen tendrá carácter estrictamente transitorio. Su vigencia se extenderá hasta que San Juan complete la adecuación de su legislación procesal, tal como establece el artículo 49 de la Ley Nacional 27.801. De esta manera, la provincia incorpora reglas específicas para resolver y acompañar los procesos que involucren a adolescentes sin esperar a la reforma integral de su sistema procesal juvenil.

Una nueva caída de temperaturas durante la madrugada del domingo provocó daños en áreas productivas de Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. El Gobierno provincial inició un nuevo relevamiento para establecer la superficie afectada y determinar si las pérdidas se suman a las registradas días atrás.

Una nueva helada tardía volvió a castigar a la producción de San Juan y encendió la preocupación entre los productores, particularmente en zonas del noreste, este y sudeste provincial. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y ya existen reportes de daños en distintos cultivos, aunque todavía no se conoce la magnitud de las pérdidas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, confirmó que entre las áreas con afectación inicial figuran Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. El relevamiento continuará durante los próximos días para determinar tanto la superficie comprometida como el grado de daño en cada plantación.

La nueva contingencia adquiere mayor relevancia porque se produjo apenas días después de otro episodio de bajas temperaturas que ya había generado una fuerte cantidad de reclamos. Hasta el viernes, la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor había recibido 400 denuncias, con 6.318 hectáreas afectadas en 12 departamentos.

Aquel primer relevamiento comprendió 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Zonda y Chimbas. La reiteración del fenómeno obliga ahora a determinar si las nuevas pérdidas corresponden a superficies que ya habían sufrido daños o si alcanzaron plantaciones que permanecían indemnes.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, había señalado que, una vez concluidas las inspecciones y peritajes, la provincia analizaría las medidas de asistencia disponibles y la eventual declaración de emergencia agropecuaria para las producciones alcanzadas.

Ese proceso deberá incorporar ahora la información del segundo episodio. La diferencia será relevante para establecer el perjuicio acumulado sobre cada cultivo y definir la respuesta que pueda adoptar el Gobierno provincial frente a los productores afectados.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.