La Universidad Católica de Cuyo (UCC) avanza con la incorporaración de la carrera de Odontología a su oferta académica y proyecta iniciar el dictado entre fines de 2027 y comienzos de 2028, siempre que complete las instancias de evaluación y acreditación exigidas a nivel nacional.

El primer paso quedó formalizado mediante un convenio entre la UCC y el Ministerio de Salud de San Juan, que contempla la utilización de establecimientos sanitarios provinciales para las prácticas y la formación clínica. El acuerdo incluye hospitales y centros de atención primaria, además de programas de prevención y espacios destinados a la salud comunitaria en distintos departamentos.

La rectora de la casa de altos estudios, María Laura Simonassi, explicó que el convenio permite incorporar al proyecto la infraestructura pública vinculada con la atención odontológica y ampliar los ámbitos de formación más allá de las instalaciones propias de la institución.

El proyecto todavía debe superar una instancia decisiva: la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). A esa etapa se suma el trámite ante la Secretaría de Educación de la Nación para obtener el reconocimiento oficial y la validez nacional del título.

La universidad trabaja actualmente sobre una primera cohorte de entre 30 y 40 estudiantes, aunque la cantidad definitiva dependerá de las condiciones que surjan durante el proceso de evaluación. También podría modificarse la estructura académica prevista inicialmente.

El diseño presentado por la UCC contempla una carrera de cuatro años de duración, aunque Simonassi aclaró que la iniciativa curricular aún está sujeta a las observaciones que pueda formular la Coneau durante la acreditación.

La UCC mantuvo reuniones con el Círculo Odontológico de San Juan y con el Ministerio de Salud para identificar necesidades de formación y evaluar la demanda existente.

Uno de los objetivos planteados es ofrecer una alternativa local para los jóvenes sanjuaninos interesados en la profesión, evitando que deban trasladarse a otras provincias para cursar la carrera. La articulación con el sistema público también apunta a incorporar prácticas vinculadas con prevención, atención primaria y salud bucal comunitaria.

Entre los espacios que podrían incorporarse a la formación aparece el nuevo Instituto Odontológico que impulsa la provincia. La infraestructura, actualmente en desarrollo, podría convertirse en uno de los ámbitos de prácticas junto con otros establecimientos sanitarios.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.

El sindicato de Hugo Moyano acordó con las cámaras empresarias un incremento acumulado del 9,9% entre septiembre y febrero, distribuido en seis tramos. El convenio incorpora una suma fija de $18.000, un bono anual de $1,2 millones y nuevos adicionales por rama.

El gremio de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, cerró una nueva paritaria para el período septiembre de 2026-febrero de 2027 con una mejora salarial acumulada del 9,9%, distribuida en seis tramos mensuales que van del 1,5% al 1,8%. El entendimiento fue firmado con FAETYL y FADEEAC y todavía debe ser homologado por el Ministerio de Capital Humano.

La actualización contempla un 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El esquema se mantiene por debajo del 2% mensual que viene caracterizando las pautas de negociación promovidas por el Gobierno nacional, aunque la referencia a esa política constituye una interpretación difundida sobre el acuerdo y no una condición expresamente consignada en los datos básicos del convenio.

Al incremento porcentual se suma una asignación extraordinaria no remunerativa de $18.000 en septiembre y un bono anual de $1.200.000, que comenzará a pagarse en enero de 2027 en cuatro cuotas de $300.000.

El entendimiento también introduce modificaciones específicas para determinadas ramas. En Transporte de Caudales, los viáticos y gastos de comida tendrán un adicional del 20%, distribuido en dos cuotas del 10% en septiembre y enero. Para trabajadores de esa rama y de Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal se incorporan además premios vinculados con presentismo y puntualidad.

En Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales, esos beneficios alcanzan también al personal comprendido en la rama. A su vez, los peones especializados que desempeñen funciones de acompañantes de chofer recibirán un adicional equivalente al 8% del sueldo básico.

Otro punto de la negociación fue la obra social de Camioneros. La contribución patronal extraordinaria por trabajador pasó de $25.000 a $29.000 mensuales, una modificación que incrementa los recursos destinados al sistema de salud administrado por el sindicato. Según estimaciones difundidas durante la negociación, la organización cuenta con unos 190.000 afiliados.

La mesa paritaria tuvo además una particularidad sindical: Pablo Moyano volvió a participar junto a su padre después de aproximadamente cinco años. Su presencia se produjo luego de la recomposición del vínculo entre ambos dirigentes y marca su regreso a una negociación salarial de esta magnitud.

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta febrero próximo, establece así una combinación de aumentos mensuales, pagos extraordinarios y adicionales específicos. Su aplicación general quedará sujeta a la homologación oficial, mientras que las partes volverán a discutir las condiciones salariales al finalizar el período pactado.