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Los representantes de los trabajadores, productores e industriales avanzaron en las negociaciones para determinar la suba en los salarios que regirán durante este año.

Los representantes de los trabajadores de viñas y bodegas junto a empresarios del sector vitivinícola y productores realizan las las negociaciones correspondientes para así poder determinar de que manera se dara el incremento salarial que regirá durante este año. Los protagonista un nuevo encuentro este miércoles junto los veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación con el propósito de cerrar un acuerdo.

En el encuentro los encargados de regir los destinos de la Federación Obrera y Empleados Vitivinícolas de Argentina manifestaron que el porcentaje de incremento salarial debe ser superior al 50% para garantizar que los empleados de bodegas y los trabajadores de Viñas no pierdan el poder adquisitivo de los salarios. La suba salarial se pagaría en tramos durante el año como sucedió en las paritarias cerradas hace un año.

Fuentes gremiales aseguraron a Diario La Provincia SJ que “el acuerdo está cerca” pero remarcaron la necesidad de plasmar una resolución en el próximo encuentro. “Por ahora se descartan medidas de fuerzas, pero es una herramienta que los trabajadores tienen para expresarse si no hay un acuerdo en un tiempo breve”, precisaron fuentes sindicales.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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Día del Empleado de Comercio: supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecen cerrados

Los empleados de comercio celebran este lunes 28 de septiembre su día, luego de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaran trasladar la conmemoración originalmente prevista para el sábado 26. La jornada tiene los mismos efectos laborales que un feriado nacional para quienes están comprendidos en la actividad mercantil.

Por esa razón, supermercados, shoppings, grandes tiendas y otras cadenas comerciales permanecen cerrados, salvo aquellos establecimientos cuyos trabajadores sean convocados a prestar servicios bajo las condiciones previstas por la legislación vigente.

La fecha está contemplada por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que estableció el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio y dispuso que la jornada tenga carácter de feriado nacional obligatorio para sus trabajadores.

El traslado al lunes no modifica esos derechos. Si un empleado debe trabajar, corresponde aplicar las condiciones previstas para un feriado en materia de remuneración. Además, la jornada no puede ser utilizada como franco compensatorio del descanso semanal, una precisión que adquiere particular relevancia al coincidir la fecha original con un sábado.

La conmemoración tiene un antecedente histórico que se remonta a 1934, cuando el Congreso sancionó la Ley 11.729, impulsada por el diputado socialista Enrique Dickmann. La norma modificó disposiciones del Código de Comercio e incorporó derechos que marcaron una etapa decisiva en la legislación laboral argentina, entre ellos indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y disposiciones vinculadas con accidentes de trabajo y maternidad.

Aquel proceso se inscribió en una etapa de expansión de los derechos laborales que también había incorporado el descanso dominical, sancionado en 1905, y la regulación de la jornada laboral. Para el sindicalismo mercantil, esas conquistas constituyen parte de una tradición que comenzó mucho antes de la creación de la actual normativa específica.

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que regula las condiciones laborales de los trabajadores, incorporó posteriormente el 26 de septiembre como jornada de celebración del gremio. Décadas después, la Ley 26.541 otorgó a esa fecha el alcance laboral que conserva actualmente.

A casi un siglo de aquella reforma, el Día del Empleado de Comercio mantiene una doble dimensión: constituye una jornada de descanso para millones de trabajadores mercantiles y, al mismo tiempo, funciona como una referencia histórica sobre la evolución de la legislación laboral argentina y el papel que tuvieron las organizaciones sindicales en su construcción.

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