La central obrera presentará la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social de León XIV dedicado a la inteligencia artificial. La iniciativa busca instalar una discusión que gana peso en todo el mundo: cómo regular las nuevas tecnologías para evitar que la innovación se traduzca en pérdida de empleo, deterioro salarial o debilitamiento de derechos.

La irrupción de la inteligencia artificial ya dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un tema político, económico y laboral. En ese escenario, la CGT buscará posicionarse en uno de los debates que marcarán las próximas décadas cuando presente el 29 de junio la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social del papa León XIV centrado en las consecuencias de la transformación digital sobre el trabajo y la vida humana.

La actividad se realizará en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo y reunirá a dirigentes sindicales, especialistas y referentes vinculados a los cambios que atraviesan los sistemas productivos. El objetivo será discutir el papel que deben asumir los Estados, las empresas y las organizaciones de trabajadores frente a una revolución tecnológica que promete elevar la productividad, pero también modificar millones de puestos laborales en todo el mundo.

Firmada el 15 de mayo, al cumplirse 135 años de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica retoma la tradición de la doctrina social de la Iglesia para abordar uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI. El texto sostiene que la inteligencia artificial no constituye una amenaza en sí misma, aunque advierte que tampoco puede considerarse una herramienta neutral, ya que sus efectos dependen de quién la desarrolla, financia, regula y utiliza.

Desde la central sindical consideran que la discusión excede el plano técnico y se vincula directamente con la defensa de los derechos laborales. “La tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la máquina”, señalaron desde la conducción de la central al convocar al encuentro.

La preocupación no es aislada. Organismos internacionales, centros de investigación y sindicatos de distintos países vienen alertando sobre el impacto que tendrán la automatización, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en sectores industriales, administrativos y de servicios. La discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de nuevas herramientas, sino a quién se beneficiará de los incrementos de productividad y bajo qué reglas se distribuirán esos beneficios.

A lo largo de sus cinco capítulos, Magnifica Humanitas plantea la necesidad de fortalecer principios como la solidaridad, la corresponsabilidad y la subsidiariedad para evitar que la innovación tecnológica amplíe brechas económicas o profundice situaciones de exclusión. La premisa que atraviesa el documento es que el progreso técnico sólo adquiere legitimidad social cuando contribuye al desarrollo integral de las personas.

La presentación de la encíclica también refleja una ampliación de la agenda sindical. A los reclamos tradicionales vinculados al salario, el empleo y las condiciones laborales se suma ahora un interrogante de alcance estratégico: cómo garantizar que la revolución digital no derive en nuevas formas de precarización ni en una concentración aún mayor del poder económico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio denunció a la cadena Makro por supuestas presiones individuales a gerentes para adherir al “banco de horas” previsto en la reforma laboral. El gremio sostiene que el mecanismo, concebido como voluntario, estaría siendo aplicado de manera compulsiva para evitar el pago de horas extra.

La implementación del denominado “banco de horas” incorporado en la reciente reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el sector del comercio mayorista. La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) denunció a la cadena Makro —perteneciente al grupo Cencosud— por presuntas presiones individuales a gerentes y mandos medios para firmar su adhesión al nuevo esquema de jornada.

El artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el sistema debe surgir de un acuerdo voluntario entre empleador y trabajador. Sin embargo, el sindicato sostiene que en la práctica la empresa estaría promoviendo la firma de manera compulsiva, con el objetivo de reemplazar el pago de horas extraordinarias por un esquema de compensación interna de tiempo.

Según la denuncia gremial, los trabajadores jerárquicos de distintas sucursales son citados de manera individual a reuniones con directivos, donde se les solicita la adhesión al sistema. En ese ámbito, advierten, se habrían registrado situaciones de presión directa o indirecta vinculadas a la continuidad laboral, lo que el sindicato interpreta como una forma de hostigamiento.

Desde la APPyJC plantean que la discusión excede lo administrativo y se vincula con el esquema de ingresos del personal. El banco de horas, sostienen, modifica la forma de liquidación de la jornada laboral y traslada a la organización empresarial el control del tiempo de trabajo y del descanso, con impacto directo sobre los salarios variables.

El gremio también cuestiona el argumento empresarial de “modernización organizativa”. Según su postura, el mecanismo no implica una mejora en las condiciones de trabajo sino una estrategia para reducir costos laborales asociados a las horas extra, uno de los componentes centrales del ingreso del personal jerárquico.

La tensión entre el sindicato y la cadena mayorista no es nueva. La APPyJC viene registrando reclamos previos por el incumplimiento en el pago de horas extraordinarias y por jornadas que, según denuncias anteriores, habrían superado el límite legal de 48 horas semanales. En ese marco, el sector ya había intervenido ante organismos de control laboral, que habrían constatado irregularidades y aplicado sanciones en oportunidades previas.

El conflicto actual reabre ese historial y lo traslada a un nuevo dispositivo normativo. Para el sindicato, la aplicación del banco de horas en estas condiciones reproduce las mismas tensiones, pero bajo un marco legal distinto que habilita una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo.

En este contexto, la APPyJC declaró el estado de alerta y advirtió que evalúa medidas gremiales y acciones legales. También exigió el cese de toda práctica de presión o persecución para forzar adhesiones individuales y pidió garantías para los trabajadores que decidan no firmar el acuerdo.

El sindicato de la Sanidad selló un acuerdo con las cámaras empresarias de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y hospitales de comunidad. El entendimiento contempla incrementos acumulativos del 7,4% entre junio y agosto, bonos mensuales de hasta $90.000 y una reestructuración de las escalas salariales que impactará sobre los básicos.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector asistencial privado y puso fin a una negociación que se había extendido durante varias semanas en medio de fuertes diferencias entre las partes.

El convenio abarca a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 122/75, que incluye clínicas, sanatorios, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; 108/75, correspondiente a institutos médicos, odontológicos, laboratorios y centros de diagnóstico sin internación; y 103/75, que regula la actividad en hospitales de comunidad.

La actualización salarial se aplicará en tres etapas acumulativas. El acuerdo establece un incremento del 3,7% para junio, un 2% en julio y un 1,6% en agosto, lo que representa una recomposición acumulada cercana al 7,4% para el trimestre.

A esa mejora se sumarán asignaciones no remunerativas de carácter extraordinario. Los trabajadores percibirán un bono de $90.000 durante junio, otro de igual monto en julio y una suma de $80.000 en agosto.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la modificación de la estructura salarial prevista para agosto. El entendimiento contempla la incorporación de $12.000 al salario básico de la categoría inicial de cada convenio, monto que se trasladará proporcionalmente al resto de las categorías. Simultaneamente, se absorberán $10.000 de las sumas no remunerativas vigentes, en un proceso orientado a fortalecer los haberes permanentes.

Las nuevas escalas ubicarán a los profesionales universitarios entre los salarios más altos de la actividad. En el convenio correspondiente a clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y kinesiólogos percibirán en agosto remuneraciones cercanas a $1,5 millones.

Una situación similar se registrará en el convenio que agrupa a centros de diagnóstico, laboratorios e institutos médicos sin internación, donde las categorías profesionales alcanzarán ingresos del mismo orden, mientras que los trabajadores de Primera Categoría rondarán los $1,4 millones.

La firma del acuerdo llegó después de una negociación particularmente compleja. Desde ATSA habían rechazado las primeras propuestas empresarias por considerarlas insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo y advirtieron que no aceptarían mecanismos que consolidaran salarios por debajo de la evolución de los precios.

Las cámaras empresarias, por su parte, atribuyeron las dificultades para mejorar la oferta a la situación financiera que atraviesan numerosos prestadores privados. Argumentaron que clínicas, sanatorios y centros médicos enfrentan atrasos en las actualizaciones que reciben de obras sociales, prepagas y otros financiadores del sistema, lo que afecta sus márgenes operativos.