La protesta convocada por la UTEP incluirá cortes de rutas, puentes y accesos en distintos puntos del país en rechazo a la eliminación del programa Volver al Trabajo. La organización sostiene que más de 930.000 personas perderán ese ingreso desde agosto y advierte sobre el impacto económico en los barrios populares.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza este miércoles una jornada nacional de piquetes con cortes de rutas, puentes y principales accesos como respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar, a partir de agosto, el programa Volver al Trabajo. La organización considera que la medida dejará sin ingresos a más de 930.000 beneficiarios, profundizando la crisis de miles de familias que dependen de esa asistencia.

La convocatoria fue confirmada por la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, quien aseguró que la protesta alcanzará distintos puntos del país y estará acompañada por la participación de la organización en la movilización que la CGT y las dos CTA realizarán desde las 15 junto a jubilados frente al Congreso Nacional.

La dirigente sostuvo que la eliminación del programa representa un fuerte deterioro para los trabajadores de la economía popular y afirmó que la decisión oficial también afectará a las economías barriales. Según explicó, la desaparición de esos ingresos reducirá el consumo en almacenes, kioscos, verdulerías y pequeños comercios que dependen de la circulación diaria del dinero en los barrios.

Para dificultar los operativos de las fuerzas de seguridad, la UTEP resolvió mantener en reserva los lugares donde se concretarán los cortes hasta pocas horas antes del inicio de la protesta. La organización busca evitar bloqueos preventivos y cercos policiales que impidan el desplazamiento de los manifestantes hacia los puntos elegidos.

En movilizaciones anteriores, los bloqueos se concentraron en accesos estratégicos al Área Metropolitana de Buenos Aires, como los puentes Pueyrredón y Saavedra, la intersección de la avenida General Paz con Juan Manuel de Rosas, la Autopista Buenos Aires-La Plata y el cruce de la Panamericana con la Ruta Provincial 24. Esta vez, los organizadores adelantaron que las manifestaciones tendrán alcance federal, con acciones simultáneas en distintas provincias.

La jornada forma parte de una escalada de medidas impulsadas por la UTEP junto con las centrales sindicales. Entre las próximas iniciativas figura una marcha federal hacia la Casa Rosada y crecen las expectativas sobre la eventual convocatoria a un nuevo paro general, una posibilidad que todavía no fue oficializada por la conducción de la CGT.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificaron que se aplicará el protocolo antipiquetes en caso de que se produzcan cortes sobre rutas nacionales o espacios bajo jurisdicción federal. El Gobierno anticipó que las fuerzas de seguridad actuarán para liberar la circulación y remarcaron que se mantendrá el criterio aplicado en protestas anteriores.

Mientras la Casa Rosada sostiene que logró reducir el impacto de los piquetes mediante la aplicación del protocolo de seguridad, los movimientos sociales aseguran que el agravamiento de las condiciones económicas incrementa el nivel de conflictividad. Desde la UTEP afirman que muchas familias ya no cuentan con recursos suficientes incluso para afrontar el costo del transporte.

En la misma línea, la dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, cuestionó la política social del Gobierno y denunció que el ajuste afecta especialmente a jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores. A su juicio, el equilibrio de las cuentas públicas se sostiene sobre una fuerte caída del consumo interno y una pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Gobierno nacional a reabrir de inmediato la negociación salarial. Advirtió que la recomposición aún pendiente supera el 25%, denunció el deterioro de la investigación y anticipó que, si no hay cumplimiento, los gremios fortalecerán las medidas de fuerza.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario modificó el tablero de la negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con ese nuevo antecedente judicial, los gremios docentes sostienen que la administración nacional ya no tiene margen para postergar la discusión salarial y reclaman una convocatoria inmediata a la mesa paritaria.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Barcelona, recordó que el último acuerdo firmado el 11 de junio estableció como fecha límite el 10 de septiembre para una nueva reunión salarial. Sin embargo, aclaró que ese compromiso fue asumido antes del pronunciamiento definitivo de la Corte, por lo que consideró que las condiciones cambiaron y la negociación debería adelantarse.

El dirigente explicó que la recomposición que hoy se reclama responde a la deuda acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Recordó que, tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo otorgó una actualización salarial del 21,33% para docentes y no docentes, además de incrementar la garantía salarial, actualizar los gastos de funcionamiento y elevar en un 50% las becas Manuel Belgrano. No obstante, afirmó que esas mejoras quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, durante este período los salarios universitarios acumularon un atraso superior al 100% frente a la inflación. En ese sentido, precisó que la recomposición cercana al 25% que hoy calculan rectores y sindicatos corresponde principalmente a montos pendientes de 2024, ya que, de acuerdo con el análisis gremial, ese año sólo se recuperó alrededor del 7% del deterioro salarial. A esa diferencia, añadió, deberá incorporarse la actualización correspondiente al índice de precios de los próximos meses.

Barcelona evitó anticipar cuál será la modalidad de pago que propondrá el Gobierno. Señaló que la discusión pasará por determinar si la deuda salarial será cancelada en una sola cuota o mediante un esquema escalonado, aunque remarcó que el punto central es que la administración nacional cumpla con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.

El referente de ADICUS consideró que el fallo judicial modifica también la relación de fuerzas entre las partes. A su entender, la resolución de la Corte coloca a los sindicatos en una posición más sólida para sostener futuras medidas de protesta en caso de incumplimiento. De todos modos, manifestó que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante la negociación y evitar una profundización del conflicto.

Más allá del debate salarial, Barcelona describió el impacto que el ajuste presupuestario produjo en la Universidad Nacional de San Juan. Indicó que numerosos proyectos de investigación permanecen paralizados, que las obras de infraestructura quedaron limitadas a intervenciones mínimas y que las becas estudiantiles continúan congeladas, con montos que perdieron capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.

También alertó sobre un fenómeno que comienza a sentirse en las aulas: la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales. Explicó que muchos profesores solicitaron licencias en sus cargos universitarios para incorporarse al sistema educativo provincial o al ámbito privado en busca de mejores ingresos, una dinámica que amenaza con afectar la calidad académica y la continuidad de diversas cátedras.

En el tramo final de la entrevista, el dirigente amplió la mirada hacia el resto del sistema científico nacional y expresó la solidaridad de ADICUS con los trabajadores de Vialidad Nacional, CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismos que atraviesan procesos de ajuste y reducción de recursos. Consideró que la defensa de la universidad pública forma parte de un reclamo más amplio en favor del sistema científico y tecnológico argentino.

Con la cautelar ya firme, la discusión universitaria ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno dispone hasta el 10 de septiembre para reabrir formalmente la negociación, rectores y gremios consideran que la decisión de la Corte elimina cualquier argumento para seguir postergando la recomposición salarial. La respuesta oficial en las próximas semanas será determinante para definir si el conflicto encuentra una salida negociada o vuelve a trasladarse a las calles y a las aulas.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.