Los sindicatos del sector y las autoridades de Correo Argentino llegaron a un acuerdo salarial que contempla aumentos mensuales acumulativos y un bono extraordinario por tareas electorales. Además, se creó una mesa de diálogo para elaborar un proyecto de pago por productividad que beneficiará a todos los trabajadores.

En un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados del Correo Argentino, los gremios FOECYT, AJEPROC, y AATRAC, junto con las autoridades de la empresa estatal, llegaron a un acuerdo que establece un cronograma de aumentos mensuales acumulativos entre enero y mayo. El incremento salarial total será cercano al 7%, además de un bono extraordinario de $45.000 por tareas electorales.

El acuerdo salarial contempla los siguientes aumentos:

• 1,5% en enero
• 1,2% en febrero
• 1,3% en marzo
• 1,3% en abril
• 1,3% en mayo

Además, se pagará un bono de $45.000 en concepto de gratificación por tareas electorales, que se abonará en dos cuotas: $30.000 en mayo y $15.000 en junio.

Otro punto destacado del acuerdo es la creación de una mesa de diálogo entre los gremios y las autoridades de Correo Argentino para elaborar un proyecto de pago por productividad que beneficiará a todos los trabajadores de la empresa. Dicho plus se implementaría a partir de junio próximo y tiene como objetivo mejorar los ingresos de los trabajadores.

Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

Las principales cadenas de supermercados del país decidieron no abonar el aumento salarial correspondiente al mes de abril, pactado con el sindicato de Comercio, afectando a unos 120 mil trabajadores. La medida se da en el marco de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para contener los aumentos de precios.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y otras entidades del sector mercantil decidieron no aplicar el aumento salarial del 1,9% más una suma fija no remunerativa, acordado con el sindicato de Comercio, argumentando que el Gobierno no homologó el acuerdo paritario. La medida afecta a unos 120 mil trabajadores que no percibieron el incremento salarial.

El convenio, firmado entre el gremio y las cámaras CAC, CAME y Udeca, contemplaba un aumento escalonado del 5,4% en tres meses y tres sumas fijas para compensar la inflación del primer trimestre. Sin embargo, los supermercados desestimaron la cláusula que comprometía a las empresas a abonar los incrementos aún sin homologación oficial y liquidaron los sueldos sin las subas acordadas.

La decisión de los supermercados agudiza la tensión entre el Gobierno y la CGT, que ya protagonizó un paro general en abril. La medida también pone presión sobre el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien sostenía un vínculo dialoguista con la administración Milei.