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El proyecto de monotributo tecnológico, que procura regularizar la situación de los profesionales que desde Argentina trabajan para empresas del exterior, inició su trayecto legislativo en el Senado nacional, que si lo aprueba sin modificaciones quedará convertido en ley.

La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) espera en el tratamiento legislativo exponer su opinión contraria a la iniciativa por considerar que pone a las compañías nacionales del sector en desventaja respecto de las radicadas fuera del país en la competencia por la contratación de recursos humanos especializados.

«El monotributo tech pone una desventaja entre las empresas que están radicadas en la Argentina y quienes están afuera; además precariza el mercado laboral en el país», sostuvo hoy el titular de la Cessi, Sergio Candelo, en diálogo con Télam.

La propuesta busca regularizar la situación de al menos 30.000 trabajadores de la economía del conocimiento (software, servicios profesionales, biotecnología, nanotecnología, industria audiovisual, etc).

Desde la Secretaría de la Economía del Conocimiento, promotora de la iniciativa, se destacó que el nuevo Régimen Tributario Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, «promueve el desarrollo de la actividad de profesionales autónomos y talentos de distintas ramas basadas en el conocimiento que hoy exportan servicios al exterior».

Desde la industria marcaron que un trabajador que adhiera al monotributo tecnológico cómo está previsto en el proyecto termina aportando al fisco $376.164,00 anuales mientras que un trabajador en relación de dependencia en una empresa radicada en el país aporta $13.637.060,24.

La industria de software en Argentina la integran unas 5.000 empresas que emplean a 150.000 personas y exportó el año pasado US$2.600 millones. Su proyección es en 7 años llegar a los 400.000 puestos de trabajo con exportaciones por US$10.000 millones.

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Universidades: la Justicia intimó al Gobierno a cumplir la ley en cinco días

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.

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JetSMART desembarca en San Juan y abre la puerta a una futura ruta con Chile

San Juan incorporará desde noviembre una nueva alternativa para viajar a Buenos Aires. JetSMART realizará el 19 de noviembre su primer vuelo directo entre el Aeroparque Jorge Newbery y la provincia, en una operación que tendrá inicialmente cinco frecuencias semanales.

La fecha fue confirmada durante una reunión que mantuvieron este martes en Casa de Gobierno el gobernador Marcelo Orrego y Gonzalo Pérez Corral, country manager de JetSMART. Del encuentro también participó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

El cronograma ya tiene horarios definidos. El servicio partirá de Aeroparque a las 11:20 y llegará a San Juan a las 13:02. El regreso despegará desde la provincia a las 13:35, con arribo a Buenos Aires previsto para las 15:35.

La incorporación de la línea aérea amplía la oferta aerocomercial disponible para los pasajeros sanjuaninos y suma una nueva opción para quienes viajan por motivos turísticos, laborales, comerciales o familiares. La presencia de una segunda compañía también introduce una nueva referencia de precios y frecuencias dentro de la conectividad entre la provincia y Buenos Aires.

Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el vuelo de JetSMART en San Juan”, señaló Pérez Corral. El ejecutivo confirmó que la compañía pretende continuar trabajando con las autoridades provinciales para ampliar las opciones de conectividad y sostuvo que existe disposición para analizar nuevas oportunidades en la provincia.

La mirada puesta en Chile

El desembarco de la aerolínea comercial también reavivó la posibilidad de que San Juan pueda recuperar o ampliar su conexión aérea internacional con Chile, aunque por ahora no existe una ruta anunciada ni una fecha prevista.

Fuentes oficiales explicaron que una eventual operación internacional requiere, además de las gestiones institucionales, un análisis comercial por parte de la compañía. La apertura de una ruta depende de factores como la demanda potencial, los costos operativos, la disponibilidad de aeronaves y la sustentabilidad económica del servicio.

Romero planteó que la llegada de JetSMART permitirá “explorar nuevas rutas nacionales e internacionales” y señaló que la Provincia continuará trabajando para ampliar las conexiones aéreas.

La búsqueda de una mayor integración con Chile adquiere particular relevancia parala provincia por su cercanía geográfica, el intercambio turístico y comercial y el vínculo estratégico que representa el corredor cordillerano. Sin embargo, cualquier conexión directa deberá atravesar primero las evaluaciones correspondientes.

La inauguración de esta ruta el 19 de noviembre consolidará la llegada formal de la aerolínea a San Juan. Con cinco frecuencias semanales y horarios ya definidos, la provincia optimizará su conectividad aérea con Buenos Aires. Además, la expectativa por una futura ruta internacional abre la puerta a una segunda fase de crecimiento.

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Minería y empleo: el acuerdo de Vicuña con UOCRA mejora los salarios en la cordillera

Los trabajadores de la construcción que participen en las obras del proyecto Vicuña, en la alta cordillera de San Juan, tendrán una remuneración superior a la prevista para una obra convencional. Según fuentes gremiales consultadas tras el acuerdo firmado entre la compañía y la UOCRA, los adicionales establecidos para las condiciones particulares de la montaña llevarán el ingreso aproximadamente un 40% por encima del esquema habitual.

La cifra no figura en el comunicado oficial difundido por Vicuña, que sí confirma la incorporación de adicionales vinculados con las tareas en altura y compensaciones asociadas a los sistemas de trabajo o rosters que se implementarán durante la construcción. El entendimiento fue suscripto en Buenos Aires por el CEO de Vicuña, Ron Hochstein; el Country Director de la compañía en Argentina, José Morea; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Un régimen específico para la alta cordillera

El convenio establece criterios comunes para las empresas contratistas y subcontratistas que participen en las distintas etapas de construcción de Josemaría y Filo del Sol, los dos grandes depósitos que integran Vicuña. Las tareas se desarrollarán en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con exigencias operativas y climáticas diferentes a las de una obra convencional.

El pacto complementa las condiciones previstas en el convenio colectivo de la construcción y busca evitar que las condiciones laborales queden sujetas a acuerdos diferentes con cada contratista. El plus por altura y las compensaciones relacionadas con los rosters constituyen, en ese sentido, los principales componentes diferenciales del esquema acordado.

La referencia salarial del 40% debe interpretarse dentro de esas condiciones específicas. No significa que todos los trabajadores vinculados al proyecto perciban automáticamente el mismo porcentaje adicional en cualquier circunstancia: la remuneración dependerá de la tarea, categoría y modalidad de contratación, mientras que los beneficios particulares estarán asociados a las características del trabajo en la cordillera.

Un antecedente para las futuras obras mineras

El consenso adquiere especial relevancia para San Juan porque puede convertirse en un punto de referencia para las negociaciones que la UOCRA mantenga con otras compañías mineras. Fuentes gremiales señalan que el acuerdo constituye un antecedente para discutir condiciones laborales en nuevos emprendimientos de cobre, aunque los porcentajes y adicionales no necesariamente serán idénticos en otros yacimientos.

La construcción minera comienza así a incorporar reglas específicas en una provincia que concentra varios de los principales proyectos cupríferos del país. En el caso de Vicuña, la iniciativa contempla una inversión inicial estimada en US$9.700 millones, con el inicio de la construcción previsto para 2027 y una demanda de aproximadamente 12.000 empleos directos durante el pico de las obras, según información difundida sobre el proyecto.

La preparación de mano de obra ya forma parte de esa etapa previa. Vicuña y la Fundación UOCRA acordaron en septiembre capacitaciones en oficios, soldadura, electricidad, montaje y operación de maquinaria pesada, con el propósito de ampliar la disponibilidad de trabajadores formados para las futuras necesidades de construcción.

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