El sistema de provisión de medicamentos para jubilados atraviesa un momento de extrema fragilidad. Las principales entidades nacionales que representan a la actividad farmacéutica elevaron un reclamo formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante el persistente atraso en los pagos correspondientes al “Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes”, una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de la prestación en todo el territorio nacional.

El reclamo fue difundido públicamente y lleva la firma de referentes centrales del sector: Carlos Villagra, por la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA); Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF); Alejandra Gómez, del Colegio Farmacéutico (COFA); Damián Sudano, de la Federación Farmacéutica (FEFARA); y Sebastián Ercolessi, de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR).

Según detallaron, la demora en los pagos se inició el 10 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el mes de enero de 2026, afectando compromisos correspondientes a prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado. De acuerdo con el documento, algunos de los compromisos más antiguos ya acumulan un mes de atraso, generando un escenario de creciente incertidumbre en las farmacias prestadoras.

Las entidades expresaron “la inquietud e inseguridad” que se vive en el sector, y subrayaron que la viabilidad del convenio depende del cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente del segmento de anticipos. Ese mecanismo, explicaron, permite a las farmacias cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías y sostener la dinámica cotidiana de la prestación a los afiliados del PAMI.

“El funcionamiento del convenio descansa en un delicado equilibrio financiero”, advirtieron, al señalar que los pagos en término no sólo garantizan la reposición de medicamentos, sino que también permiten afrontar los crecientes costos operativos de las farmacias, en un contexto de inflación sostenida y aumento permanente de insumos, servicios y gastos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que el cumplimiento “altamente satisfactorio” de la provisión de medicamentos a jubilados se construyó sobre la base del respeto a los plazos acordados. En ese marco, alertaron que la actual mora impacta de manera directa en las cuentas con las droguerías, impide en muchos casos la reposición regular de medicamentos y pone en riesgo la próxima dispensa a los afiliados.

El documento también incorpora la preocupación manifestada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que advirtió sobre el impacto del atraso en toda la cadena de suministro. Desde esa entidad reclamaron no sólo la regularización inmediata de los pagos, sino también la definición de un cronograma cierto que permita evitar “situaciones de extrema complejidad” en un escenario ya tensionado.

En este sentido, las entidades farmacéuticas advirtieron que comienza a instalarse la posibilidad de suspender la reposición regular de medicamentos a las farmacias de todo el país, una situación que, de concretarse, podría derivar en una crisis sin precedentes en el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados.

El conflicto salarial en el sistema universitario vuelve a escalar tras la decisión del Ejecutivo de aplicar de manera unilateral un aumento del 2% a los salarios de los y las docentes universitarias, sin convocar a la paritaria específica del sector. La medida fue comunicada a través del Instructivo de Liquidación de Salarios, que también establece el pago de bonos extraordinarios por única vez, diferenciados según el tipo de cargo.

De acuerdo con lo dispuesto, los cargos simples percibirán un bono de 12.500 pesos, los semi exclusivos 25.000 pesos y los cargos exclusivos 50.000 pesos. Sin embargo, desde el ámbito universitario señalaron que estos montos no modifican la estructura salarial ni compensan la pérdida acumulada frente a la inflación, al tratarse de sumas no remunerativas y de carácter excepcional.

Las organizaciones docentes cuestionaron con dureza el alcance del incremento. “Está muy lejos de compensar la inflación acumulada”, advirtieron desde la representación gremial, al tiempo que señalaron que el aumento “sigue licuando los ingresos mes a mes”. En un contexto de inflación persistente y suba sostenida del costo de vida, el ajuste del 2% consolida, según los sindicatos, un deterioro que ya se arrastra desde meses anteriores.

Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad del congelamiento de la paritaria universitaria. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo mantiene suspendido ese ámbito de negociación de manera “arbitraria e ilegal”, pese a los reiterados reclamos y a la normativa vigente que regula las relaciones laborales en el sector. “El Gobierno insiste en desconocer la paritaria universitaria e imponer aumentos por decreto, como si los salarios docentes fueran una variable de ajuste”, señalaron.

El conflicto salarial se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema universitario. Desde el sector docente recordaron que existe un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que su cumplimiento permitiría destrabar de forma inmediata la discusión salarial. “La solución es simple: el Gobierno debe acatar el fallo de la Justicia y garantizar el financiamiento de las universidades”, afirmaron.

La falta de recomposición salarial impacta no sólo en el poder adquisitivo de los docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos afecta la dedicación académica, la investigación y la calidad del sistema educativo, en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre las casas de altos estudios.

Frente a este escenario, las organizaciones docentes anticiparon que se encaminan a retomar el plan de lucha en defensa de la universidad pública. Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay una convocatoria urgente a la paritaria universitaria y una propuesta salarial que contemple una recomposición acorde a la inflación y al costo de vida real.

El fuerte crecimiento de las compras “puerta a puerta” desde China, impulsado por la apertura importadora del Gobierno, convive con una industria que opera por debajo de sus niveles históricos y con un consumo interno en caída persistente. El fenómeno expone los límites de un modelo que prioriza la baja de la inflación vía salarios deprimidos y mayor ingreso de productos importados.

Un informe reciente del Intercambio Comercial Argentino (ICA) revela que los envíos bajo la modalidad “puerta a puerta” provenientes de China pasaron de 239 millones de dólares en 2024 a 894 millones en 2025. El salto representa un crecimiento interanual del 274%, explicado principalmente por compras de bajo valor unitario —indumentaria, artículos para el hogar, productos de belleza— realizadas a través de plataformas masivas como Temu y Shein.

Si bien estas importaciones aún representan una porción acotada del total —alrededor del 1,2% de las importaciones generales y cerca del 8% de los bienes de consumo—, su impacto sectorial resulta significativo. Rubros como el textil, el calzado y los artículos de bazar aparecen entre los más golpeados por la competencia externa. En diciembre pasado, la Fundación Proteger advirtió que “China invade el placard de los argentinos” con una avalancha de ropa de bajo costo y calidad discutible. Actualmente, el 70% de las importaciones textiles provienen del gigante asiático.

Este proceso se da en simultaneo un deterioro sostenido de la actividad industrial. De acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria opera un 10% por debajo de los niveles de 2023, en un contexto de “mayor competencia frente a la importación de bienes terminados”. La situación es particularmente crítica en sectores como el metalúrgico, que registra una caída del 15% respecto de sus máximos históricos y un uso de la capacidad instalada de apenas 45,2%, uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

En ese marco, las importaciones de productos metalúrgicos continúan creciendo mes a mes, con China como principal proveedor, profundizando la presión sobre la producción local. Desde el oficialismo se sostiene que la apertura importadora permitirá dinamizar el consumo a partir del acceso a productos más baratos. Sin embargo, la realidad del mercado interno muestra un escenario muy distinto.

La estrategia de controlar la inflación mediante un ancla salarial profundizó la pérdida del poder adquisitivo y consolidó una mayor fragmentación social. Mientras un segmento minoritario amplía su consumo de bienes importados, las grandes mayorías enfrentan ingresos cada vez más deteriorados, lo que mantiene deprimido el consumo masivo. Según datos del Indec, en noviembre volvió a caer el consumo en supermercados, con una baja interanual del 2,8% y un retroceso del 3,8% respecto de octubre, el peor registro intermensual de los últimos dos años. En mayoristas, la caída interanual fue del 8,3%, pese a un leve repunte mensual.

En los primeros once meses de 2025, el consumo acumuló un retroceso del 7,7% interanual, incluso en comparación con un 2024 que ya había sido particularmente negativo. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, sintetizó el panorama al señalar que en diciembre el consumo volvió a caer un 5,2% respecto del mismo mes del año anterior. “La falta de poder adquisitivo, la falta de financiamiento y de cuotas razonables y pagables generan esta situación”, afirmó.

El crecimiento explosivo de las compras “puerta a puerta” desde China funciona como un síntoma visible de un modelo económico que avanza sobre la industria local sin lograr reactivar el consumo interno. La apertura importadora, combinada con salarios deprimidos, beneficia a un segmento reducido mientras profundiza el deterioro productivo y la fragilidad del mercado interno. En ese equilibrio inestable, la baja de la inflación aparece como un logro parcial que no alcanza para compensar la caída del empleo, la producción y el poder de compra de la mayoría de la población. El desafío de fondo sigue siendo cómo reconstruir un sendero de crecimiento sin resignar tejido industrial ni profundizar la desigualdad social.