Este domingo 26 de octubre, la Argentina celebra elecciones legislativas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados. El oficialismo de Unión por la Patria se juega casi la mitad de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO buscará fortalecer su peso parlamentario. En un momento de polarización política y de debate por reformas estructurales, el resultado de estas elecciones será clave para definir el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos dos años.

Con 257 diputados en total, la Cámara Baja renovará casi la mitad de sus miembros en una elección que no solo determinará el futuro de los principales bloques políticos, sino también la viabilidad legislativa de las reformas económicas y laborales impulsadas por el Ejecutivo.

El peronismo pone en juego 46 de sus 98 bancas actuales, el PRO 21 escaños, La Libertad Avanza 8, Encuentro Federal 7 y la UCR 11. A su vez, Democracia Para Siempre arriesga 9 bancas, Innovación Federal y la Liga del Interior (ELI) 3 cada uno, la Coalición Cívica 4, y el Frente de Izquierda 3.

El oficialismo necesita al menos retener los lugares que hoy ocupa para no perder margen de maniobra legislativa, mientras que la oposición intentará ampliar su representación y acercarse al número que le permita alcanzar el quórum propio (129 diputados) o incluso los dos tercios necesarios para revertir vetos presidenciales.

El mapa actual

Antes de la elección, la distribución en la Cámara de Diputados es la siguiente:

Unión por la Patria (98 bancas)

La Libertad Avanza (37)

PRO (35)

Encuentro Federal (15)

UCR (14)

Democracia Para Siempre (12)

Innovación Federal (8)

Coalición Cívica y ELI (6 cada uno)

Frente de Izquierda (5)

Coherencia (4)

Independencia (3)

Además, con dos bancas aparecen Futuro y Libertad, el MID, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Con una banca se ubican Creo, Defendamos Santa Fe, el MPN, Republicanos Unidos, Somos Fueguinos y Unidos.

Provincias clave

Buenos Aires

La provincia más poblada del país y principal distrito electoral renueva 35 bancas. De ellas, 15 pertenecen a Unión por la Patria, 7 al PRO, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica, 2 a La Libertad Avanza, 2 a Democracia Para Siempre, 2 al Frente de Izquierda y 1 a la UCR.
Es el escenario donde se definirá gran parte del equilibrio del Congreso.

Ciudad de Buenos Aires

La Capital Federal elige 13 diputados. En juego hay 3 bancas del PRO, 3 de Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza, 1 de la UCR, 1 de Democracia Para Siempre, 1 de la Coalición Cívica, 1 del Frente de Izquierda y 1 de Republicanos Unidos.

Santa Fe y Córdoba

Dos provincias estratégicas del centro del país renuevan 9 bancas cada una.
En Santa Fe, el PRO y sus aliados arriesgan 5, Unión por la Patria 2, Encuentro Federal 1 y Defendamos Santa Fe 1.
En Córdoba, la UCR pone en juego 3, el PRO 2, Encuentro Federal 3 y Unión por la Patria 1.

Mendoza y Entre Ríos

Ambas provincias deben renovar 5 escaños.
En Mendoza, se juegan 2 de la UCR, 2 de Unión por la Patria y 1 de La Libertad Avanza.
En Entre Ríos, 2 de Unión por la Patria, 1 del PRO, 1 de la UCR y 1 de Democracia Para Siempre.

Región NEA

En Corrientes, se eligen 3 bancas, hoy distribuidas entre la UCR, Democracia Para Siempre y Unión por la Patria.
En Misiones, también 3, actualmente ocupadas por La Libertad Avanza, la UCR e Innovación Federal.
Chaco vota 4 escaños (2 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de Democracia Para Siempre), mientras que Formosa pone en juego 2 (una de Unión por la Patria y otra de Democracia Para Siempre).
En Santiago del Estero, las 3 bancas corresponden hoy al peronismo.

Región Cuyo y NOA

Catamarca renueva 3 diputados (2 de Unión por la Patria y 1 de la UCR); La Rioja, 2 (ambas del peronismo); y San Juan, 3 (2 de Unión por la Patria y 1 de Producción y Trabajo).
San Luis también elige 3, pertenecientes a Unión por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO.
En La Pampa, se disputan 3 bancas: una por Unión por la Patria, otra por el PRO y otra por Democracia Para Siempre.

En el norte, Tucumán elige 4 diputados (2 del bloque Independencia, 1 de la UCR y 1 de Creo); Salta, 3 (de Unión por la Patria, Innovación Federal y La Libertad Avanza); y Jujuy, 3 (peronismo, UCR y Frente de Izquierda).

Patagonia

Neuquén renueva 3 lugares (MPN, Unión por la Patria y UCR).
Río Negro, 2 (Innovación Federal y PRO).
Santa Cruz, 3 (Por Santa Cruz, UCR y Unión por la Patria).
Chubut, 2 (PRO y Unión por la Patria).
Finalmente, Tierra del Fuego elige 2 diputados, actualmente de Unión por la Patria y Somos Fueguinos, el bloque aliado a La Libertad Avanza.

Estas elecciones intermedias definirán no solo el nuevo mapa político del Congreso, sino también el grado de gobernabilidad y negociación del Ejecutivo en los próximos años.
Mientras La Libertad Avanza busca consolidar su poder parlamentario y avanzar con su agenda de reformas, el peronismo enfrenta el desafío de conservar su representación en un escenario electoral adverso.

El resultado será determinante para medir la fortaleza real de las coaliciones y el rumbo que tomará la política argentina hacia 2027.
Este domingo no solo se eligen diputados: se redefine el equilibrio del poder en la Argentina.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el Gobierno Nacional incurre en un incumplimiento inédito al suspender la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso. Gremios, universidades y la FUA avanzan con acciones judiciales y no descartan un plan de lucha nacional si el Ejecutivo no rectifica su postura.

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su sanción formal, los gremios docentes y el sistema universitario decidieron acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de ADICUS, calificó la decisión del Gobierno como una “burla institucional”. “El Congreso obliga al Ejecutivo a sancionar la ley, y el Gobierno la suspende en el mismo acto. Es algo sin precedentes en democracia”, expresó.

Barcelona explicó que el frente sindical universitario, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las autoridades académicas, impulsará una presentación judicial conjunta. “Vamos a acompañar la demanda para que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley y garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades”, señaló.

En este sentido, los gremios reclamarán la reapertura de las paritarias y la recomposición salarial de docentes e investigadores, cuyos ingresos se encuentran fuertemente deteriorados. “El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a paritarias y no lo hace. Además de incumplir la ley, desconoce los derechos laborales básicos del sector universitario”, sostuvo el dirigente.

Barcelona adelantó que el frente sindical se reunirá en plenario nacional durante los próximos días para definir un plan de acción con medidas de fuerza escalonadas, que acompañará el reclamo judicial. “Si la Justicia no actúa rápidamente y el Ejecutivo sigue incumpliendo, el conflicto universitario se va a profundizar”, advirtió.

El referente sindical también remarcó que esta actitud del Gobierno “rompe los consensos institucionales” y afecta directamente a la calidad del sistema universitario. “Es inaudito que un presidente se niegue a cumplir una ley. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia pediátrica y la de discapacidad. El Gobierno dice que suspende las normas hasta definir el presupuesto, pero está gobernando con el presupuesto prorrogado de 2022. Es una contradicción absoluta”, enfatizó.

La falta de financiamiento, añadió, golpea de lleno en el día a día de las universidades nacionales. “Hoy se está trabajando con lo mínimo: pagar luz, agua y gas. Pero los programas de investigación, los proyectos de campo, los incentivos docentes y las tareas de extensión están siendo recortados o suspendidos. Muchos docentes se van, y cuesta cubrir los cargos vacantes”, detalló.

El congelamiento de fondos también afecta al CONICET y a los colegios preuniversitarios, donde se resienten las becas y los programas de estímulo. Para Barcelona, el objetivo del ajuste es claro: “Este desfinanciamiento ataca la autonomía universitaria y busca disciplinar a las instituciones”.

En ese marco, el dirigente de ADICUS subrayó la importancia del rol ciudadano en defensa del sistema público de educación superior. “El Gobierno busca ganar tiempo hasta que cambie la composición del Congreso. Por eso llamamos a la sociedad a sostener la universidad pública, porque está en juego un modelo de país”, concluyó.

El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.