El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de desguace del sector vial, al avanzar con la privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona más de 19.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. La medida se produce pese a la oposición del Congreso y la justicia, que había suspendido la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La privatización de Corredores Viales es un paso más en el plan del gobierno para dejar de tener injerencia en los caminos del país. La empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el territorio nacional, y luego de eso «podrían disolverla», según piensan muchos en el sector. Las concesiones nuevas pasarán a manos privadas, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.

La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la privatización de Corredores Viales mediante la modalidad de «concesión por peaje». La medida se produce tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición «ordenada y eficiente».

El Impacto en las Rutas Argentinas

La privatización de Corredores Viales tendría un impacto significativo en las rutas argentinas. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), más del 60% de los caminos nacionales están en estadio regular o mal. La falta de mantenimiento y la privatización de las rutas podrían empeorar la situación, poniendo en riesgo la seguridad vial en el país.

La oposición al plan del gobierno es fuerte. El Congreso había rechazado una serie de decretos que buscaban reestructurar algunas entidades claves del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La justicia también había suspendido la disolución de la entidad, dictando un amparo para no cambiar el status de la misma.

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.

El Impacto de las Tasas de Interés

Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.

Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.

La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses la aplicación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, medida impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión judicial responde a una presentación realizada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Posadas), que había denunciado la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mecanismo de examen de idoneidad.

La suspensión del SEP en el Hospital Posadas es un golpe significativo a la política de ajuste del Gobierno en el sector salud. La medida había generado gran controversia y rechazo entre los trabajadores del sector, que argumentaban que el examen de idoneidad era un mecanismo de evaluación paralelo que desconocía los exámenes de idoneidad ya existentes dentro de la administración pública y configuraba un atentado contra los derechos laborales.

La jueza Forns determinó la suspensión de los efectos de la Resolución N° 26/24, que reglamentaba el SEP, limitando su aplicación al personal del Hospital Posadas. El freno judicial tendrá vigencia por seis meses, lapso durante el cual no podrá implementarse el nuevo sistema de evaluación en ese centro de salud. La decisión judicial fue celebrada por los profesionales del hospital como una nueva victoria sindical, en un contexto de creciente tensión en el sector de la salud pública.

La suspensión del SEP en el Hospital Posadas es un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la calidad de la salud pública. La CICOP-Posadas ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y la calidad de la salud pública frente a lo que definen como políticas de ajuste del Gobierno.