La Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó los lineamientos para los contratos de seguros de cese laboral, lo que permite reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo por un esquema privado de ahorro administrado por compañías de seguros. La medida genera preocupación entre sindicatos y especialistas, que advierten que el modelo apunta a debilitar la estabilidad laboral y desalentar la organización sindical.

La reglamentación del seguro de cese laboral es un paso más en la flexibilización laboral que busca destruir las barreras que hoy protegen a los trabajadores frente a los abusos del poder empresario. El Gobierno nacional busca eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un esquema privado de ahorro, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.

Cómo Funcionará el Seguro de Cese Laboral

El seguro de cese laboral permitirá a las empresas y sus empleados acordar reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo por un esquema privado de ahorro administrado por compañías de seguros. Los empleadores aportarán periódicamente fondos a cuentas especiales a nombre de cada trabajador en las aseguradoras, que se acumularán para cubrir una eventual desvinculación.

Riesgos para la Estabilidad Laboral y la Organización Sindical

La indemnización es una herramienta de protección contra los despidos arbitrarios y tiene una función disuasoria: hace económicamente costoso para las empresas despedir sin causa, contribuyendo así a garantizar estabilidad en el puesto de trabajo. El nuevo seguro, sin embargo, reduce drásticamente ese costo y podría facilitar despidos sin justificación. Los sindicatos advierten que este mecanismo forma parte de un proyecto más amplio para debilitar la capacidad de organización de los trabajadores y desalentar la agremiación.

Un Recuerdo a las AFJP

El esquema del seguro de cese laboral recuerda al sistema de las AFJP, cuyas inversiones en el mercado financiero terminaron perjudicando a millones de jubilados y fueron desmanteladas tras años de resultados negativos y denuncias de malversación. La reglamentación del seguro de cese laboral confirma que el Gobierno sigue decidido a desarmar las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó un petitorio a gobernadores y legisladores para exigir la derogación del Decreto 461/25, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los trabajadores advierten que la medida pone en riesgo la infraestructura vial, la producción y la cohesión territorial.

El STVyARA, encabezado por Graciela Aleñá, presentó este un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, solicitando el apoyo para derogar el decreto que ordena el cierre de Vialidad Nacional. La acción forma parte de un plan de lucha nacional que será replicado en todas las seccionales del gremio a lo largo del país.

El gremio advirtió que el cierre del organismo pone en riesgo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial estratégica que la DNV ha sostenido durante casi 93 años. En el documento entregado, se destacó que “es fundamental preservar el rol estratégico de Vialidad Nacional, garantizando una política pública de transporte que beneficie a toda la población y asegure un desarrollo equitativo y conectado”.

Entre los legisladores que ya han manifestado su apoyo al reclamo se encuentran Ricardo Herrera (Unión por La Patria, La Rioja); Juan Marino (Unión por la Patria, Buenos Aires); Mario Manrique (Unión por la Patria, Buenos Aires); Alejandro Vilca (PTS-FITU) y Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad), como también la asesora del Senador Nacional Mariano Recalde (Unión por La Patria).

El sindicato agradeció a quienes firmaron la recepción del petitorio por “escuchar el reclamo y ponerse del lado de los trabajadores”. En el texto dirigido a los gobernadores, se alertó sobre el impacto negativo del decreto en las economías regionales, el turismo, la producción agroindustrial y la transitabilidad nacional, advirtiendo que la desarticulación del organismo provocará un retroceso estructural sin precedentes.

La actividad aérea en Argentina se mantuvo en vilo en los últimos días debido a un conflicto laboral entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La situación se volvió crítica cuando ATEPSA anunció medidas de fuerza que afectarían vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, generando alarma entre usuarios y operadores del sector.

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, obligando tanto al gremio como a EANA a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Esto incluye dejar sin efecto las medidas de fuerza por parte de los trabajadores y también suspender los despidos ejecutados por la empresa estatal durante el período conciliatorio.

Sin embargo, la conciliación no resuelve el conflicto laboral de fondo. ATEPSA insiste en que los despidos son injustificados y que las condiciones laborales deben ser mejoradas. Los trabajadores denuncian presiones internas para frenar los reclamos y aseguran que no van a bajar los brazos. La situación sigue siendo tensa y podría generar nuevos conflictos en el futuro.

La intervención del Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Sin embargo, la pregunta es si esta medida será suficiente para resolver el conflicto laboral y evitar futuras interrupciones en la actividad aérea.