El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó un petitorio a gobernadores y legisladores para exigir la derogación del Decreto 461/25, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los trabajadores advierten que la medida pone en riesgo la infraestructura vial, la producción y la cohesión territorial.

El STVyARA, encabezado por Graciela Aleñá, presentó este un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, solicitando el apoyo para derogar el decreto que ordena el cierre de Vialidad Nacional. La acción forma parte de un plan de lucha nacional que será replicado en todas las seccionales del gremio a lo largo del país.

El gremio advirtió que el cierre del organismo pone en riesgo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial estratégica que la DNV ha sostenido durante casi 93 años. En el documento entregado, se destacó que “es fundamental preservar el rol estratégico de Vialidad Nacional, garantizando una política pública de transporte que beneficie a toda la población y asegure un desarrollo equitativo y conectado”.

Entre los legisladores que ya han manifestado su apoyo al reclamo se encuentran Ricardo Herrera (Unión por La Patria, La Rioja); Juan Marino (Unión por la Patria, Buenos Aires); Mario Manrique (Unión por la Patria, Buenos Aires); Alejandro Vilca (PTS-FITU) y Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad), como también la asesora del Senador Nacional Mariano Recalde (Unión por La Patria).

El sindicato agradeció a quienes firmaron la recepción del petitorio por “escuchar el reclamo y ponerse del lado de los trabajadores”. En el texto dirigido a los gobernadores, se alertó sobre el impacto negativo del decreto en las economías regionales, el turismo, la producción agroindustrial y la transitabilidad nacional, advirtiendo que la desarticulación del organismo provocará un retroceso estructural sin precedentes.

La actividad aérea en Argentina se mantuvo en vilo en los últimos días debido a un conflicto laboral entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La situación se volvió crítica cuando ATEPSA anunció medidas de fuerza que afectarían vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, generando alarma entre usuarios y operadores del sector.

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, obligando tanto al gremio como a EANA a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Esto incluye dejar sin efecto las medidas de fuerza por parte de los trabajadores y también suspender los despidos ejecutados por la empresa estatal durante el período conciliatorio.

Sin embargo, la conciliación no resuelve el conflicto laboral de fondo. ATEPSA insiste en que los despidos son injustificados y que las condiciones laborales deben ser mejoradas. Los trabajadores denuncian presiones internas para frenar los reclamos y aseguran que no van a bajar los brazos. La situación sigue siendo tensa y podría generar nuevos conflictos en el futuro.

La intervención del Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Sin embargo, la pregunta es si esta medida será suficiente para resolver el conflicto laboral y evitar futuras interrupciones en la actividad aérea.

La oposición logró aprobar en el Senado de manera contundente el aumento del 7,2% para las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el presidente Javier Milei anticipó que vetará todos los proyectos aprobados.

La sesión de este jueves estuvo marcada desde la previa por las denuncias de «golpe institucional» de parte de funcionarios como Patricia Bullrich y Guillermo Francos, que llevaron incluso a un fuerte cruce con la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”, dijo en la previa la ministra de Seguridad a través de su cuenta de X.

En este sentido la vicepresidenta realizó un muy duro descargo en redes sociales, apuntando directamente contra la ministra de Seguridad de la Nación. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, comenzó duramente la vicepresidenta en una publicación en la cuenta de X.

Al final del mismo texto, Villarruel le dijo a la titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich que “antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional”, ya que “el Senado es la casa de las provincias” y en la Carta Magna “dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

El aumento de las jubilaciones

El aumento del 7,2% para las jubilaciones es una medida que busca mejorar la situación de los jubilados y pensionados. Además, se aprobó un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos. La oposición argumentó que esta medida es necesaria para garantizar la dignidad y el bienestar de los adultos mayores.

La oposición impuso su criterio en el Senado para considerar válidos los despachos de aumentos a las jubilaciones, la extensión de la moratoria y la declaración de la emergencia por Discapacidad, por lo que esos proyectos estaban en condiciones de tratarse en la sesión de este jueves y avanza el debate en el recinto.

El veto de Milei

El presidente Milei anticipó que vetará todos los proyectos aprobados en el Senado. Además, aseguró que si el Congreso revierte el veto, judicializará el caso. La oposición deberá decidir si insiste con los proyectos o si busca una solución alternativa.

La aprobación de los proyectos de ley es importante para la oposición, ya que busca mejorar la situación de los jubilados y las personas con discapacidad. Sin embargo, el veto de Milei podría complicar la situación y generar un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.