La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó un plan de retención de tareas que afectará la actividad aérea durante las vacaciones de invierno. Las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales entre el 11 y el 30 de julio, y podrían complicar la programación de vuelos en todo el país.

El conflicto entre los controladores aéreos y el Gobierno lleva más de diez meses sin respuestas satisfactorias. ATEPSA denunció que las autoridades buscan obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga al declarar la actividad como servicio esencial. Los gremios advirtieron que la medida exceptuará vuelos sanitarios, humanitarios y de búsqueda y rescate, pero apunta directamente a los vuelos comerciales.

Impacto en la actividad aérea

Las interrupciones, que afectarán autorizaciones de despegues, movimientos en pista y recepción de planes de vuelo, se aplicarán en los siguientes días y horarios. La medida coincide con los períodos de receso escolar en todo el país, lo que podría generar un alto riesgo de cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones masivas.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre el fuerte impacto de las medidas. El sector turístico también se expresó en contra del paro, ya que podría afectar la llegada de visitantes a la capital durante el receso invernal.

Posibles soluciones

El plenario sindical del 10 de julio podría ser el primer paso hacia una acción más amplia. Los gremios necesitan una respuesta colectiva, contundente y organizada para resolver el conflicto. La reunión entre ATEPSA y EANA del próximo jueves será clave para definir si el conflicto escala o si se logra una salida negociada.

Los trabajadores estatales protagonizaron una jornada de protesta frente a los organismos alcanzados por los decretos 461 y 462/2025, que incluyen el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y distintas asambleas multisectoriales impulsaron ruidazos, movilizaciones y actos en distintos puntos del país.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei generaron un amplio rechazo en el sector público y en la sociedad en general. La medida implica un cambio profundo en el manejo de los fondos y la estructura de los organismos afectados, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo científico, productivo y tecnológico del país. Los trabajadores del INTI, INTA y Vialidad Nacional denunciaron recortes, pérdida de funciones y despidos, y advirtieron que la nueva estructura «pone en jaque» al organismo y limita sus funciones.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y contundente. La ATE y las asambleas multisectoriales organizaron protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar al Gobierno para que revea sus decisiones. Los trabajadores denunciaron que los decretos «se traducen en un daño social irreparable y sin precedentes en la democracia» y cuestionaron el uso de las facultades delegadas del Ejecutivo.

El impacto en los organismos

La disolución de Vialidad Nacional y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial podrían tener graves consecuencias para el país. La gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedaría a cargo de Gendarmería, lo que podría comprometer la seguridad vial y la calidad de las rutas. Además, la pérdida de autarquía de los organismos podría afectar la calidad de los productos y servicios que brindan.

La posición del Gobierno

El Gobierno defiende los decretos argumentando que son necesarios para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, los trabajadores y los expertos han cuestionado la falta de debate y consulta en la implementación de estas medidas. La situación sigue siendo tensa y se espera que las protestas y movilizaciones continúen en los próximos días.

La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, criticó duramente la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y acusó a Javier Milei y Federico Sturzenegger de generar «Rutas Nacionales de la Muerte». Según Aleñá, esta medida es un claro ejemplo de la ideología del gobierno de achicar el Estado y beneficiar a los privados.

La disolución de Vialidad Nacional es una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en el sector vial y en la sociedad en general. Según Aleñá, esta medida es un golpe a la infraestructura vial y la seguridad, ya que la DNV es un organismo clave para el mantenimiento y la planificación de las rutas nacionales. La dirigente sindical afirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es ideológica y busca beneficiar a los privados, y que la misma va a generar un aumento en la inseguridad vial y un deterioro en la calidad de las rutas.

La importancia de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional es un organismo que tiene una presencia territorial real en todo el país y que soluciona problemas en las rutas diariamente. Según Aleñá, la DNV tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial, y su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento en las obras públicas. La sindicalista destacó que la DNV no solo se encargaba del mantenimiento de las rutas, sino que también tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas.

El cierre de Vialidad Nacional va a generar un impacto negativo en la infraestructura vial del país. Según Aleñá, la medida va a dejar sin mantenimiento ni cobertura a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, lo que va a aumentar el riesgo de accidentes y va a afectar la economía local y el empleo público. La referente de los trabajadores viales afirmó que la decisión del Ejecutivo es un golpe a la conectividad federal y que va a beneficiar solo a los privados que van a lucrar con las rutas.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno justificó la disolución de Vialidad Nacional argumentando que el organismo tiene una estructura compleja y onerosa que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión. Sin embargo, Aleñá desmintió esta afirmación y afirmó que la DNV tiene una presencia territorial real y que soluciona problemas en las rutas diariamente. La dirigente sindical destacó que la decisión del Gobierno es ideológica y que busca beneficiar a los privados.