Los gremios de Vialidad Nacional y del transporte rechazaron la medida del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y advirtieron sobre el impacto que tendrá en la tasa de accidentes en las rutas nacionales. La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) convocó a una asamblea para definir las acciones a seguir en defensa del organismo.

La disolución de Vialidad Nacional es una medida que causó un amplio rechazo en el sector vial y del transporte. Los gremios que forman parte del organismo manifestaron su preocupación por el futuro de los puestos de trabajo y por el estado de las rutas nacionales, que podrían sufrir un deterioro significativo debido a la falta de inversiones. La secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, calificó la medida como una «decisión profundamente ideológica» que se enmarca en la política de achicamiento del Estado del gobierno actual.

Tras el anuncio, la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), y otros gremios con representación en Vialidad, como ATE, convocaron a una asamblea general para mañana a las 10 de la mañana. La cita será en la sede central de Vialidad Nacional, bajo la consigna «¡A seguir luchando en defensa de VIALIDAD NACIONAL!». Se espera que durante esta asamblea se definan las próximas acciones a seguir por parte de los trabajadores, quienes se declararon en estado de alerta y movilización.

El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, dispuesta por el presidente Javier Milei, busca reorganizar la política vial y dar apertura a la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre su impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.

Análisis de la medida

La disolución de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial es una medida que busca reducir la intervención estatal en la política vial y promover la participación del sector privado. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias negativas en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. La falta de inversión en la conservación y mantenimiento de las rutas puede generar un deterioro en la calidad de las mismas, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes y reducir la eficiencia del transporte.

La reorganización de la CNRT

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva agencia será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Sin embargo, no está claro cómo se garantizará la independencia y la transparencia en la toma de decisiones de esta nueva agencia.

La licitación de rutas

El Gobierno también anunció que dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, pero no está claro como seleccionará a los concesionarios. La falta de transparencia y la posibilidad de que se priorice la rentabilidad sobre la calidad del servicio pueden generar problemas en la prestación del servicio.

El presidente Javier Milei lanzó una ofensiva directa contra los jueces del fuero del trabajo, acusándolos de obstaculizar su programa de reformas y de proteger intereses sindicales. Mientras promete desarticular la llamada “industria del juicio”, se multiplican las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial. Se abre una etapa cargada de confrontación, con profundas implicancias políticas y jurídicas.

La retórica presidencial sumó en las últimas semanas un nuevo blanco predilecto: los magistrados del fuero laboral. En un clima cada vez más impregnado de hostilidad hacia las instituciones que, desde su perspectiva, entorpecen la implementación del ajuste estructural y el rediseño normativo del Estado, Javier Milei decidió confrontar abiertamente con una rama clave del Poder Judicial. El detonante fue una sucesión de fallos adversos que limitaron la aplicación de decretos presidenciales —particularmente los DNU 70, 340 y 430—, considerados esenciales por el oficialismo para desregular el sistema de trabajo, restringir el derecho de huelga y suprimir beneficios estatales.

Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, el Presidente no solo replicó publicaciones en redes que convocaban a aplicar la “motosierra” sobre “la industria del juicio”, sino que también avaló el inicio de una campaña política y discursiva que apunta directamente contra la legitimidad y autonomía del fuero laboral. Desde Casa Rosada se habla de jueces que “han destruido a las pymes”, “atrasan un siglo” y que “deben ser sometidos a jury” por su presunta connivencia con intereses corporativos. La jueza Moira Fullana, autora de varios fallos contrarios a decretos oficiales, se convirtió en emblema de esta avanzada y fue estigmatizada públicamente como “militante” por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El discurso del enemigo interno y el riesgo de la estigmatización institucional

La embestida oficial se sostiene sobre una narrativa que equipara a la Justicia del Trabajo con una suerte de brazo jurídico del sindicalismo. El Gobierno afirma que existe un entramado entre estudios jurídicos, peritos judiciales y jueces que, lejos de garantizar derechos laborales, habrían erigido un sistema de litigiosidad funcional a prácticas abusivas. Bajo esta lógica, los fallos judiciales no se evalúan por sus fundamentos, sino por sus efectos sobre el plan económico oficial.

Este planteo no es nuevo. Mauricio Macri ya había hablado, en 2017, de una “mafia de los juicios laborales”, apuntando contra abogados laboralistas y el entonces diputado Héctor Recalde. Sin embargo, la diferencia en el caso actual radica en el nivel de confrontación institucional. El Ejecutivo no se limita a cuestionar políticas o reformas puntuales, sino que desafía el equilibrio de poderes al instalar la idea de que una parte del Poder Judicial actúa como oposición encubierta.

La utilización del término “industria del juicio” como sinónimo de corrupción estructural dentro del sistema judicial laboral no solo desacredita la legitimidad del fuero, sino que desplaza el foco desde el análisis técnico o jurídico hacia el terreno del linchamiento mediático y político. Proponer públicamente investigar patrimonios y exponer rostros y nombres de jueces —como deslizan algunos funcionarios— erosiona principios básicos del Estado de Derecho.

Riesgos del modelo libertario: entre la judicialización creciente y el vaciamiento normativo

El argumento central que esgrime el oficialismo para sostener esta ofensiva es el crecimiento exponencial de la litigiosidad dentro del sistema de riesgos del trabajo. Según datos de la UART, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron más de 126 mil demandas, una cifra que —proyectan— podría superar las 130 mil en 2025. Para el Ejecutivo, este fenómeno tiene como causa central la existencia de pericias médicas “infladas” y tasas de interés judiciales consideradas “desproporcionadas”, que habrían convertido al reclamo laboral en un negocio más que en una herramienta de justicia.

Sin embargo, reducir el fenómeno a un problema de “oportunismo legal” ignora dimensiones estructurales del mercado laboral argentino: informalidad extendida, precarización creciente, incumplimientos empresariales y deficiencias sistémicas en los mecanismos de prevención de accidentes. Además, si bien la litigiosidad es preocupante, también lo es el desmantelamiento de organismos estatales que regulaban la materia —como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— y la falta de una política articulada para reformar el sistema sin desproteger al trabajador.

El Gobierno apuesta, en el corto plazo, a encontrar respaldo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por la Corte Suprema a intervenir en causas del fuero nacional. Esta jugada, resistida por buena parte de los magistrados nacionales, abre la puerta a una transformación de fondo: el traspaso efectivo de la Justicia laboral y comercial al ámbito porteño, en cumplimiento de la reforma constitucional de 1994. No obstante, el propio oficialismo reconoce que sin ese traspaso, sus posibilidades de incidir directamente en el funcionamiento del fuero son limitadas.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia Laboral representa mucho más que una disputa coyuntural. Es la expresión visible de un modelo político que desconfía de los contrapesos institucionales y busca consolidar una lógica de verticalismo regulatorio, en la cual el Poder Judicial debe limitarse a convalidar los lineamientos gubernamentales. En nombre de la eficiencia, se difunden discursos que igualan la defensa de derechos con la obstrucción al progreso.

El debate sobre la disputas laborales, los abusos en la judicialización y la necesidad de modernizar procedimientos es legítimo y necesario. Pero cuando se transforma en una cruzada para disciplinar jueces, silenciar opiniones divergentes o condicionar fallos mediante la amenaza pública, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la salud misma del orden republicano.

La motosierra, elevada a símbolo de época, corre el riesgo de volverse una amenaza no solo para el “gasto público” sino también para el delicado entramado de garantías constitucionales que sostienen el Estado democrático