La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) están en disputa debido a la falta de pago de una diferencia salarial pactada en la última paritaria. La medida de fuerza anunciada por el gremio fue desactivada tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria.

El foco del problema es el descuento del día del último paro y la falta de pago de una diferencia salarial pactada en la última paritaria. La medida de fuerza anunciada por el gremio días atrás fue suspendida tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria.

La posición de la UTA

La UTA cuestionó duramente la medida y apuntó contra ATAP por incumplimientos salariales. El secretario General de UTA San Juan, Héctor Maldonado, criticó con dureza la intervención del gobierno, «esta conciliación obligatoria no tiene ningún sentido. Nos sorprendió muchísimo. No se puede llamar a conciliar lo ya conciliado», expresó.

El malestar sindical se agravó luego de que el pasado 17 de junio no se abonara la diferencia salarial pactada. «Jamás se comunicaron con nosotros, ni siquiera para avisar que no se iba a pagar. No se pagó y punto. Al mejor estilo ATAP: atropellando y usando a los trabajadores como moneda de cambio con respecto a los subsidios y compensaciones tarifarias», denunció Maldonado.

El pedido al gobierno

El titular de UTA pidió un accionar más equitativo por parte del Estado provincial, «así como a nosotros se nos dictan conciliaciones, se nos declaran medidas ilegales o se nos imponen multas, esperamos que el gobierno intime a la Cámara Empresaria a cumplir lo que firma. Porque nosotros estamos pagando el costo político de la inoperancia empresarial y gubernamental».

La posibilidad de nuevas medidas de fuerza sigue latente. Si no hay avances concretos en el cumplimiento del acuerdo salarial, la UTA podría retomar el plan de lucha. Por ahora, el servicio continúa con normalidad, pero con un trasfondo cada vez más tenso entre trabajadores, empresarios y el Estado.

Un relevamiento nacional realizado por Inquilinos Agrupados reveló que el 67% de los hogares inquilinos destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que un 14% gasta incluso más del 60%. La situación es de extrema gravedad social y refleja un escenario de fuerte ajuste y endeudamiento entre quienes alquilan.

La crisis del alquiler en Argentina es un problema que afecta a millones de personas. Según el relevamiento de Inquilinos Agrupados, el 72% de los hogares arrastra deudas, principalmente con tarjetas de crédito, por alimentos, por alquiler y por salud. El impacto es más severo en sectores vulnerables como los jubilados, quienes destinan en promedio un 49% de sus haberes a la vivienda.

El ajuste y el endeudamiento

La forma en que se ajustan los contratos también juega un rol clave en la crisis. El 78% de los alquileres se actualiza cada seis meses y el 55% lo hace según la inflación (IPC), lo que expone a los inquilinos a una mayor incertidumbre. Solo un 16% de los contratos tiene actualizaciones anuales. Esto genera un escenario de incertidumbre y miedo para los inquilinos, que se ven obligados a ajustar sus gastos para poder pagar el alquiler.

El impacto en la calidad de vida

El 66% de las familias encuestadas redujo sus gastos en alimentos, el 53% lo hizo en salud y el 94% dejó de salir o realizar actividades recreativas. Esto refleja un escenario de fuerte ajuste y sacrificio para los hogares que alquilan. La situación es aún más grave si se considera que el acceso a un techo digno se volvió un lujo para gran parte de los trabajadores y trabajadoras.

La incertidumbre y el miedo

El 89% de los encuestados expresó temor a no poder pagar el alquiler en los próximos meses. Esto refleja un escenario de incertidumbre y miedo para los inquilinos, que se ven obligados a vivir con la incertidumbre de no saber si podrán pagar el alquiler. La situación es de extrema gravedad social y requiere una atención inmediata.

La CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario de 48 horas y una Marcha Federal en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. La medida de fuerza busca exigir al Gobierno nacional una urgente actualización salarial y el tratamiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario.

La comunidad universitaria se mantiene firme en su defensa de la educación pública frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei, que han generado un profundo desfinanciamiento del sistema universitario público argentino. La CONADU Histórica, que representa a los docentes universitarios, convocó a un paro nacional de 48 horas los días 26 y 27 de junio, y a una Marcha Federal el miércoles 26 de junio, para exigirle al Gobierno nacional que brinde respuestas concretas a las demandas y necesidades del sector.

La Crisis Educativa se Profundiza

La crisis educativa se profundiza en Argentina, y la falta de respuestas del Gobierno nacional y la persistente negativa a convocar a paritarias han llevado a los docentes universitarios a unirse a una nueva medida de fuerza nacional. La Ley de Financiamiento Universitario, presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino.

La Marcha Federal del miércoles 26 de junio será una muestra de unidad en defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Docentes, no docentes, estudiantes y sectores sociales en general se unirán para exigir al Gobierno nacional que brinde respuestas concretas a las demandas y necesidades del sector. La marcha será una oportunidad para que la comunidad educativa y la sociedad en general se pronuncien en defensa de la universidad pública y el acceso igualitario a la educación superior.