El Ejecutivo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina para reducir costos y achicar estructuras. El recorte alcanzaría a la TV Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo capítulo del ajuste en los medios públicos. A través de un plan de retiros voluntarios, la administración de Milei busca reducir cerca de 500 puestos de trabajo en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que gestiona la TV Pública y Radio Nacional. La meta oficial es concretar el recorte antes de fin de año, lo que implicaría una disminución aproximada del 20% sobre una planta total de unos 2.400 empleados.

La iniciativa genera un fuerte rechazo entre los trabajadores y los gremios del sector, que advierten sobre el impacto en la producción de contenidos, el alcance federal del sistema y la continuidad de señales clave. El ajuste no se limitará a la TV Pública y Radio Nacional, sino que también abarcará a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Canal 12 de Trenque Lauquen.

Según trascendió, el expediente administrativo ya se encuentra listo para iniciar su recorrido formal, lo que habilitaría la puesta en marcha del plan en las próximas semanas. La estrategia forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y reorganización del esquema de medios estatales.

La estrategia oficial y el foco en Radio Nacional

La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio, impulsa una serie de medidas orientadas a recortar costos operativos. Entre ellas se incluyen la reducción de coproducciones televisivas, la revisión de contratos de programación y la reorganización de estructuras en Radio Nacional.

En el caso de la radio pública, el ajuste proyectado es más profundo. Desde el entorno oficial sostienen que la emisora presenta una dotación sobredimensionada, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios distribuidas en todo el país. Al mismo tiempo, reconocen que, a diferencia de las emisoras privadas, Radio Nacional debe sostener producción local en cada una de sus estaciones, un punto que tensiona la viabilidad del recorte.

Dentro del plan también figura la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026. Además, se analiza dar por finalizados contratos vigentes o reconvertirlos en esquemas de coproducción, ante la falta de presupuesto para sostener la programación actual.

Desde el Gobierno destacan que, pese a los ajustes, Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas del país, de acuerdo con mediciones de Kantar Ibope Media, un dato que utilizan como argumento para defender la reorganización en marcha.

Marco político y administrativo

El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, a la espera de la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema quedó oficializado a través del Decreto 866/25, que creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La nueva subsecretaría concentra ahora bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales, consolidando el control político y administrativo del sistema de medios estatales en un contexto de redefinición profunda de su rol.

El ajuste en los medios públicos se inscribe en una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios derivó en la salida de unos 200 trabajadores, una cifra menor a la esperada, mientras que otros empleados se incorporaron tras el cierre de Télam.

Con las privatizaciones descartadas por el Congreso, el Ejecutivo apuesta ahora a una reducción más agresiva del personal como vía para achicar el gasto y reformular el funcionamiento de los medios estatales. El nuevo plan, sin embargo, profundiza el conflicto con los gremios y abre un debate de fondo sobre el futuro, la misión y el alcance de los medios públicos en la Argentina.

La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines fue violentada durante el fin de semana. Destruyeron oficinas, equipos y documentación. El hecho ocurre a pocos días de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un grave episodio de violencia sacudió al movimiento sindical argentino en las últimas horas. La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el co–secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue blanco de un ataque vandálico de gran magnitud durante el fin de semana.

El edificio, ubicado sobre la avenida Juan de Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires, fue violentado por personas que ingresaron por la parte superior del inmueble en un horario que aún no pudo ser determinado. Según las primeras informaciones, los atacantes desactivaron y arrancaron las cámaras de seguridad antes de avanzar con los destrozos en el interior del sindicato.

Puertas forzadas, oficinas destruidas, computadoras inutilizadas y abundante documentación revuelta componen el saldo del ataque. El nivel de daño registrado refuerza la gravedad del episodio y encendió alarmas dentro del gremio y en el conjunto de la dirigencia sindical.

“Está todo el sindicato revuelto, puertas y computadoras rotas, papelerío por todos lados. Destruyeron el gremio, está todo destruido”, describió Jerónimo en declaraciones radiales. El dirigente expresó además su preocupación por el mensaje implícito del ataque y reclamó una respuesta inmediata del sistema judicial: “Esperamos que actúe rápida y eficazmente la Justicia, que investigue lo que pasó. Nos preocupa por demás”.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para relevar daños, levantar rastros y avanzar con las pericias que permitan esclarecer lo sucedido. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, aunque la investigación continúa en curso.

El ataque se produce en un contexto de elevada conflictividad política y sindical, marcado por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, la CGT convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre, en rechazo a los cambios propuestos, y Jerónimo fue uno de los dirigentes que se expresó públicamente contra la iniciativa y participó activamente de la organización de la protesta.

Si bien desde fuentes cercanas a la causa evitaron adelantar conclusiones, el episodio es analizado dentro del clima de tensión que atraviesa al movimiento obrero. La destrucción selectiva de infraestructura y documentación, sumada a la desactivación previa de las cámaras, refuerza la preocupación en torno a una posible maniobra de intimidación.

El hecho reaviva además el debate sobre los límites de la confrontación política y el riesgo de que la violencia se instale como método de presión en un escenario ya atravesado por profundas disputas sociales y económicas.

El nuevo integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, analizó los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que los cambios propuestos afectan salarios, financiamiento sindical y negociación colectiva. Según sostuvo, el proyecto avanza hacia un modelo de relaciones individuales que deja al trabajador en una posición de mayor vulnerabilidad frente al empleador.

La reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso sigue generando un fuerte rechazo en el movimiento sindical. En ese marco, el secretario general del Sindicato del Seguro y flamante cotitular de la CGT, Jorge Sola, planteó una advertencia directa: los cambios propuestos no solo modifican reglas administrativas, sino que alteran principios estructurales del derecho del trabajo y del sistema de representación gremial.

“Este proyecto ataca principios básicos de protección y deja al trabajador mucho más indefenso”, afirmó Sola, al analizar el impacto que la iniciativa tendría sobre la negociación colectiva, los salarios y el rol histórico de los sindicatos como contrapeso del poder empresarial.

Uno de los ejes centrales del debate es la cuestión de la cuota sindical y el mecanismo de afiliación. En ese punto, Sola buscó aclarar conceptos que —según señaló— suelen ser distorsionados en la discusión pública. Recordó que la afiliación gremial es una opción constitucional del trabajador y que el descuento de la cuota solo se realiza cuando existe una manifestación expresa de voluntad. “Si el trabajador no firma su ficha de afiliación, no se le descuenta nada. No es un aporte automático ni uniforme”, subrayó.

Actualmente, las empresas cumplen el rol de agentes de retención de esa cuota, que financia la actividad sindical, desde la negociación paritaria hasta los servicios sociales y de asistencia. Sola diferenció este mecanismo de las contribuciones solidarias acordadas en algunas paritarias, aclarando que no se aplican en todos los gremios ni de manera generalizada. “Son figuras distintas y hay que entenderlas como tales”, remarcó.

Análisis: el trasfondo del financiamiento y la negociación colectiva

Según explicó el dirigente, la cuota sindical suele representar entre el 1% y el 2% del salario, y permite sostener no solo la representación gremial, sino también una red de prestaciones que, en muchos casos, alcanza incluso a trabajadores no afiliados: turismo social, subsidios escolares, cobertura de salud y beneficios sociales.

En ese punto, Sola cuestionó el uso del concepto de free rider —frecuente en los argumentos oficiales— para justificar la eliminación o restricción de las contribuciones. “Se plantea que hay quienes pagan y quienes reciben los mismos beneficios sin aportar, pero ese razonamiento no refleja la diversidad de situaciones reales ni el funcionamiento del sistema sindical argentino”, sostuvo.

Uno de los cambios más sensibles del proyecto es que las empresas “podrán” retener las cuotas sindicales, en lugar de hacerlo de manera obligatoria cuando existe afiliación. Para Sola, esa modificación introduce una desregulación que afecta la previsibilidad financiera de los gremios. “La empresa queda liberada a decidir si retiene o no, siempre con aval del trabajador. Eso altera el sistema solidario y debilita la estructura de financiamiento sindical”, advirtió.

Desde su mirada, la reforma rompe con dos pilares del derecho laboral: el principio protector y la progresividad de los derechos. En lugar de fortalecer la negociación colectiva, el proyecto promueve acuerdos individuales entre trabajador y empleador. “Se fomenta una relación mano a mano que, en un contexto de desigualdad, siempre deja al trabajador en desventaja”, afirmó.

Sola también alertó sobre la intención de fortalecer sindicatos por empresa en detrimento de los sindicatos por actividad, un esquema que, según señaló, fragmenta la representación y debilita el poder de negociación. “Es una lógica que va a la baja del reconocimiento del trabajo y del rol colectivo de los laburantes”, sintetizó.

Para el dirigente de la CGT, la reforma laboral no puede analizarse solo como un conjunto de cambios técnicos. Detrás del proyecto —advirtió— existe una redefinición profunda del modelo de relaciones laborales en la Argentina. “No se trata únicamente de salarios o aportes, sino de qué tipo de protección va a tener el trabajador y qué lugar van a ocupar los sindicatos en la defensa de esos derechos”, concluyó.