Los trabajadores estatales protagonizaron una jornada de protesta frente a los organismos alcanzados por los decretos 461 y 462/2025, que incluyen el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y distintas asambleas multisectoriales impulsaron ruidazos, movilizaciones y actos en distintos puntos del país.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei generaron un amplio rechazo en el sector público y en la sociedad en general. La medida implica un cambio profundo en el manejo de los fondos y la estructura de los organismos afectados, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo científico, productivo y tecnológico del país. Los trabajadores del INTI, INTA y Vialidad Nacional denunciaron recortes, pérdida de funciones y despidos, y advirtieron que la nueva estructura «pone en jaque» al organismo y limita sus funciones.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y contundente. La ATE y las asambleas multisectoriales organizaron protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar al Gobierno para que revea sus decisiones. Los trabajadores denunciaron que los decretos «se traducen en un daño social irreparable y sin precedentes en la democracia» y cuestionaron el uso de las facultades delegadas del Ejecutivo.

El impacto en los organismos

La disolución de Vialidad Nacional y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial podrían tener graves consecuencias para el país. La gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedaría a cargo de Gendarmería, lo que podría comprometer la seguridad vial y la calidad de las rutas. Además, la pérdida de autarquía de los organismos podría afectar la calidad de los productos y servicios que brindan.

La posición del Gobierno

El Gobierno defiende los decretos argumentando que son necesarios para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, los trabajadores y los expertos han cuestionado la falta de debate y consulta en la implementación de estas medidas. La situación sigue siendo tensa y se espera que las protestas y movilizaciones continúen en los próximos días.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se reunirá el 14 de julio para determinar los nuevos montos salariales para los trabajadores y trabajadoras de la actividad. Los gremios denuncian una pérdida salarial de hasta el 20% desde enero y reclaman un ajuste en las remuneraciones mínimas.

El personal de casas particulares han estado sometidos a un congelamiento salarial desde enero pasado, lo que ha generado una pérdida significativa en su poder adquisitivo. Los salarios mínimos se fijaron en $2.863 por hora para tareas de limpieza con retiro y $3.089 sin retiro, mientras que los salarios mensuales básicos se fijaron en $351.233 con retiro y $390.567 sin retiro. Sin embargo, los gremios consideran que estos incrementos son insuficientes frente a la inflación y reclaman un ajuste en las remuneraciones mínimas.

La reunión del 14 de julio será clave para definir un posible ajuste en haberes mínimos para el sector. La CNTCP, que se reunirá en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, analizará la evolución de las remuneraciones mínimas y buscará encontrar una solución. Los gremios han denunciado una pérdida salarial de hasta el 20% desde enero y reclaman un ajuste urgente en las remuneraciones.

La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, criticó duramente la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y acusó a Javier Milei y Federico Sturzenegger de generar «Rutas Nacionales de la Muerte». Según Aleñá, esta medida es un claro ejemplo de la ideología del gobierno de achicar el Estado y beneficiar a los privados.

La disolución de Vialidad Nacional es una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en el sector vial y en la sociedad en general. Según Aleñá, esta medida es un golpe a la infraestructura vial y la seguridad, ya que la DNV es un organismo clave para el mantenimiento y la planificación de las rutas nacionales. La dirigente sindical afirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es ideológica y busca beneficiar a los privados, y que la misma va a generar un aumento en la inseguridad vial y un deterioro en la calidad de las rutas.

La importancia de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional es un organismo que tiene una presencia territorial real en todo el país y que soluciona problemas en las rutas diariamente. Según Aleñá, la DNV tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial, y su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento en las obras públicas. La sindicalista destacó que la DNV no solo se encargaba del mantenimiento de las rutas, sino que también tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas.

El cierre de Vialidad Nacional va a generar un impacto negativo en la infraestructura vial del país. Según Aleñá, la medida va a dejar sin mantenimiento ni cobertura a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, lo que va a aumentar el riesgo de accidentes y va a afectar la economía local y el empleo público. La referente de los trabajadores viales afirmó que la decisión del Ejecutivo es un golpe a la conectividad federal y que va a beneficiar solo a los privados que van a lucrar con las rutas.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno justificó la disolución de Vialidad Nacional argumentando que el organismo tiene una estructura compleja y onerosa que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión. Sin embargo, Aleñá desmintió esta afirmación y afirmó que la DNV tiene una presencia territorial real y que soluciona problemas en las rutas diariamente. La dirigente sindical destacó que la decisión del Gobierno es ideológica y que busca beneficiar a los privados.