El Gobierno nacional publicó un decreto que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo de entre 50 y 75% en caso de conflicto sindical. La medida generó preocupación entre los sindicatos y los trabajadores, ya que vulnera el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

El decreto de necesidad y urgencia 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece que los conflictos colectivos que afecten la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental deberán garantizar un funcionamiento mínimo. En el caso de los servicios esenciales, se establece un mínimo del 75% de la prestación normal del servicio, mientras que para las actividades de importancia trascendental, el mínimo será del 50%. Esta medida implica una restricción significativa al derecho a huelga, ya que los trabajadores y los sindicatos deberán garantizar un nivel de servicio que puede ser difícil de cumplir en caso de conflicto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han expresado su rechazo a la medida, argumentando que vulnera el derecho a huelga y la libertad sindical. Según los críticos, esta medida es un intento del Gobierno de limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y de debilitar su poder de presión en caso de conflicto. Además, la medida puede generar un desequilibrio en la relación entre empleadores y empleados, favoreciendo a los primeros en detrimento de los segundos.

La limitación del derecho a huelga y la ampliación de las actividades esenciales es una medida que afecta directamente a los trabajadores y sus organizaciones. La imposición de un funcionamiento mínimo en caso de conflicto sindical puede limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y obligarlos a aceptar condiciones desfavorables. Además, la medida puede ocacionar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo, lo que puede afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

El Ejecutivo nacional decidió autoeliminarse de la discusión salarial docente y delegó en las provincias la paritaria de ese sector, a través del Consejo Federal de Educación (CFE). Sin embargo, mantiene su influencia en la toma de decisiones para garantizar que los acuerdos no superen los límites establecidos por el plan económico.

El decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) en cuanto a la responsabilidad del Gobierno en la negociación salarial. La medida implica la descentralización de la negociación salarial y la transferencia de la responsabilidad a los gobiernos provinciales. El CFE, integrado por los ministros de Educación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, será el encargado de establecer un convenio marco referido a las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente.

La justificación del Gobierno de Javier Milei para tomar esta decisión se basa en la idea de promover el federalismo y la autonomía provincial. Sin embargo, esta postura es contradictoria con la política de presión y condicionamientos que el Gobierno aplica a los gobernadores. La influencia del Ejecutivo nacional en la toma de decisiones se mantiene a través de su capacidad para refrendar o rechazar los convenios firmados entre el CFE y los gremios.

La descentralización de la negociación salarial puede generar desigualdades y disparidades en las condiciones laborales y salariales de los docentes en diferentes provincias. La medida puede afectar la calidad de la educación y la equidad en el acceso a la educación. La influencia del Gobierno en la toma de decisiones puede limitar la capacidad de negociación de los gremios y las provincias.

Con un paro de 48 horas como puntapié inicial, las federaciones universitarias comenzaron una semana de acciones en todo el país en defensa de la universidad pública, el salario docente y la calidad educativa. En San Juan, ADICUS se suma al reclamo y advierte sobre una crisis sin precedentes.

La comunidad universitaria atraviesa días de incertidumbre en su defensa por una educación pública de calidad. Las principales federaciones del país lanzaron una serie de medidas que comenzaron este lunes con un paro de 48 horas, que tuvo un alto acatamiento en la Universidad Nacional de San Juan. Así lo confirmó Jaime Barcelona, titular de ADICUS, en diálogo Mundo Laboral SJ.

“La medida tuvo una adhesión muy importante. Esta semana continuará con distintas actividades que iremos definiendo, y ya se está organizando la tercera marcha federal universitaria a nivel nacional”, sostuvo Barcelona, al tiempo que remarcó que se trata de una movilización federal impulsada por el Frente Gremial Universitario en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Un plan de lucha que se extiende en todo el país

Las acciones no se limitan a los dos primeros días de la semana. El próximo viernes 23 de mayo está previsto un paro nacional de trabajadores no docentes, y para las próximas semanas se esperan nuevas medidas de visibilización y posibles paros adicionales. A nivel nacional, el frente gremial universitario junto al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se encuentra en proceso de coordinación para establecer la fecha de la tercera marcha federal universitaria, una movilización masiva en defensa del sistema público de educación superior.

Desde ADICUS y otras federaciones, se advierte que el conflicto es profundo y no tiene solución a la vista. “No hay convocatoria a paritarias desde octubre del año pasado. Los aumentos salariales se han otorgado por decreto, en torno al 1,3% mensual, lo que ni siquiera alcanza la inflación oficial que el propio gobierno reconoce. Esto ha generado un deterioro salarial sin precedentes para los docentes universitarios”, señaló Barcelona.

Un sistema educativo al borde del colapso

El plan de lucha no responde únicamente a una demanda salarial. La situación presupuestaria de las universidades nacionales se ha vuelto crítica. La falta de financiamiento, los recortes impulsados desde el Poder Ejecutivo y la ausencia de diálogo han generado un escenario preocupante que amenaza no sólo el bienestar de los trabajadores, sino también la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.

En este contexto, muchas universidades enfrentan dificultades para garantizar el funcionamiento básico, y no son pocos los docentes que se han visto obligados a reducir sus horas o buscar alternativas laborales fuera del ámbito académico.

Un llamado urgente a la sociedad

“Estamos frente a una situación extremadamente grave. Esta semana de visibilización también es una invitación a que la sociedad tome conciencia del valor de la universidad pública y de los riesgos que corre si no se revierte este rumbo”, afirmó el titular de ADICUS.

Con el foco puesto en la concientización, los gremios buscan sumar apoyo ciudadano para sostener un sistema educativo inclusivo, de calidad y gratuito. Las universidades públicas no solo forman profesionales: son pilares del desarrollo científico, cultural y social de la Argentina.

La semana de lucha universitaria no es un hecho aislado, sino parte de un reclamo sostenido que interpela a toda la sociedad. Las aulas vacías de estos días no son símbolo de abandono, sino de resistencia frente al vaciamiento. El futuro de la educación pública está en juego, y su defensa requiere del compromiso de todos: docentes, estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general. Porque cuando se defiende la universidad, se defiende el derecho a un país con oportunidades para todos.