Las principales cadenas de supermercados del país decidieron no abonar el aumento salarial correspondiente al mes de abril, pactado con el sindicato de Comercio, afectando a unos 120 mil trabajadores. La medida se da en el marco de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para contener los aumentos de precios.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y otras entidades del sector mercantil decidieron no aplicar el aumento salarial del 1,9% más una suma fija no remunerativa, acordado con el sindicato de Comercio, argumentando que el Gobierno no homologó el acuerdo paritario. La medida afecta a unos 120 mil trabajadores que no percibieron el incremento salarial.

El convenio, firmado entre el gremio y las cámaras CAC, CAME y Udeca, contemplaba un aumento escalonado del 5,4% en tres meses y tres sumas fijas para compensar la inflación del primer trimestre. Sin embargo, los supermercados desestimaron la cláusula que comprometía a las empresas a abonar los incrementos aún sin homologación oficial y liquidaron los sueldos sin las subas acordadas.

La decisión de los supermercados agudiza la tensión entre el Gobierno y la CGT, que ya protagonizó un paro general en abril. La medida también pone presión sobre el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien sostenía un vínculo dialoguista con la administración Milei.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro Nacional con movilizaciones en todo el país para el jueves 22 de mayo, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y tensión con el Gobierno nacional. La medida busca reclamar la reapertura de paritarias, rechazar la fusión de organismos estatales y exigir el giro de fondos a las provincias.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la paritaria de la Administración Pública se convirtió en un fraude». La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales supera el 40% en los últimos 16 meses.

La movilización en la Capital Federal se realizará en el Ministerio de Economía, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 250. La ATE busca reclamar la reapertura de paritarias y rechazar la fusión de organismos estatales, que considera un intento de «saquear» y «eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado».

Además, la ATE realizará un plenario conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para debatir el nuevo acuerdo con el FMI y los condicionamientos que impone a la Argentina. Según Aguiar, «el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más ajuste para los jubilados y menos derechos para los trabajadores».

La medida de fuerza convocada por el gremio estatal refleja una escalada de tirantez entre el Gobierno nacional y los trabajadores. La pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuesta a las demandas salariales han generado un clima de descontento y frustración entre los asalariados.

Nuevos estudios del mercado laboral revelan un deterioro cualitativo en el trabajo formal e informal, con un aumento en las horas trabajadas y el pluriempleo. La desocupación promedio supera el 7%, con una pérdida de 105 mil puestos de empleo en el último año, afectando principalmente a la construcción, la industria y los empleos públicos.

La situación laboral en Argentina se vuelve cada vez más precaria, según informes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la consultora EMPIRIA. El trabajo no registrado crece, con ingresos por debajo de las escalas salariales acordadas entre los gremios y las cámaras empresarias. Solo algunos sectores, como la minería, la energía y la actividad financiera, muestran cierta estabilidad, aunque no necesariamente se caracterizan por tener alta contratación de fuerza laboral.

En contraste, la mayoría de las áreas productivas experimentan un retroceso en la contratación de mano de obra. La construcción y la industria son las más afectadas, con una importante disminución en la cantidad de puestos de trabajo. Los empleos públicos también se ven afectados, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.

La pérdida de poder adquisitivo es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores en relación de dependencia. La caída del salario real se traduce en una disminución significativa en su capacidad de compra, lo que genera insatisfacción y descontento. La precarización laboral se convierte en un círculo vicioso, donde los trabajadores se ven obligados a trabajar más horas o buscar múltiples empleos para mantener su nivel de vida.