El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales suma un nuevo capítulo. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ratificó un paro para el próximo 29 de agosto, en el marco de un reclamo que, según sus representantes, ya acumula más de un año de desgaste y pérdida sostenida frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Alfredo Collado, referente de la UEJN en San Juan, explicó que el poder adquisitivo de los judiciales nacionales se encuentra hoy un 30% por debajo de lo necesario para recuperar el nivel salarial previo al actual ciclo económico. “Defendemos el salario porque es lo que sostiene a nuestras familias y nos permite vivir con dignidad. Hoy está diezmado, mientras vemos beneficios fiscales para grandes fortunas y aumentos constantes en servicios básicos que golpean a los trabajadores”, señaló.

Si bien en julio se oficializó un aumento del 1,9%, que coincide con la inflación de ese mes, el dirigente subrayó que la mejora es insuficiente: “Con este ajuste seguimos perdiendo un 29% acumulado. Es un déficit muy grande, que no se corrige con incrementos tan bajos y espaciados”.

La medida del 29 de agosto incluirá asambleas en todo el país. En la región de Cuyo, los judiciales se reunirán en Mendoza para definir los próximos pasos del plan de lucha. Además, en la semana previa habrá banderazos frente a las dependencias judiciales, coincidiendo con las reuniones de la Corte Suprema, donde el gremio reiterará su pedido de recomposición.

Collado describió las consecuencias cotidianas de la pérdida salarial: reducción del consumo de alimentos, servicios, transporte y actividades recreativas, además de casos más graves que afectan la salud y la calidad de vida. “Cuando hablan de bajar el consumo, lo plantean en términos macroeconómicos, pero en la realidad significa que una familia deja de comer lo que comía, que un chico deja de hacer deporte o que un jubilado no puede comprar sus medicamentos. Esto no puede naturalizarse”, advirtió.

En el plano sindical nacional, también se refirió al Congreso de la CGT previsto para el 5 de noviembre, donde se debatirá la estructura de conducción de la central obrera. Collado se mostró a favor de un triunvirato en lugar de un “unicato”, por considerarlo un modelo más democrático y representativo. “Son tiempos que exigen renovación y reconfiguración en la CGT. Me alegra que los trabajadores se reúnan para definir estrategias y fortalecer la unidad”, afirmó.

La situación de los judiciales se enmarca en un contexto nacional de reclamos transversales por salarios que no acompañan la inflación y condiciones de vida cada vez más complejas. El paro de fin de mes será una nueva muestra de la tensión creciente entre el sector y las autoridades, en una pulseada que, de momento, no encuentra soluciones concretas.

El gremio de controladores aéreos Atepsa decidió suspender el paro previsto para este jueves luego de ser citado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Aunque se mantiene la protesta del sábado 30 de agosto, la medida refleja un intento por encontrar una solución al conflicto salarial que afecta al sector.

En un giro inesperado, el gremio de controladores aéreos decidió levantar el paro que estaba programado para este jueves 28 de agosto. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, convocara a una audiencia con los representantes del sindicato. Esta reunión busca abordar las demandas salariales de los trabajadores, quienes llevaron a cabo paros escalonados en rechazo a la oferta del 1% mensual de aumento salarial propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

A pesar de la suspensión del de las medidas de fuerza de mañana, el sector gremial ha ratificado su compromiso con las acciones previstas para el sábado 30 de agosto. Además, advirtieron que podrían extender las protestas a lo largo de septiembre si no se llega a un acuerdo satisfactorio durante las negociaciones con las autoridades. La posibilidad de nuevas medidas de fuerza mantiene la incertidumbre sobre la normalidad de los servicios aéreos en el futuro cercano.

La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo es vista como una oportunidad crucial para que ambas partes encuentren un punto de acuerdo. Los controladores aéreos buscan una «propuesta salarial decente» que les permita cubrir sus necesidades básicas en un contexto de alta inflación y costos crecientes. Por su parte, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas salariales con las restricciones fiscales y económicas del país.

La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.

José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.

El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.

Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.

El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.

Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.