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En una entrevista con Mundo Laboral, Mario Quinteros, representante del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) en San Juan, abordó distintos temas cruciales para el sector. Entre ellos, destacó el reciente acuerdo paritario alcanzado con las empresas de televisión por circuito cerrado, la regularización de trabajadores de plataformas de streaming y la preocupante situación de las obras sociales sindicales.

Quinteros explicó que el sindicato logró cerrar un ajuste salarial basado en la inflación medida por el Gobierno, con un incremento cercano al 10% retroactivo a un trimestre. Sin embargo, reconoció que la recuperación salarial sigue siendo insuficiente y que los trabajadores han perdido casi 20 puntos de poder adquisitivo en el último año. «No podemos negociar por encima de la inflación oficial, aunque sabemos que la real es aún mayor», afirmó. Además, subrayó que la devaluación y los sucesivos acuerdos atados a la medición estatal han profundizado la pérdida de ingresos del sector.

El futuro del streaming y la necesidad de regularización

El avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del streaming están modificando el panorama laboral en la televisión. Según Quinteros, muchos canales abiertos están migrando hacia plataformas digitales, lo que plantea nuevos desafíos para los trabajadores del sector. En respuesta a esta transformación, el sindicato está impulsando la regularización de quienes se desempeñan en canales de streaming, con el objetivo de garantizarles derechos laborales y cobertura social. «La manera de ver y hacer televisión ha cambiado drásticamente. Hoy en día, el streaming es el modelo predominante y la televisión tradicional está quedando relegada a un sector cada vez más reducido de la población», explicó.

Crisis en las obras sociales sindicales

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la delicada situación de las obras sociales sindicales. Quinteros denunció que existe una gran desigualdad entre estas y las prepagas, ya que las primeras no pueden ajustar sus tarifas como lo hacen las empresas privadas. «Desde el sindicato hemos destinado fondos para sostener la obra social, pero la pérdida de afiliados y de aportes nos pone en una situación límite», advirtió. Para enfrentar la crisis, el gremio está solicitando contribuciones solidarias a sus afiliados con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Asimismo, alertó sobre la creciente migración de trabajadores a obras sociales privadas, lo que debilita aún más la capacidad de financiamiento de las entidades gremiales. «Las prepagas pueden aumentar sus tarifas sin restricciones, mientras que nosotros debemos mantener valores mucho más bajos para seguir siendo accesibles», agregó.

La entrevista con Quinteros dejó en claro que el sector de la televisión enfrenta una serie de obstáculos complejos. Desde la lucha por una recomposición salarial realista hasta la adaptación a las nuevas plataformas digitales y la sostenibilidad de las obras sociales, el sindicato se encuentra en una constante batalla para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, las restricciones impuestas por el Gobierno y la competencia con el sector privado dificultan aún más estas negociaciones.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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