La CGT confirmó paro general para el 10 de abril
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su tercer paro general contra la administración del presidente Javier Milei, fijado para el 10 de abril, acompañado de una movilización el día previo en respaldo a los jubilados. La medida de fuerza se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el movimiento sindical y el Ejecutivo, que rechaza la huelga y la califica de política. A su vez, la central obrera ratificó su participación en la marcha del 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia, en un claro posicionamiento frente a la coyuntura política y social del país.
En una reunión del Consejo Directivo de la CGT, encabezada por el Triunvirato conformado por Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), se selló la convocatoria a la protesta. Con la participación de representantes de sectores estratégicos como bancarios, aeronavegantes, docentes, judiciales y la industria manufacturera, el respaldo sindical quedó consolidado.
La huelga no solo responde a la coyuntura inmediata sino que es el reflejo de un malestar estructural con las políticas económicas del Gobierno, marcadas por un severo ajuste fiscal y una contracción del mercado interno. El propio Daer, en declaraciones recientes, reconoció que la medida tiene una carga política indiscutible, al tiempo que advirtió sobre la fragilidad del tejido productivo fuera del sector extractivo y de commodities. En su visión, el modelo económico vigente acelera una crisis cuyo impacto trasciende lo sindical y afecta a la sociedad en su conjunto.
El Gobierno cierra filas y rechaza la protesta
Desde la Casa Rosada, la respuesta fue inmediata. Manuel Adorni, vocero presidencial, minimizó la convocatoria y la atribuyó a intereses sectoriales, afirmando que «no hay nada que amerite un paro». La postura oficial se alinea con la estrategia de deslegitimación de los reclamos gremiales, en sintonía con la narrativa de «cambio de paradigma» que impulsa el Ejecutivo.
Sin embargo, los números y las señales económicas contradicen esa percepción. La caída del consumo, el desplome de la actividad industrial y el aumento de la conflictividad social sugieren un escenario más complejo de lo que el Gobierno pretende admitir. La luna de miel entre la sociedad y la administración libertaria parece haber llegado a su fin, especialmente tras la exposición del presidente en el Foro de Davos, donde delineó un rumbo que genera incertidumbre en los sectores productivos.
El paro del 10 de abril se proyecta como el más contundente de la gestión Milei, y su impacto dependerá de la adhesión de sectores estratégicos. La CGT, por su parte, buscará ampliar su base de apoyo a través de sus regionales, articulando con otras expresiones del sindicalismo y movimientos sociales.
En el horizonte, el interrogante no solo es si la huelga logrará modificar la postura del Gobierno, sino si marcará el inicio de una conflictividad creciente. La administración libertaria, por ahora, apuesta a la resistencia y al desgaste del movimiento obrero. No obstante, en un país donde el sindicalismo ha sido históricamente un actor clave en la disputa de poder, subestimar su capacidad de acción podría ser un error de cálculo.
La tensión entre la CGT y el Gobierno configura uno de los capítulos más relevantes del actual proceso político. El desenlace, aún incierto, dependerá de la dinámica económica y de la capacidad de ambas partes para sostener o modificar sus posiciones en un escenario de incertidumbre creciente.
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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales
En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.
La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.
En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación
Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner
El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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