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Sergio Palazzo arremete contra los legisladores que avalen el pacto con el Fondo y la cesión de facultades extraordinarias a Javier Milei. El debate entre legalidad, pragmatismo y lealtad institucional.

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, lanzó una de las acusaciones más contundentes de la política: calificó de «infames traidores a la Patria» a aquellos legisladores que aprueben el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en paralelo, habiliten al Ejecutivo a negociar sin límites. La denuncia no es menor, ya que se apoya en el artículo 29 de la Constitución Nacional, una cláusula con una carga histórica y jurídica de extrema gravedad.

El trasfondo de esta acusación radica en la iniciativa del presidente Javier Milei de obtener un nuevo entendimiento con el organismo financiero internacional en condiciones aún desconocidas, lo que generó una ola de rechazo en la oposición y sectores sindicales. El decreto 179/2025, cuestionado por Palazzo y La Bancaria, habilita al mandatario a negociar sin que los términos sean sometidos al escrutinio legislativo, lo que, según sus detractores, supone una cesión inadmisible de atribuciones.

La utilización de la figura de «traición a la Patria» en el discurso político no es un recurso menor. La Constitución establece que quienes otorguen «la suma del poder público» al Ejecutivo incurren en un delito de gravedad extrema, con consecuencias jurídicas y políticas que podrían derivar en la nulidad absoluta de la medida y la responsabilidad penal de sus promotores. Sin embargo, la aplicación concreta de este precepto es motivo de controversia entre constitucionalistas, algunos de los cuales consideran que se trata de una interpretación demasiado rígida y no necesariamente aplicable en el contexto actual.

Desde el oficialismo, los defensores del acuerdo con el FMI argumentan que la delegación de facultades es un instrumento necesario para evitar el colapso financiero y recuperar la confianza de los mercados. En este marco, sostienen que la postura de Palazzo responde más a una estrategia de confrontación política que a una lectura objetiva del marco normativo.

El dilema central se sitúa en la tensión entre dos principios fundamentales: el respeto a la división de poderes y la necesidad de contar con herramientas para gestionar una crisis económica de magnitudes considerables. Para el gobierno de Milei, la delegación de facultades extraordinarias no representa una violación constitucional, sino un mecanismo pragmático para destrabar negociaciones en un contexto de urgencia.

El peso de la historia y la memoria política

Más allá del debate técnico-jurídico, las palabras de Palazzo resuenan en un país con un pasado marcado por cesiones de poder al Ejecutivo que derivaron en crisis institucionales. La historia argentina está atravesada por antecedentes en los que gobiernos de facto o administraciones debilitadas recurrieron a maniobras similares con resultados desastrosos para la democracia.

En este sentido, el llamado del dirigente sindical a recordar «los nombres» de quienes aprueben la medida busca instalar en la opinión pública una percepción de ilegitimidad sobre los legisladores que la avalen. El mensaje apunta a un electorado que aún recuerda los efectos de anteriores acuerdos con el FMI y las consecuencias sociales de sus condicionamientos.

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Inclusión laboral: la Fiesta del Sol ofrecerá oportunidades de empleo y capacitación

La iniciativa contempla 15 puestos en un taller de merchandising y otros ocho en stands gubernamentales. También habrá un equipo integrado por personas con discapacidad que recorrerá las instalaciones para identificar obstáculos y proponer mejoras.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará 23 oportunidades laborales destinadas a personas con discapacidad, mediante una propuesta que combinará capacitación, producción y atención en espacios institucionales. La iniciativa también incluirá un relevamiento de accesibilidad durante las tres jornadas del evento, con el objetivo de detectar barreras y aportar recomendaciones para futuras ediciones.

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, precisó que 15 personas participarán de un taller de merchandising inclusivo, mientras que otras ocho colaborarán en los stands del Gobierno provincial. En el primer espacio recibirán formación en técnicas de sublimación, corte y costura, y producirán artículos que posteriormente estarán disponibles para la venta durante la celebración.

La idea sumará una dimensión vinculada a la accesibilidad. Un equipo integrado por personas con discapacidad auditiva, motora y visual recorrerá el predio para identificar obstáculos en los desplazamientos y en el uso de las instalaciones. La experiencia permitirá incorporar la mirada de quienes enfrentan esas barreras cotidianamente y elaborar observaciones para mejorar las condiciones de participación.

En este sentido, Moreno se refirió a las suspensiones de pensiones por discapacidad dispuestas por organismos nacionales. Según estimó, en San Juan la medida habría alcanzado a unas 200 personas. Aclaró que la Dirección provincial no administra esas prestaciones, cuya gestión corresponde a las autoridades nacionales, sino que interviene en materia de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La funcionaria indicó que ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estarían notificando a los beneficiarios sobre la documentación requerida para regularizar sus expedientes. Quienes necesiten orientación pueden acercarse a la delegación de ANDIS en San Juan, ubicada en calle Santa Fe, entre avenida Rawson y Sarmiento.

El propósito de la Fiesta del Sol busca que la inclusión trascienda la participación simbólica y se traduzca en oportunidades concretas de formación, empleo y autonomía. A la vez, el relevamiento previsto durante el evento permitirá incorporar criterios de accesibilidad desde la experiencia directa de las personas con discapacidad.

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Departamentales

San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos


La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.

Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.

Intervenciones en el norte y la cordillera

En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.

En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.

Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.

En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.

Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos

En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.

Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.

En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.

En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.

Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego

En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.

Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.

En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.

En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.

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destacada

Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.

La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.

La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.

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