El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el Gobierno Nacional incurre en un incumplimiento inédito al suspender la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso. Gremios, universidades y la FUA avanzan con acciones judiciales y no descartan un plan de lucha nacional si el Ejecutivo no rectifica su postura.

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su sanción formal, los gremios docentes y el sistema universitario decidieron acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de ADICUS, calificó la decisión del Gobierno como una “burla institucional”. “El Congreso obliga al Ejecutivo a sancionar la ley, y el Gobierno la suspende en el mismo acto. Es algo sin precedentes en democracia”, expresó.

Barcelona explicó que el frente sindical universitario, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las autoridades académicas, impulsará una presentación judicial conjunta. “Vamos a acompañar la demanda para que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley y garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades”, señaló.

En este sentido, los gremios reclamarán la reapertura de las paritarias y la recomposición salarial de docentes e investigadores, cuyos ingresos se encuentran fuertemente deteriorados. “El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a paritarias y no lo hace. Además de incumplir la ley, desconoce los derechos laborales básicos del sector universitario”, sostuvo el dirigente.

Barcelona adelantó que el frente sindical se reunirá en plenario nacional durante los próximos días para definir un plan de acción con medidas de fuerza escalonadas, que acompañará el reclamo judicial. “Si la Justicia no actúa rápidamente y el Ejecutivo sigue incumpliendo, el conflicto universitario se va a profundizar”, advirtió.

El referente sindical también remarcó que esta actitud del Gobierno “rompe los consensos institucionales” y afecta directamente a la calidad del sistema universitario. “Es inaudito que un presidente se niegue a cumplir una ley. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia pediátrica y la de discapacidad. El Gobierno dice que suspende las normas hasta definir el presupuesto, pero está gobernando con el presupuesto prorrogado de 2022. Es una contradicción absoluta”, enfatizó.

La falta de financiamiento, añadió, golpea de lleno en el día a día de las universidades nacionales. “Hoy se está trabajando con lo mínimo: pagar luz, agua y gas. Pero los programas de investigación, los proyectos de campo, los incentivos docentes y las tareas de extensión están siendo recortados o suspendidos. Muchos docentes se van, y cuesta cubrir los cargos vacantes”, detalló.

El congelamiento de fondos también afecta al CONICET y a los colegios preuniversitarios, donde se resienten las becas y los programas de estímulo. Para Barcelona, el objetivo del ajuste es claro: “Este desfinanciamiento ataca la autonomía universitaria y busca disciplinar a las instituciones”.

En ese marco, el dirigente de ADICUS subrayó la importancia del rol ciudadano en defensa del sistema público de educación superior. “El Gobierno busca ganar tiempo hasta que cambie la composición del Congreso. Por eso llamamos a la sociedad a sostener la universidad pública, porque está en juego un modelo de país”, concluyó.

El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan enfrenta una situación sin precedentes. En apenas dos semanas, 180 trabajadores se acercaron a la sede gremial tras recibir telegramas de despido, un promedio de 20 por día hábil. La secretaria general, Mirna Moral, alertó por el aumento de los casos de maltrato laboral, hostigamiento y retiros voluntarios forzados. La crisis del consumo, que acumula nueve meses de caída en todo el país, golpea con fuerza a la provincia.

“Estamos recibiendo un promedio de 20 trabajadores por día que vienen al sindicato con telegramas de despido o consultas por liquidaciones”, señaló Moral. La dirigente advirtió que esa cifra representa apenas una parte de la realidad: “Hay muchos que no se acercan, especialmente quienes están en negro o con contratos informales. Los atendemos igual, pero sabemos que hay casos que ni siquiera se registran”.

La magnitud del fenómeno llevó al sindicato a abrir una mesa de diálogo con empresarios grandes y pequeños del rubro, que también manifiestan preocupación por la abrupta caída de las ventas. “Los comercios están al límite, y eso se traduce en reducción de personal, suspensiones o retiros ‘voluntarios’ que en realidad son despidos encubiertos”, describió Moral.

Empresarios en alerta y ventas en caída

La crisis también fue confirmada por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, cuyo presidente, Hermes Rodríguez, presentó un balance negativo del último fin de semana largo, coincidente con el Día de la Madre. “Las ventas fueron similares en cantidad a las del año pasado, pero con una marcada baja en el valor de los regalos”, indicó.

El ticket promedio fue de 33.500 pesos, lo que implica una caída significativa en términos reales. Los rubros más elegidos —indumentaria, calzado, decoración, gastronomía y cuidado personal— mostraron un comportamiento conservador por parte del consumidor. “La gente cuidó el bolsillo, compró lo justo y buscó ofertas”, resumieron desde la entidad.

Los comercios, sobre todo los de escala mediana, operan con márgenes mínimos y ventas planchadas, una situación que ya empieza a reflejarse en suspensiones y despidos.

Un fenómeno nacional: el consumo en retroceso

La situación local no es aislada. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 17,8% interanual en septiembre de 2025, acumulando nueve meses consecutivos de contracción. La tendencia recesiva golpea con más fuerza a los rubros de alimentos y bebidas (-22%), indumentaria (-19%) y calzado (-15%).

Aunque el INDEC informó una inflación interanual del 43,5% en mayo, la mejora en los índices de precios no se tradujo en una recuperación del consumo. Los salarios reales permanecen rezagados y el poder adquisitivo de las familias continúa en retroceso.

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la UBA reveló que las ventas en supermercados mayoristas se redujeron un 22% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que en los comercios minoristas la baja fue del 8%.

A su vez, la consultora Scentia registró que el 83% de los hogares argentinos redujo o eliminó compras habituales, y casi la mitad considera que su capacidad de consumo está “mucho peor” que el año pasado. Este deterioro sostenido explica, en parte, la ola de cierres y despidos que atraviesa el sector comercial en todo el país.

Impacto social y desprotección laboral

En San Juan, la retracción del consumo se combina con una estructura laboral frágil. Una proporción significativa de los trabajadores del comercio se desempeña bajo contratos precarios o fuera de convenio, lo que agrava las consecuencias de los despidos. “Hay empleados que se quedan sin trabajo y no tienen cobertura, ni indemnización, ni obra social”, advirtió Moral.

El sindicato sostiene que las políticas de ajuste y la caída del consumo generan un círculo vicioso: menos ventas implican menos empleo, y menos empleo implica aún menos consumo. A eso se suma la falta de asistencia específica para las pymes comerciales, que concentran la mayoría de los puestos del sector en la provincia.

“Estamos ante una crisis inédita. El comercio está agotado, el salario no alcanza y el consumidor desapareció. Es una situación que no se soluciona con parches”, sintetizó la titular del SEC.

La situación de los Empleados de Comercio de San Juan sintetiza el impacto humano de la recesión que atraviesa la Argentina. La pérdida de puestos de trabajo, los retiros forzados y la caída del consumo no son hechos aislados, sino los síntomas de un modelo económico que combina ajuste, contracción y pérdida de poder adquisitivo.

Mientras los empresarios piden alivio impositivo y los sindicatos reclaman una urgente reactivación, el mercado interno se vacía y el empleo formal se erosiona día a día. Si la tendencia continúa, San Juan —como tantas otras provincias— podría convertirse en el espejo de una crisis social y económica que todavía no alcanzó su piso.