
La Justicia confirmó que es inconstitucional prohibir las protestas sindicales
Lo ratificó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es por la intención del Gobierno de Javier Milei de limitar las protestas sindicales en los establecimientos con el DNU 70/2023. Ya se había pronunciado en el mismo sentido la justicia laboral en primera instancia.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en lo que hace a la operatividad de los artículos 86, 87, 88 y 97.
La acción fue iniciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, por lo que los beneficiarios directos de la decisión judicial son los trabajadores relacionados con la educación. Sin embargo, el alcance llega a todas las asociaciones sindicales.
En la sentencia mencionada se habían impugnado los artículos que sustituyen el artículo 6° de la Ley N° 14.250 e se incorporó un artículo que establece “las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros” y acciones prohibidas para los trabajadores consideradas infracciones muy graves. Dentro de estas últimas se encontraba la prohibición sobre los bloqueos o tomas de establecimiento.
Los camaristas se basaron fundamentalmente en lo resuelto en la acción iniciada por la CGT, que impugnó el DNU de desregulación económico ante la Justicia Nacional del Trabajo por los cambios que produjo en la normativa laboral.
La Justicia laboral analizó entonces el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el dictado de un DNU, donde sostuvo que “por idénticos fundamentos, cabe remitirse a lo expuesto en la sentencia de referencia dictada por el Tribunal de Feria respecto de la ausencia del restante recaudo exigido por la citada jurisprudencia de la Corte respecto de “una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente”.
Sostienen que en el caso no se acreditan los requisitos del dictado de un DNU, en tanto ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso. Y allí detallan que “[p]or el contrario, el DNU 70/2023 fue publicado en el B.O. del 21 de diciembre de 2023 y no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el día 29 del mismo mes; ahora bien, el 26 de diciembre de 2023, el PEN convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el mismo día 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024; y mediante mensaje nº 7/2023 del 27 de diciembre se elevó al Parlamento un “Proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en el que se incluyó expresamente como punto a tratar la ratificación del DNU 70/2023″.
Y agregaron: «Además, se encontraba en trámite parlamentario el proyecto de ley ingresado por la Unión Cívica Radical el mismo día 27 de diciembre, “similar o ‘proyecto espejo’ al propuesto por el PEN”, tal como la propia recurrente –también en idéntico sentido a lo expuesto en dicha causa- sostiene en su memorial (conf. pág. 9 del recurso), circunstancias ésta que descartan cualquier impedimento para la reunión de las Cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.
Con estos argumentos decidieron darle la razón a CTERA y considerar inconstitucionales a las cláusulas impugnadas.
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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.
La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.
La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.
En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.
El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.
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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.
En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.
El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.
La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.
El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.
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Médicos del Garrahan protestan por el desmantelamiento y «Fuga de Cerebros»

Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian una «fuga de cerebros» debido al desmantelamiento fomentado por el Gobierno nacional, lo que aumenta los riesgos para la atención de los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región.
El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más destacados, enfrenta una crisis sin precedentes. Los trabajadores denuncian que el desmantelamiento promovido por el Gobierno nacional está generando una «fuga de cerebros» que pone en riesgo la atención de los pacientes. Según el Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno han derivado en un éxodo de profesionales altamente capacitados.
La situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esta herramienta, los profesionales aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. El personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.
Salarios congelados y renuncias en cadena:
El Dr. García detalló que desde hace más de 18 meses, el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores, lo que ha llevado a muchos a renunciar. Ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país.
Precarización laboral:
Además de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. A los especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica, ya que muchos jóvenes optan por becas institucionales «mejor pagas» ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad.
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