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Lo ratificó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es por la intención del Gobierno de Javier Milei de limitar las protestas sindicales en los establecimientos con el DNU 70/2023. Ya se había pronunciado en el mismo sentido la justicia laboral en primera instancia.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en lo que hace a la operatividad de los artículos 86, 87, 88 y 97.

La acción fue iniciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, por lo que los beneficiarios directos de la decisión judicial son los trabajadores relacionados con la educación. Sin embargo, el alcance llega a todas las asociaciones sindicales.

En la sentencia mencionada se habían impugnado los artículos que sustituyen el artículo 6° de la Ley N° 14.250 e se incorporó un artículo que establece “las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros” y acciones prohibidas para los trabajadores consideradas infracciones muy graves. Dentro de estas últimas se encontraba la prohibición sobre los bloqueos o tomas de establecimiento.

Los camaristas se basaron fundamentalmente en lo resuelto en la acción iniciada por la CGT, que impugnó el DNU de desregulación económico ante la Justicia Nacional del Trabajo por los cambios que produjo en la normativa laboral.

La Justicia laboral analizó entonces el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el dictado de un DNU, donde sostuvo que “por idénticos fundamentos, cabe remitirse a lo expuesto en la sentencia de referencia dictada por el Tribunal de Feria respecto de la ausencia del restante recaudo exigido por la citada jurisprudencia de la Corte respecto de “una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente”.

Sostienen que en el caso no se acreditan los requisitos del dictado de un DNU, en tanto ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso. Y allí detallan que “[p]or el contrario, el DNU 70/2023 fue publicado en el B.O. del 21 de diciembre de 2023 y no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el día 29 del mismo mes; ahora bien, el 26 de diciembre de 2023, el PEN convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el mismo día 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024; y mediante mensaje nº 7/2023 del 27 de diciembre se elevó al Parlamento un “Proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en el que se incluyó expresamente como punto a tratar la ratificación del DNU 70/2023″.

Y agregaron: «Además, se encontraba en trámite parlamentario el proyecto de ley ingresado por la Unión Cívica Radical el mismo día 27 de diciembre, “similar o ‘proyecto espejo’ al propuesto por el PEN”, tal como la propia recurrente –también en idéntico sentido a lo expuesto en dicha causa- sostiene en su memorial (conf. pág. 9 del recurso), circunstancias ésta que descartan cualquier impedimento para la reunión de las Cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.

Con estos argumentos decidieron darle la razón a CTERA y considerar inconstitucionales a las cláusulas impugnadas.

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La Justicia frenó el intento de disolución del INTI

La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía.

La Justicia dio un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que pretendía reestructurar profundamente el INTI y eliminar su autarquía.

El Decreto 462/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía. Sin embargo, la jueza Forns consideró que esta medida es inconstitucional y ordenó suspender sus efectos. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida judicial, considerándola un triunfo para la defensa de los derechos laborales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha criticado duramente al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por intentar aplicar decretos que calificó de «truchos».

La medida judicial es un paso clave en la defensa de la institucionalidad del INTI y los derechos laborales. Con este fallo, La Justicia demuestra su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.

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Fusiones, salarios y el desafío de la IA: los trabajadores de las telecomunicaciones entre incertidumbre y adaptación


Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.

Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.

«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.

Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan

El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.

Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.

Miedo a perder el empleo: una sensación que crece

En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.

Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.

Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza

Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.

“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.

“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.

Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.

La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.

“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.

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La industria del juguete enfrenta una temporada crítica ante el aumento de importaciones

Con ventas en baja por segundo año consecutivo, la industria del juguete argentino se prepara para el Día del Niño con fuerte preocupación por el aumento de importaciones baratas y su impacto en la producción nacional y la seguridad infantil

La industria del juguete en el país atraviesa un escenario complejo en la antesala del Día del Niño, que se celebrará el próximo 17 de agosto. Dos años consecutivos de caída en las ventas y un aumento sustancial de las importaciones de bajo costo han generado preocupación en el sector.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el primer semestre de 2025 las importaciones crecieron un 79% en valor y 108,7% en volumen respecto al mismo período de 2024 alcanzando las 10.500 toneladas por un total de USD 58,3 millones FOB. Además, se duplicó la cantidad de empresas importadoras: de 265 en 2024 a 501 en lo que va del año. Esto representa un riesgo para la seguridad infantil y una competencia desleal para la industria nacional.

La industria en Argentina comprende unas 180 pymes y emprendimientos locales que generan cerca de 8.000 empleos, apuesta a una leve mejora durante la temporada gracias a acciones promocionales como la Noche de las Jugueterías. Sin embargo, es necesario tomar medidas para proteger la industria nacional y promover el consumo responsable.

La CAIJ sostiene que la industria nacional es competitiva en varias categorías —como juegos de mesa, didácticos, masas, pelotas o triciclos—, y que su participación en el mercado local, actualmente del 30%, podría incrementarse si se redujeran cargas impositivas, costos laborales no salariales y se mejorara la logística. Al mismo tiempo, redobla su campaña para promover el consumo responsable, con juguetes certificados y seguros, adquiridos en comercios habilitados, para evitar productos de baja calidad o sin controles.

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