La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación al nivel de encargado de negocios, luego de los nuevos agravios de Javier Milei contra el mandatario brasileño y el Supremo Tribunal Federal. La decisión marca el mayor deterioro diplomático entre ambos países en años.

Brasil profundizó este martes la crisis diplomática con la Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación de ese país al nivel de encargado de negocios. La medida, adoptada por el Palacio de Itamaraty, fue presentada como una respuesta directa a las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y miembros del Supremo Tribunal Federal.

Fuentes de la diplomacia brasileña señalaron que el embajador no regresará a la Argentina mientras persistan las agresiones del mandatario argentino y confirmaron que la embajada permanecerá, por el momento, sin un representante con rango de embajador. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir el malestar oficial y solicitar explicaciones por los recientes acontecimientos.

El nuevo episodio del enfrentamiento bilateral se originó tras la visita de Milei a Brasil para participar de un acto político en respaldo de Flavio Bolsonaro. Durante esa actividad, el Presidente argentino volvió a referirse a Lula con expresiones como «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», además de lanzar duras descalificaciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó «basura calva». Para el gobierno brasileño, esas declaraciones constituyeron una injerencia en asuntos internos y un agravio institucional al haber sido pronunciadas en territorio brasileño.

La tensión aumentó aún más cuando Milei defendió públicamente al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien describió como «un amigo injustamente encarcelado». Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a más de 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 contra el gobierno de Lula.

Días después, el presidente brasileño respondió por primera vez de manera directa. Durante un acto en Brasilia, en el que oficializó su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, evitó ingresar en un intercambio personal, aunque cuestionó con dureza la presencia de Milei en el país. «Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino», afirmó. Luego remarcó que, mientras permanezca al frente del Ejecutivo, «nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas». Horas antes, ante la prensa, había ironizado al ser consultado sobre Milei: «¿Quién es ese tipo?».

Las tratativas diplomáticas también sumaron reuniones entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador argentino, Daniel Raimondi. Tras el encuentro, Vieira calificó el episodio como «una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales» y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino representaron una ofensa no sólo contra Lula y el Poder Judicial, sino también contra las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.

La decisión de Brasil de retirar a su embajador constituye uno de los gestos diplomáticos más severos adoptados entre ambos países desde el restablecimiento de la democracia y refleja el profundo deterioro del vínculo político entre las dos principales economías del Mercosur. Mientras no haya señales de distensión, la relación bilateral permanecerá limitada a los canales diplomáticos mínimos, con el consiguiente impacto sobre el diálogo político entre ambos gobiernos.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que el paro nacional de docentes universitarios registró una elevada adhesión en San Juan, denunció el deterioro salarial acumulado desde fines de 2023 y sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir las resoluciones judiciales que ordenan recomponer el financiamiento de las universidades públicas. Además, anticipó que el plan de lucha continuará durante el segundo semestre si no se reabren las negociaciones paritarias.

El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la agenda nacional con un nuevo paro de docentes convocado por las federaciones universitarias, en coincidencia con una jornada de protesta del sistema educativo. En San Juan, la medida de fuerza alcanzó una amplia adhesión y reavivó el reclamo por la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenan actualizar los recursos destinados al sistema.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que la convocatoria tuvo una respuesta contundente en la provincia. Explicó que en la Facultad de Filosofía el acatamiento alcanzó aproximadamente el 75 %, mientras que en los colegios preuniversitarios osciló entre el 75 y el 95 %. También señaló una importante participación de docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud y de distintas cátedras de las facultades de Exactas y Arquitectura.

Para el dirigente gremial, la elevada adhesión refleja el profundo malestar existente entre los trabajadores de la educación. En ese sentido, sostuvo que el conflicto excede al ámbito universitario y forma parte de una política de ajuste que, según afirmó, alcanza a todos los niveles del sistema educativo. Por esa razón destacó la coordinación nacional entre las federaciones docentes universitarias y los gremios nucleados en CTERA.

Barcelona vinculó la protesta con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y con la insuficiente actualización presupuestaria de las universidades nacionales. Indicó que, desde diciembre de 2023, la pérdida frente a la inflación supera ampliamente el cien por ciento, mientras que la recomposición otorgada por el Gobierno apenas alcanzó el 21 % luego de las masivas movilizaciones universitarias.

A su entender, esa diferencia compromete tanto los ingresos de los trabajadores como el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios, ya que afecta la capacidad de afrontar gastos operativos, sostener proyectos académicos, desarrollar investigaciones y garantizar otras funciones esenciales del sistema universitario.

Frente a ese panorama, confirmó que el gremio comenzará una nueva etapa del plan de lucha durante el segundo semestre. En los próximos días, ADICUS debatirá en asamblea la postura que llevará al congreso de su federación nacional, donde se definirán las próximas medidas de fuerza. Entre las acciones previstas figuran nuevas jornadas de paro y la realización de clases públicas, una modalidad que buscará visibilizar el conflicto ante la sociedad sin interferir con las mesas de exámenes.

Según explicó, la intención es retomar esas actividades durante la segunda quincena de agosto, cuando todas las universidades hayan reiniciado plenamente el ciclo lectivo, y mantener la presión hasta que el Ejecutivo convoque a una nueva negociación salarial dentro de los plazos establecidos en el acta paritaria firmada en junio.

Barcelona también rechazó los cuestionamientos oficiales sobre el gasto universitario y defendió el rol de la educación superior para el desarrollo del país. Sostuvo que ninguna nación puede crecer sin un sistema universitario sólido y afirmó que las propias empresas demandan cada vez más profesionales formados en las universidades públicas.

A modo de ejemplo, advirtió sobre la alta demanda de ingenieros generada por la minería y advirtió que existe preocupación en el sector productivo por la futura disponibilidad de recursos humanos altamente calificados. En ese marco, insistió en que financiar la educación superior constituye una inversión indispensable para el crecimiento económico y no un gasto prescindible.

El titular de ADICUS también cuestionó la política económica del Gobierno nacional al considerar que el ajuste recae sobre los trabajadores mientras se reducen cargas tributarias para los sectores de mayores ingresos y para grandes exportadores. Desde su perspectiva, esa orientación explica buena parte del conflicto que atraviesan las universidades nacionales.

Respecto del diálogo institucional, Barcelona sostuvo que actualmente no existen canales de negociación abiertos con el Gobierno nacional y manifestó preocupación por la demora en la convocatoria a nuevas paritarias. No obstante, señaló que el acta firmada en junio establece que la próxima reunión deberá realizarse, como máximo, antes del 10 de septiembre, por lo que expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con ese compromiso y avance en una solución que permita recomponer salarios y garantizar el financiamiento del conjunto de instituciones académicas.

El conflicto docente universitario ingresa así en una nueva etapa, con medidas de fuerza ya anunciadas, reclamos judiciales aún pendientes de cumplimiento y una negociación salarial que aparece como la principal instancia para intentar descomprimir una disputa que, lejos de resolverse, amenaza con intensificarse durante el segundo semestre.