
La CGT denunció en la OIT la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei
Lo dio a conocer Gerardo Martínez líder de la UOCRA en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra. “El Gobierno no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”, afirmó
Mientras se acentuaron las divisiones sindicales por la estrategia que se seguirán contra las políticas de Javier Milei, la CGT efectuó este martes duras críticas contra el gobierno argentino en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que delibera desde ayer en Ginebra, Suiza: el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez, calificó la reforma laboral de “precarizadora y antisindical” y consideró que la Casa Rosada “no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”.
Al hablar durante una reunión plenaria de la Comisión de Normas de la OIT, el líder de la UOCRA advirtió que las políticas que viene desarrollado el gobierno de Milei “colisionan con los conceptos y valores de la justicia social con la idea de transferir al sector privado el rol del Estado”.
“Nosotros reafirmamos que sin Estado no hay Nación”, destacó el directivo de la CGT, luego de lo cual profundizó sus cuestionamientos contra Milei: “El Gobierno, por ejemplo, no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el adelantamiento de la inspección laboral”.
Ese cuadro, dijo, “representa claramente la contracara de las conclusiones de los expertos de OIT, donde el diálogo social es de vital importancia para abordar las cuestiones relacionadas con el trabajo”.
Luego consideró que “el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin consulta con los actores sociales y la sociedad civil, sin acudir al Poder Legislativo, pretendió introducir la reforma laboral más regresiva desde que recuperamos la democracia”.
El titular del gremio de la construcción, que será reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la OIT, detalló que la propuesta laboral del gobierno argentino es “una reforma precarizadora y antisindical con la finalidad de imponer un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que dañan las condiciones de vida y restrigen el ejercicio de la libertad sindical”.
“La respuesta del movimiento obrero fue a través de la Justicia y con masivas movilizaciones, con una consigna: Ni un paso atrás -agregó Martínez en su discurso-. La reducción del rol del Estado eliminando a ministerios, organismos autárquicos, despidiendo masivamente a trabajadores del sector público ocasionó, como consecuencia de la fuerte recesión, que se produjeran despidos en el sector privado, producto de la parálisis de la actividad económica”.
Gerardo Martínez y el director de la OIT, Gilbert Houngbo
En ese sentido, el jefe de la UOCRA hizo hincapié en “el sector de la construcción, motor del desarrollo económico sostenible de cualquier país, que se ha visto golpeado con la paralización injustificada de obras públicas y de infraestructura, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de comprometer las inversiones con el desarrollo productivo del país”.
Según el sindicalista de la CGT, “es fundamental tener una administración del trabajo virtuosa para garantizar el paseo del paso de la informalidad a la formalidad y para dar respuesta a ese 60% de trabajadoras y trabajadores informales que hay en nuestro país”. Y añadió: “Los expertos resaltan el rol fundamental que cumplen los ministerios de trabajo. En Argentina, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno actual fue degradar nuestro ministerio al rol de Secretaría de Trabajo, reduciendo sus funciones, vaciándolo de su finalidad pública”.
“Los trabajadores de mi país apelamos al diálogo social como llave maestra de democracia para la construcción de una Argentina con desarrollo, producción y trabajo”, señaló Martínez, quien finalmente se pronunció en favor de “un nuevo contrato social que responda a los desafíos del mundo del trabajo, pero fundamentalmente que atienda a la demanda de nuestro pueblo”.
El titular de la UOCRA está en Ginebra junto con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad); Cristian Jerónimo (empleados de la Industria del Vidrio y la abogada de la UOCRA Marta Pujadas, entre otros. También concurrieron miembros de la CTA Autónoma como su titular, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, como Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Marín (Foetra).
Baradel también criticó al Gobierno al hablar ante la OIT: dijo que “implementó su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución Argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo” y que “se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas que, analizadas en conjunto, constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a sectores concentrados y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional”.
Además, sostuvo que “el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20.000 despidos, cifra que sigue en aumento, desmantelando la administración del trabajo, especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio”. Y resaltó que “ha recortado los salarios de los docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminado el presupuesto destinado a ello”.
Por Ricardo Carpena
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El Gobierno oficializó aumentos en luz, gas y otros servicios básicos

El Gobierno nacional oficializó un aumento en las tarifas de luz y gas que regirá a partir de mayo, con un impacto final en las facturas que se ubicará entre el 2,5% y el 3%. La medida se suma a otros aumentos pautados en servicios como agua, transporte y prepagas.
La Secretaría de Energía y los entes reguladores de electricidad y gas publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones que establecen los aumentos en las tarifas de luz y gas. Según fuentes oficiales, el incremento se debe a la revisión tarifaria quinquenal y la actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST).
La Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) implicará un aumento en la remuneración para las empresas transportistas y distribuidoras de luz y gas, además de un esquema de actualización periódica automática. En mayo, las facturas finales se verán incrementadas entre 2,5% y 3% debido a la combinación de estos factores.
El aumento en las tarifas de luz y gas se suma a otros aumentos pautados para mayo en servicios básicos como agua, y prepagas. Esto implica un impacto significativo en los bolsillos de las familias argentinas, que ya están sintiendo desde hace meses el peso de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
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La oferta empresarial insuficiente lleva a la falta de acuerdo en el Consejo del Salario

Las centrales sindicales reclamaron un aumento que al menos duplique el salario mínimo, pero la oferta empresarial fue de solo un 1,3%, lo que llevó a la falta de acuerdo y a que el Gobierno defina el nuevo monto en línea con las cámaras patronales.
Este martes 29 de abril, se reunió el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) con participación de representantes de las tres centrales sindicales (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), empresarios y funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Los gremios presentaron una propuesta unificada que reclama llevar el salario mínimo a $644.165 en abril y $657.703 en mayo, en línea con la evolución de la canasta básica y el impacto de la inflación acumulada en el primer trimestre.
Sin embargo, el sector empresarial ofreció un aumento muy por debajo de esa cifra: $301.500 para abril, $306.500 para mayo y $311.500 para junio, lo que representa una suba total del 1,3% sobre el valor actual de $296.832. La enorme distancia entre ambas posturas volvió a bloquear cualquier posibilidad de consenso, lo que derivó en que el Ejecutivo asuma la definición del nuevo monto.
Reacciones:
- Fuentes gremiales: Manifestaron su malestar y anticiparon que el Gobierno volverá a “alinearse con los empresarios”, sin contemplar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables.
- Centrales sindicales: Reclamaron que se ponga fin a la modalidad virtual de las reuniones del Consejo del Salario y afirmaron que si no se garantiza la presencialidad en la próxima convocatoria, se presentarán directamente en la sede del Ministerio de Trabajo en señal de protesta.
La falta de acuerdo en el Consejo del Salario refleja la profunda brecha entre las partes y la dificultad para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los trabajadores y los empresarios. La definición del nuevo monto por parte del Gobierno podría tener un impacto significativo en la economía y en la vida de los trabajadores más vulnerables.
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Sturzenegger prepara un ajuste masivo en el Estado con cierres y despidos

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que en los próximos días se presentará el «Proyecto Digesto», una iniciativa que busca reducir drásticamente el tamaño del Estado a través de la eliminación de organismos y despidos masivos.
El plan, impulsado por el presidente Javier Milei, tiene como objetivo «desregular» y «simplificar» el Estado, eliminando leyes, resoluciones y decretos considerados obsoletos. Según Sturzenegger, la revisión de los aproximadamente 700 mil decretos existentes será manual en su mayoría, ya que solo 70 mil están digitalizados.
El ministro sostuvo que esta «limpieza» permitirá «liberar» empleados que actualmente desempeñan tareas administrativas consideradas innecesarias, especialmente en organismos descentralizados que, según su visión, «duplican funciones».
La medida tiene como objetivo ajustar el gasto público a través de despidos y eliminación de estructuras. Aunque Sturzenegger garantizó que algunas entidades como la ANMAT no serán disueltas, sí planteó la necesidad de reducir drásticamente los trámites y procedimientos internos. «La mitad de los trámites no se sabe para qué son», justificó, en un discurso que combina la crítica a la burocracia con la intención de recortar personal.
El «Proyecto Digesto» tiene como objetivo principal transformar el Estado argentino a través de la reducción de su tamaño y la eliminación de estructuras consideradas innecesarias. Sin embargo, la medida también plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en la calidad de los servicios públicos y en la estabilidad laboral de los empleados estatales.
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