El martes 21 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan, gremios docentes universitarios y organizaciones de discapacidad marcharán a Plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con tres leyes aprobadas por amplia mayoría parlamentaria: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Habrá además un “ruidazo” previo en la Quinta de Olivos.

Pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre, el Ejecutivo de Javier Milei enfrentará una nueva movilización masiva. La convocatoria surgió del personal del Hospital Garrahan, que anunció un paro para el martes 21, pero rápidamente se amplió a los gremios docentes universitarios y a las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. La protesta apunta a exigir el cumplimiento efectivo de tres normas sancionadas por el Congreso Nacional y aún sin aplicación: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha coincidirá con el vencimiento del plazo legal que tiene el Ejecutivo para promulgar las dos últimas. Según el artículo 80 de la Constitución, si el Presidente no promulga ni veta una ley en diez días hábiles, ésta queda automáticamente promulgada. En este caso, además, las tres leyes fueron votadas por más de los dos tercios de ambas cámaras, por lo que no existe posibilidad de veto. Sin embargo, desde los sectores convocantes alertan que Milei podría repetir el esquema aplicado con la Ley de Discapacidad: promulgarla, pero luego no implementarla mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El punto de partida de la movilización fue una comunicación entre un referente sindical del Garrahan y un dirigente del sector universitario, quienes coincidieron en la necesidad de construir una protesta unificada. Esa idea tomó cuerpo en una reunión realizada en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), donde participaron delegados de distintos sectores que acordaron la convocatoria conjunta.
La AGD-UBA y las asambleas del Garrahan ratificaron el paro del 21 y confirmaron que el día previo, lunes 20 a las 12, ofrecerán una conferencia de prensa en las puertas del hospital pediátrico —Combate de los Pozos 1881— para pedir que la CGT, las CTA y los movimientos sociales se sumen a la jornada.

“Unificamos fuerzas en esta concentración y llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero y popular a sumarse a esta convocatoria. En la Plaza de Mayo leeremos un documento consensuado, exigiendo la implementación inmediata de las leyes, que apenas mitigan los graves problemas de salud, educación y discapacidad que vive el país”, adelantaron los gremios en un comunicado conjunto.

Antes de la movilización central, los trabajadores del Garrahan realizarán otra acción de protesta: un “ruidazo” frente a la residencia presidencial de Olivos, el sábado 19 a partir de las 14. Allí confluirán también organizaciones universitarias y de discapacidad, bajo la consigna de “hacer ruido para que nos escuchen”.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo que existe “una presunción de que el Gobierno podría reglamentar las leyes pero no aplicarlas, como ya ocurrió con la de Discapacidad”. En ese caso, anticipó que impulsarán un pedido de juicio político al presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ya hicimos todo lo que debíamos: agotamos las instancias, recorrimos los caminos institucionales y construimos un movimiento social en defensa del Hospital Garrahan. Hay una mayoría social y parlamentaria que nos respalda. Si el Gobierno decide no cumplir la ley, será responsable de un delito institucional”, advirtió Lezana.

La nueva movilización de trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y organizaciones de discapacidad reaviva la tensión entre el Ejecutivo y amplios sectores del sistema público de salud y educación. Más allá de su impacto en la recta final hacia las elecciones, el reclamo expone un problema estructural: la resistencia del Gobierno nacional a aplicar leyes sancionadas por consenso parlamentario.

El 21 de octubre, en Plaza de Mayo, confluirán tres ejes —salud, educación y derechos sociales— que vuelven a interpelar al oficialismo con una consigna sencilla pero contundente: cumplir las leyes vigentes.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas este viernes 17 de octubre, en continuidad con el plan de lucha iniciado meses atrás. La medida, según explicó la organización, busca “poner en evidencia la profunda preocupación del sector” frente al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y sus consecuencias sobre los trabajadores judiciales.

La medida de fuerza se enmarca bajo la consigna “Por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio”, una trilogía que sintetiza los reclamos centrales del gremio. Como antesala de la jornada de protesta, la UEJN realizará el jueves 16 una vigilia nacional en distintas sedes judiciales del país, con asambleas y actividades simbólicas.

Desde el sindicato denunciaron una pérdida salarial acumulada del 29,2% desde el inicio de la gestión actual y calificaron como “insuficientes” los aumentos otorgados en los últimos meses, como el 1,9% correspondiente a agosto. “Los motivos para mantener nuestro reclamo se multiplican”, señalaron en un comunicado, en el que acusaron al Gobierno de llevar adelante un “inmoral saqueo de los recursos de los trabajadores para beneficiar a los grandes grupos concentrados”.

Otro eje de conflicto es la defensa del régimen jubilatorio propio del Poder Judicial, que el gremio considera amenazado ante la posibilidad de una reforma previsional. “No vamos a permitir que se vulneren derechos adquiridos”, advirtieron los dirigentes.

Asimismo, la organización ratificó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, al que califican como un intento de “subordinar la independencia judicial”. También expresaron su preocupación por la “improvisada implementación” del nuevo Código Procesal Penal Federal y alertaron sobre los posibles efectos de un recorte presupuestario que agravaría los problemas estructurales del sistema judicial.

Con esta nueva jornada de protesta, la UEJN busca reforzar su presencia en el escenario gremial nacional y marcar distancia del modelo económico que, según denuncian, “destruye el poder adquisitivo y amenaza la estabilidad del Poder Judicial”. La vigilia del jueves y el paro del viernes serán, para el gremio, una doble señal de resistencia ante lo que consideran una ofensiva política y económica sin precedentes sobre el sector.

El Ejecutivo nacional oficializó la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la cuenca del río Limay y Neuquén. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei para reducir la participación estatal en el sector energético. El proceso será nacional e internacional, con la totalidad del paquete accionario en oferta, y marca un hito en la política de desestatización del Gobierno.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, dispone la difusión del llamado durante tres días consecutivos tanto en el Boletín como en los portales oficiales CONTRAT.AR, DGMarket (Banco Mundial) y la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar transparencia y concurrencia internacional.

El proceso se inscribe en la política de privatización y desinversión estatal que impulsa el presidente Javier Milei, en el marco de su programa de “reconversión del Estado empresario” y apertura de sectores estratégicos a capital privado.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca “mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema eléctrico”, reduciendo costos de operación y trasladando las inversiones de mantenimiento y modernización a empresas privadas, nacionales o extranjeras.

Las represas en detalle

Alicurá

Ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, fue inaugurada en 1985. Tiene una potencia instalada de 1.000 MW, con una presa de 110 metros de altura y un embalse de más de 3.000 hectáreas. Es considerada la primera gran represa del complejo Limay y una de las que mayor aporte realiza al sistema interconectado.

El Chocón

Inaugurada en 1973, también sobre el río Limay, en territorio neuquino–rionegrino. Su potencia instalada alcanza los 1.200 MW. Fue construida por la empresa estatal Hidronor durante la década del ’60, y por años se la consideró “la obra del siglo” por su impacto en el desarrollo energético y en el control de crecidas del río.

Cerros Colorados

Ubicado sobre el río Neuquén, este complejo comprende tres obras principales: Los Barreales, Portezuelo Grande y El Chañar, con una potencia conjunta de 480 MW. Además de generación eléctrica, cumple un rol clave en el riego del Alto Valle y en la regulación del caudal del río. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más antiguos de la región, finalizado a comienzos de los años ochenta.

Piedra del Águila

La más moderna de las cuatro, fue inaugurada en 1993. Se ubica también sobre el río Limay y tiene una potencia instalada de 1.400 MW, lo que la convierte en la segunda represa más potente del país, solo detrás de Yacyretá. Su embalse, de unos 20.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

En conjunto, estas cuatro centrales aportan cerca del 25 % de la energía hidroeléctrica del país y son esenciales para el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, constituyen un eje de desarrollo estratégico para la Patagonia norte.

Del fin de las concesiones a la privatización

Las concesiones originales de estas represas, otorgadas en los años noventa durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos Menem, vencieron entre 2023 y 2025.
Tras su vencimiento, el Estado nacional, a través de Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), asumió temporalmente la administración de los complejos, bajo un esquema de “reversión” al dominio público, con el objetivo de definir un nuevo marco de gestión.

Sin embargo, con la llegada de Milei a la Presidencia y la orientación de reducción del Estado empresario, la reversión dio paso a una nueva ola privatizadora, esta vez con la venta total del capital accionario de las sociedades controlantes.
El Ejecutivo argumenta que la operación permitirá “atraer inversiones, garantizar eficiencia operativa y generar ingresos fiscales”, aunque evita precisar montos estimativos de la venta.

Reacciones políticas y provinciales

El anuncio provocó reacciones inmediatas en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde los gobiernos locales habían solicitado una participación directa en la gestión futura de los embalses, bajo el argumento de que los recursos hídricos son de dominio provincial según la Constitución de 1994.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestó su “preocupación” y adelantó que pedirá la revisión del esquema de privatización para garantizar que la energía generada “beneficie también a las regiones productoras”.

Desde el ámbito sindical, la Asociación de Trabajadores de la Energía (APSEE) y gremios del sector alertaron sobre el riesgo de pérdida de soberanía energética y el posible impacto en los puestos de trabajo de las plantas. También cuestionaron que el Estado ceda activos que ya están amortizados y en plena producción, lo que podría implicar una transferencia patrimonial significativa al sector privado.

La venta de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno de Javier Milei en su política de desestatización.

Estas represas no solo son estratégicas por su peso en la generación eléctrica, sino también por su valor simbólico: fueron emblemas del desarrollo estatal y regional durante más de medio siglo.

El proceso abre un debate profundo sobre el modelo energético y la soberanía sobre los recursos hídricos, en un contexto donde la Nación busca recaudar fondos y liberar responsabilidades operativas, mientras las provincias reclaman su rol constitucional.
Entre la promesa de eficiencia y el temor a la pérdida de control, la venta de las represas patagónicas se perfila como un nuevo punto de inflexión en la historia energética argentina, con impacto político, social y territorial de largo alcance.