Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.

La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.

“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.

La inflación real, lejos de las cifras oficiales

Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.

El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.

Convenios abiertos y una estructura laboral en transición

En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.

La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.

Autoservicio: la amenaza silenciosa

Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.

“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.

“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.

La presión impositiva y la caída del consumo

Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.

“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.

El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.

El futuro del trabajo en jaque

Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.

El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.

El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.

Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un nuevo acuerdo salarial para el segundo semestre de 2025, con impacto en los sueldos desde julio

La FAECYS informó una nueva suba en los salarios para el segundo semestre de 2025, que impactará en los sueldos desde julio hasta diciembre. El convenio, firmado el 26 de junio con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), contempla un incremento total del 6% en seis cuotas mensuales no acumulativas y sumas fijas de $40.000.

Lo acordado será del 1% por mes, calculado sobre la base salarial de junio de 2025, con un cronograma que abarca desde julio hasta diciembre. Las sumas fijas serán proporcionales para quienes trabajen media jornada. Este entendimiento busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio frente al contexto inflacionario, sin afectar el funcionamiento de las pymes.

El salario básico de un empleado de comercio categoría Maestranza A en julio alcanzará los $1.005.994 más $40.000, mientras que un Administrativo F llegará a $1.065.759 más $40.000. Los vendedores B tendrán uno de los sueldos más altos, con $1.065.759 más $40.000.

La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía.

La Justicia dio un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que pretendía reestructurar profundamente el INTI y eliminar su autarquía.

El Decreto 462/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía. Sin embargo, la jueza Forns consideró que esta medida es inconstitucional y ordenó suspender sus efectos. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida judicial, considerándola un triunfo para la defensa de los derechos laborales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha criticado duramente al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por intentar aplicar decretos que calificó de «truchos».

La medida judicial es un paso clave en la defensa de la institucionalidad del INTI y los derechos laborales. Con este fallo, La Justicia demuestra su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.