La provincia resolvió interrumpir las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno ante el pronóstico de viento Zonda. La decisión, respaldada por organismos técnicos y de emergencia, alcanza a todos los niveles y activa mecanismos para sostener la continuidad pedagógica.

La irrupción del viento Zonda volvió a condicionar la dinámica cotidiana en San Juan y obligó a una respuesta coordinada del sistema educativo. Pasado el mediodía, el Ministerio de Educación provincial confirmó la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades durante los turnos tarde, vespertino y nocturno de este miércoles 6 de mayo, en línea con las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil.

La determinación no solo implicó interrumpir la presencialidad, sino también activar un esquema institucional previsto para este tipo de contingencias. A través de la Resolución 12277-ME-2024, las autoridades dispusieron la implementación del Plan de Contingencia, que contempla herramientas para sostener el vínculo pedagógico en contextos adversos. En este sentido, quedaron sin efecto las convocatorias y actividades previstas para la jornada, las cuales deberán ser reprogramadas por cada establecimiento.

El alcance de la medida es integral: incluye a la totalidad del sistema educativo provincial, desde el nivel inicial hasta la formación superior no universitaria. La prioridad, según remarcaron desde la cartera educativa, es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a un fenómeno que combina ráfagas intensas, aumento repentino de la temperatura y una marcada reducción de la visibilidad.

En la misma línea, la Universidad Nacional de San Juan resolvió suspender desde las 13:30 las actividades académicas y administrativas en sus tres instituciones preuniversitarias: el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La decisión se adoptó en sintonía con las recomendaciones de los organismos de emergencia y en concordancia con la medida provincial, reforzando un criterio unificado frente al riesgo climático.

Los reportes técnicos anticipan que el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor intensidad durante la siesta en el Gran San Juan y podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. Las ráfagas, sumadas a las condiciones ambientales propias del Zonda, configuran un escenario que exige precaución, especialmente en espacios abiertos y en la circulación urbana.

Este tipo de episodios, habituales en la región, ponen a prueba la capacidad de respuesta del sistema educativo y su articulación con las áreas de prevención. La experiencia acumulada en eventos anteriores ha permitido establecer protocolos claros, orientados tanto a la protección física de la comunidad como a la continuidad de los procesos de enseñanza.

Del 6 al 8 de mayo, el Estadio del Bicentenario será sede de la Expo San Juan Minera, un encuentro que articula empresas, gobiernos, academia y emprendedores en una propuesta de alto perfil técnico y acceso abierto al público.

San Juan volverá a posicionarse en el centro de la escena minera internacional con la realización de la 11.ª Expo San Juan Minera, que se desarrollará del miércoles 6 al viernes 8 de mayo de 2026. El evento, organizado por Panorama Minero con el acompañamiento institucional del Gobierno provincial, se desplegará en el Estadio del Bicentenario y tendrá como núcleo de conferencias al Velódromo Vicente Chancay, configurando un circuito integral de actividades orientadas tanto al ámbito profesional como a la comunidad.

La exposición abrirá sus puertas de 14:00 a 20:00 durante las tres jornadas, con entrada libre y gratuita mediante acreditación previa. Este formato busca ampliar la participación y acercar la actividad a un público más diverso, en un ámbito donde la minería se ubica entre los sectores más dinámicos de la economía regional.

Las cifras previstas para esta edición reflejan la magnitud alcanzada por el encuentro: más de 18.000 metros cuadrados de superficie total, 13.208 destinados a stands e islas comerciales, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y la presencia de más de 450 empresas. A ello se suman alrededor de 15.000 asistentes acreditados y delegaciones de más de 20 países, lo que confirma el carácter internacional de la convocatoria.

La propuesta combina exhibición comercial, intercambio técnico y espacios de formación. En los pabellones, compañías mineras, proveedores y actores de la cadena de valor presentarán equipos, maquinaria y desarrollos tecnológicos orientados a optimizar procesos productivos y elevar estándares de eficiencia. En paralelo, la Sala de Emprendedores y Productores Regionales ofrecerá visibilidad a iniciativas locales, integrando al tejido productivo en una vidriera de alcance global.

El programa también incorpora instancias de capacitación y debate. Entre ellas, se destaca el desafío “24 Horas de Ingenio en la Minería”, una experiencia intensiva destinada a estudiantes, que propone resolver problemáticas reales del sector en tiempo acotado. Esta iniciativa apunta a fortalecer la formación de nuevos perfiles profesionales y a vincular el sector académico con las demandas de la industria.

La agenda diaria presenta hitos específicos. El miércoles 6 tendrá lugar el bloque “Argentina Cobre – Sessions”, seguido por el acto de apertura oficial con recorrido institucional. El jueves 7 incluirá la ceremonia por el Día de la Minería y la primera sesión del desafío estudiantil. El cierre, previsto para el viernes 8, concentrará jornadas técnicas de ingeniería de minas y geología aplicada, además del Foro de Perforistas y la premiación final del certamen.

Más allá del volumen de participantes, la Expo se configura como un espacio de articulación estratégica. Empresas, autoridades, especialistas y representantes de distintos países convergen en un ámbito donde se definen inversiones, se comparten experiencias y se proyectan líneas de desarrollo para el sector. En ese sentido, la feria no sólo exhibe avances, sino que también funciona como plataforma de diálogo sobre los desafíos productivos, tecnológicos y sociales que atraviesa la actividad.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Ojeda a remitir en 24 horas la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. La resolución cierra la controversia sobre la competencia judicial y reencauza el proceso hacia un nuevo ámbito de definición.

La controversia judicial en torno a la Ley de Modernización Laboral sumó un capítulo decisivo con la intervención de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dispuso un plazo perentorio para que el juez laboral Raúl Ojeda remita el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La orden, de cumplimiento inmediato, busca hacer efectiva una decisión previa que ya había definido el fuero competente para entender en la causa.

El pronunciamiento lleva las firmas de los camaristas Jorge Eduardo Morán, Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, quienes consideraron que la discusión sobre la competencia se encuentra definitivamente zanjada conforme al artículo 20 de la Ley 26.854. En consecuencia, requirieron al titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que remita el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa” dentro del plazo de 24 horas, bajo apercibimiento implícito de incurrir en incumplimiento judicial.

La decisión no solo establece un límite temporal preciso, sino que también introduce un elemento de orden en un trámite que venía signado por resoluciones contrapuestas. El expediente en cuestión adquirió notoriedad luego de que Ojeda dictara una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral promovida por el Gobierno, una determinación que modificó el ritmo de implementación de la norma y activó una inmediata reacción por parte del Ejecutivo y de actores económicos interesados en el desenlace.

En ese marco, la discusión sobre el fuero competente adquirió centralidad. Mientras la Justicia del Trabajo entendía que debía intervenir por tratarse de un conflicto vinculado a derechos laborales, la jurisdicción contencioso administrativa sostuvo que la naturaleza de la demanda —dirigida contra el Estado Nacional— exigía su tratamiento en ese ámbito. La resolución de la Cámara viene a cerrar esa controversia y a establecer un criterio uniforme para la continuidad del proceso.

El fallo incorpora además un dato relevante en términos operativos: la habilitación de días y horas inhábiles para concretar las notificaciones, lo que evidencia la intención del tribunal de evitar nuevas dilaciones. La medida alcanza tanto al juzgado de origen como a la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, consolidando así un circuito de comunicación que refuerza la obligatoriedad de la orden.

Detrás de la disputa procesal subyace un conflicto de mayor alcance. La reforma laboral impulsada por el Gobierno se encuentra atravesada por objeciones sindicales y cuestionamientos jurídicos que ponen en juego principios consagrados en la legislación vigente. La CGT, impulsora de la acción judicial, sostiene que la norma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y defiende la intervención del fuero laboral como ámbito natural para su tratamiento. Del otro lado, el Ejecutivo y sectores empresariales buscan revertir la suspensión y acelerar la vigencia de la ley.

El expediente también registra la participación de terceros interesados, como la Sociedad Rural Argentina, que solicitó intervenir en el proceso, lo que añade complejidad a la tramitación. En ese aspecto, se han formulado críticas cruzadas entre los distintos actores del sistema judicial, con cuestionamientos sobre la actuación de magistrados y sobre la consistencia de algunas resoluciones adoptadas en instancias previas.

La intimación dirigida a Ojeda introduce ahora un momento decisivo. El magistrado deberá resolver en un plazo exiguo si acata la orden y remite el expediente o si abre un nuevo frente de discusión institucional. Un eventual incumplimiento podría derivar en consecuencias procesales o incluso en evaluaciones disciplinarias, lo que elevaría el nivel de exposición del caso.