Con el Congreso Nacional Ordinario convocado para este miércoles en Obras Sanitarias, las negociaciones por la nueva conducción de la CGT entran en su tramo decisivo. Jorge Sola y Cristian Jerónimo aparecen como nombres confirmados en un triunvirato que busca consenso, mientras persiste la disputa por el tercer lugar entre los sectores de Moyano, Barrionuevo y las Mujeres Sindicalistas.

A menos de 24 horas del Congreso Nacional Ordinario que renovará la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mapa sindical argentino se encuentra inmerso en un intenso proceso de negociación. Las reuniones se multiplican y los contactos cruzados se prolongan hasta último momento, en un intento por sellar una fórmula de unidad que evite una fractura en el movimiento obrero.

Por estas horas, existe una certeza: habrá triunvirato. Dos nombres ya están confirmados: Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. Ambos integran espacios que, aunque diversos, lograron converger en la necesidad de sostener un equilibrio institucional que preserve la continuidad del modelo colegiado de conducción.

El tercer lugar, sin embargo, es el gran punto de tensión. Hugo Moyano presiona para imponer la continuidad de Octavio Argüello (Camioneros) o abrir espacio a Facundo Moyano, recientemente reincorporado al SUTPA, como gesto hacia su sector. En paralelo, el barrionuevismo, con Luis Barrionuevo al frente, se resiste a convalidar una lista cerrada y promueve un nombre alternativo —se mencionó incluso a Gustavo Vila, del gremio de Carga y Descarga— con apoyo de dirigentes territoriales aliados.

El sector de Mujeres Sindicalistas también reclama representación real en la cúpula. Voces internas sostienen que Maia Volcovinsky (Judiciales) o Marina Jaureguiberri (UDA) deberían ocupar ese tercer puesto, no solo por paridad de género sino también por la necesidad de reflejar la diversidad de la CGT. “No puede haber unidad sin equidad”, apuntan desde el espacio femenino de la central.

Mientras tanto, los Gordos e Independientes —que agrupan a más de 50 gremios— se mueven con cautela para no romper los puentes de diálogo. Todo indica que respaldarán el binomio Sola-Jerónimo, aunque las diferencias con el moyanismo y la falta de definiciones en torno al tercer nombre amenazan con dinamitar el consenso alcanzado.

A este clima se suma la UOM, encabezada por Abel Furlán, que impulsa una postura más combativa y propone un unicato en lugar del triunvirato. “El Gobierno nos declaró la guerra. Tenemos que tener una CGT dispuesta a salir a la calle a pelear”, plantean desde su entorno, dejando entrever el descontento con un esquema que consideran “de equilibrio más que de conducción”.

Del otro lado, el barrionuevismo mantiene su estrategia de presión. Barrionuevo no asistió a la última reunión de Mesa Chica ampliada en la UOCRA ni envió delegados de su confianza. Su ausencia fue leída como una señal de distanciamiento y una advertencia: sin un rol decisivo en la definición de la nueva cúpula, podría abrir un frente propio o incluso promover la abstención de sus congresales.

El Congreso, que se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en el Club Obras Sanitarias, reunirá a 2.186 congresales de 210 organizaciones, con los 25 sindicatos más poderosos concentrando el 73% de los votos. La elección será por lista completa y voto secreto para un Consejo Directivo de 50 miembros, compuesto por 36 secretarías y 14 vocalías, con paridad de género en la mayoría de los cargos. Además, se aprobarán memorias y balances del período 2021-2024 y se designará la Comisión Revisora de Cuentas.

Aunque todo apunta a que habrá una lista de unidad, las posiciones encontradas podrían derivar en una votación —algo poco habitual en la historia reciente de la CGT— o incluso en un quiebre, si algún sector decide retirarse antes de la proclamación. “El que juega para romper está jugando para el Gobierno”, advirtió un dirigente en diálogo con InfoGremiales, dejando en claro que el sindicalismo no se permitirá regalarle a la Casa Rosada una división interna en medio del debate por la Reforma Laboral.

El Congreso de Obras se anticipa como una jornada clave no sólo para la CGT, sino para el rumbo del sindicalismo argentino frente a un gobierno que impulsa reformas estructurales en materia laboral y previsional. El resultado de las negociaciones —ya sea la confirmación de un triunvirato de equilibrio o la irrupción de una fractura— marcará el tono de la respuesta gremial en los próximos meses.
Entre acuerdos frágiles, liderazgos en disputa y la necesidad de unificar estrategias, la nueva CGT que emerja de Obras definirá, en buena medida, si el movimiento obrero logra recuperar voz propia o cede protagonismo en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.

El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria al Consejo del Salario para el 26 de noviembre, con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo, estancado en $322.200 desde agosto. El encuentro se realizará en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo y tras una cautelar que ordenó reactivar el proceso de revisión.

El Gobierno nacional convocó a la CGT, a las dos CTA y a las principales cámaras empresariales a una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPYSMVM), que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 12:30 horas, de manera virtual. Según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo será determinar el nuevo monto del salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo.

La reunión, que contará con una segunda instancia a las 14:00 en caso de no alcanzar quórum, será precedida por la sesión de la Comisión del Salario Mínimo, prevista para las 10:00. El orden del día incluye tres puntos centrales: la designación de representantes sectoriales para la firma del acta, la determinación del nuevo salario base y la definición de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Desde agosto de 2025, el salario mínimo permanece congelado en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para los jornalizados. Ese valor, que constituye el piso formal de remuneraciones y referencia para programas sociales de la ANSES, ha quedado desactualizado frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

La convocatoria llega luego de que la Justicia federal ordenara al Ejecutivo reactivar el proceso de revisión del salario mínimo, al hacer lugar a una acción presentada por las dos CTA. Las centrales sindicales argumentaron que la falta de actualización violaba el derecho constitucional a un ingreso digno, al tiempo que denunciaron el “desgaste deliberado” del Consejo del Salario como instancia institucional de diálogo tripartito.

En este contexto, fuentes sindicales adelantaron que insistirán en una recomposición “urgente y sustantiva” que recupere parte del poder adquisitivo perdido. “El salario mínimo no puede seguir por debajo de la línea de pobreza. Hay millones de trabajadores formales e informales que dependen de ese valor como referencia”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Por su parte, en el sector empresario predomina una postura más cauta. Las cámaras industriales y comerciales sostienen que un incremento abrupto podría impactar en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan una caída sostenida del consumo interno. Sin embargo, admiten que el atraso del SMVM respecto de la inflación ya se torna “difícil de sostener”.

El actual valor de $322.200 fue fijado en mayo de este año mediante la Resolución 5/2025, luego de que fracasara la negociación entre los tres sectores. En aquella oportunidad, la CGT y las CTA habían reclamado un monto unificado de $650.000, pero no hubo consenso. Ante el desacuerdo, el Gobierno resolvió de manera unilateral una serie de aumentos escalonados que culminaron en el nivel vigente desde agosto. La decisión fue firmada por Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones de Trabajo y presidenta alterna del Consejo.

En su momento, el Ejecutivo justificó la medida como un “equilibrio necesario” para evitar un impacto inflacionario adicional, mientras que los sindicatos denunciaron que el monto representaba menos de la mitad de lo solicitado y profundizaba la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica total, que supera los $700.000 según estimaciones privadas.

A la espera de la nueva reunión, distintos analistas advierten que el Gobierno enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, la presión social por recomponer los ingresos mínimos en un contexto de recesión y alza de precios; por el otro, la necesidad de preservar su discurso de disciplina fiscal y contención de costos laborales.

El próximo encuentro del Consejo del Salario será, más que una formalidad, una prueba de voluntad política. Con el salario mínimo rezagado frente a la inflación y con un poder adquisitivo deteriorado al extremo, el Gobierno deberá definir si sostiene su lógica de ajuste o habilita un gesto de recomposición que alivie los ingresos más bajos.
En un escenario de conflictividad laboral y tensión institucional, el valor que se acuerde —o imponga— el 26 de noviembre marcará no sólo el nivel del salario mínimo, sino también el rumbo social del final del año.

Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.