El paro general de la CGT afectará a varios sectores en San Juan este 9 de mayo en protesta a las políticas de reforma laboral y fiscal impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

El servicio de colectivos estará estará afectado en toda la provincia. Desde el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mediante un comunicado anunció su ratificación al paro general por lo que habrá suspensión del servicio por 24 horas. 

Ante esto dos de los tres gremios docentes de San Juan confirmaron su adhesión en apoyo a la marcha de la CGT. En el caso de UDA mediante una publicación en sus redes sociales, anunció que se suma al paro de actividades desde las 00 del 9 de mayo. Mientras que AMET en un comunicado en su página oficial informó el respaldo a la convocatoria realizada por CGT en reclamo urgente de reinstauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). 

En este sentido, la Bancaria San Juan confirmaron su adhesión al paro general. La modalidad que optaron las entidades es plegarse a la medida de fuerza, sin asistencia a los lugares de trabajos, aunque sí habrá guardias mínimas para la atención de los jubilados. Por otro lado las operaciones con cajeros automáticos estarán cubiertas, al igual que el funcionamiento del Home Banking para las transacciones que desee realizar el usuario. 

 Luego de cinco meses sin acuerdo salarial, la UOM se volvió a encontrar con la Cámara Argentina del Acero y las conversaciones volvieron a fracasar. Además, denunciaron que los empresarios siderúrgicos comenzaron despidos en algunas de las plantas del sector.

El sindicato que nuclea a los trabajadores siderúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a sumar otra negociación en el marco de la ya eterna paritaria del sector. La Cámara Argentina del Acero, anclada por el Grupo Techint, se volvió a negar a otorgar un aumento salarial a trabajadores que reciben el mismo sueldo desde noviembre de 2023, mientras la inflación se sigue comiendo su poder adquisitivo.

El gremio y los empresarios volverán a verse las caras en 10 días. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva reunión para el 16 de mayo. Aún así ya no hay opción para dictar conciliación obligatoria, por lo que las medidas de fuerzas se decidirán en forma independiente.

Según Furlán, este escenario de tensión es producto de que el Grupo Techint “impone de manera extorsiva al resto de la cámara” la decisión de que “no acuerde con la UOM porque si no, no les van a vender chapas”.

“Desde hace 60 días genera presión para que no acuerden con la UOM. Techint está liderando una postura de negación del acuerdo paritario”, que es “la misma posición del gobierno nacional”, remarcó durante una entrevista por Radio 10.

La novedad de la última audiencia es que el gremio denunció «decenas de despidos» en plantas de la actividad. Un nuevo foco de conflicto. Desde la organización apuntan a que el ajuste empezó a recaer sobre «trabajadores a plazo fijo» y contratados. Algo que los representantes empresarios optaron por negar.

En la última reunión de mesa chica de la CGT, el propio Furlán hablaba de lo trascendente que es este conflicto para el futuro del movimiento obrero. Si la UOM puede quebrar la resistencia de Rocca podría empezar a marcar un rumbo. En cambio, si la UOM pierde se acentuaría la sensación de “imbatibilidad” que quiere imponer el Gobierno.

Vale recordar que la paritaria de la siderurgia tiene una proyección sobre unos 15.000 trabajadores registrados.

La Ley Bases ya consiguió media sanción en Diputados y aprobara en el Senado, y de ser aprobada pondría en peligro más de 100.000 puestos de trabajo de estatales de planta permanente. Una parte del proyecto plantea la disolución de algunas áreas y la creación de un régimen especial para el personal estatal de esos organismos que pretenden desaparecer.

El Gobierno de Milei espera la aprobación por parte del Congreso de la nueva Ley Bases, que le permitiría, no solo disolver algunas áreas del Estado, sino también contar con un marco jurídico para aquellos empleados públicos que busque despedir. El desguace sería imparable.

Como ya ocurrió con las anteriores olas de despidos, en los principales medios empezaron a circular estimaciones de fuentes oficiales de cuántos puestos de trabajo se destruirán. Esta vez la amenaza alcanzaría a más de 100 mil trabajadores, cuyos contratos ya están en la mira y que durante el plazo de un año pasarían a estar en “situación de disponibilidad”, hasta que las autoridades nacionales definan su futuro.

El Gobierno se encontraría facultado a modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere «innecesario».

Asimismo, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases «Empleo Público» ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.

En ese caso, “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

“Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró. Aunque nada impide que no puedan desfinanciarlo todo.

También se prohibió la disolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).