El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria al Consejo del Salario para el 26 de noviembre, con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo, estancado en $322.200 desde agosto. El encuentro se realizará en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo y tras una cautelar que ordenó reactivar el proceso de revisión.

El Gobierno nacional convocó a la CGT, a las dos CTA y a las principales cámaras empresariales a una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPYSMVM), que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 12:30 horas, de manera virtual. Según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo será determinar el nuevo monto del salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo.

La reunión, que contará con una segunda instancia a las 14:00 en caso de no alcanzar quórum, será precedida por la sesión de la Comisión del Salario Mínimo, prevista para las 10:00. El orden del día incluye tres puntos centrales: la designación de representantes sectoriales para la firma del acta, la determinación del nuevo salario base y la definición de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Desde agosto de 2025, el salario mínimo permanece congelado en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para los jornalizados. Ese valor, que constituye el piso formal de remuneraciones y referencia para programas sociales de la ANSES, ha quedado desactualizado frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

La convocatoria llega luego de que la Justicia federal ordenara al Ejecutivo reactivar el proceso de revisión del salario mínimo, al hacer lugar a una acción presentada por las dos CTA. Las centrales sindicales argumentaron que la falta de actualización violaba el derecho constitucional a un ingreso digno, al tiempo que denunciaron el “desgaste deliberado” del Consejo del Salario como instancia institucional de diálogo tripartito.

En este contexto, fuentes sindicales adelantaron que insistirán en una recomposición “urgente y sustantiva” que recupere parte del poder adquisitivo perdido. “El salario mínimo no puede seguir por debajo de la línea de pobreza. Hay millones de trabajadores formales e informales que dependen de ese valor como referencia”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Por su parte, en el sector empresario predomina una postura más cauta. Las cámaras industriales y comerciales sostienen que un incremento abrupto podría impactar en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan una caída sostenida del consumo interno. Sin embargo, admiten que el atraso del SMVM respecto de la inflación ya se torna “difícil de sostener”.

El actual valor de $322.200 fue fijado en mayo de este año mediante la Resolución 5/2025, luego de que fracasara la negociación entre los tres sectores. En aquella oportunidad, la CGT y las CTA habían reclamado un monto unificado de $650.000, pero no hubo consenso. Ante el desacuerdo, el Gobierno resolvió de manera unilateral una serie de aumentos escalonados que culminaron en el nivel vigente desde agosto. La decisión fue firmada por Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones de Trabajo y presidenta alterna del Consejo.

En su momento, el Ejecutivo justificó la medida como un “equilibrio necesario” para evitar un impacto inflacionario adicional, mientras que los sindicatos denunciaron que el monto representaba menos de la mitad de lo solicitado y profundizaba la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica total, que supera los $700.000 según estimaciones privadas.

A la espera de la nueva reunión, distintos analistas advierten que el Gobierno enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, la presión social por recomponer los ingresos mínimos en un contexto de recesión y alza de precios; por el otro, la necesidad de preservar su discurso de disciplina fiscal y contención de costos laborales.

El próximo encuentro del Consejo del Salario será, más que una formalidad, una prueba de voluntad política. Con el salario mínimo rezagado frente a la inflación y con un poder adquisitivo deteriorado al extremo, el Gobierno deberá definir si sostiene su lógica de ajuste o habilita un gesto de recomposición que alivie los ingresos más bajos.
En un escenario de conflictividad laboral y tensión institucional, el valor que se acuerde —o imponga— el 26 de noviembre marcará no sólo el nivel del salario mínimo, sino también el rumbo social del final del año.

Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.

Durante una exposición ante empresarios en Madrid, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el objetivo del Gobierno es impulsar una reforma laboral que “desarticule la estructura de los gremios” mediante la prevalencia de los convenios por empresa. Reconoció que el cambio “alterará el poder sindical” y defendió el proyecto como una vía para “federalizar” el mercado de trabajo.

El funcionario hizo estas declaraciones en Madrid, durante el Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Embajada Argentina en España, donde expuso ante un auditorio compuesto por más de 200 empresarios, emprendedores y diplomáticos. Fue el primer miembro del gabinete de Javier Milei en visitar España tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en octubre.

En su presentación, Sturzenegger sostuvo que el esquema de relaciones laborales argentino es “centralizado y obsoleto”, y planteó la necesidad de que los convenios colectivos por empresa tengan prioridad sobre los acuerdos sectoriales o nacionales. Según explicó, esta reforma permitiría “federalizar las negociaciones” y adaptar las condiciones de trabajo a la realidad económica de cada región o compañía.

“En Argentina, el nordeste está asfixiado por las condiciones que se imponen desde Buenos Aires. Las reglas deben definirse en cada lugar, con la participación directa de las empresas y los trabajadores”, argumentó el ministro, acompañado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge.

Al ser consultado sobre la reacción que podría generar esta reforma en el movimiento obrero, Sturzenegger fue categórico:

“Cuando el convenio por empresa prevalece sobre el sindical nacional, se desarticula toda la estructura gremial. El orden de prelación cambia el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”, afirmó, en una frase que rápidamente circuló en Buenos Aires y generó críticas de las centrales sindicales.

La admisión del ministro blanquea uno de los ejes estratégicos de la agenda laboral del gobierno de Javier Milei: debilitar el poder de negociación de los sindicatos y promover un esquema descentralizado de relaciones laborales. En los borradores del Consejo de Mayo, el Ejecutivo ya incluyó reformas sobre la jornada de trabajo, el régimen de indemnizaciones y la autonomía de los convenios empresariales, temas que se discutirán en el Congreso en el inicio del nuevo período legislativo.

Si bien Sturzenegger evitó confrontar directamente con el expresidente Mauricio Macri, sus declaraciones marcaron una diferencia política: mientras el macrismo había intentado consensuar una reforma con la CGT, el actual Gobierno parece decidido a avanzar sin intermediarios, bajo una lógica de confrontación abierta con el sindicalismo.

El discurso de Madrid ratifica que la estrategia oficial no se limita a modernizar el marco legal, sino que busca redefinir el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores, en un movimiento que el propio ministro describe como “la transformación más profunda del mercado laboral argentino en décadas”.

Las palabras de Sturzenegger, lejos de pasar inadvertidas, revelan el núcleo político de la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar: un intento de reconfigurar el mapa sindical argentino y desplazar la negociación colectiva hacia el ámbito empresarial.

La “federalización” de los convenios, presentada como modernización, supone también una alteración estructural del sistema de representación gremial vigente desde mediados del siglo XX. En un país donde el sindicalismo sigue siendo un actor central de la vida económica y política, el desafío que plantea el ministro no sólo anticipa una disputa jurídica y parlamentaria, sino una batalla cultural en torno al modelo laboral que definirá el futuro del trabajo en la Argentina.