La crisis de las pequeñas y medianas empresas metalmecánicas profundizó su impacto sobre el empleo y el entramado productivo. En abril, último dato disponible para el mercado laboral, el rubro ocupaba a 234.100 trabajadores, 15.200 menos que un año antes. La cantidad de empresas también continuó descendiendo: quedaron 11.983 firmas activas, 957 por debajo del máximo registrado en noviembre de 2023.

El deterioro productivo acompaña esa contracción. Entre enero y julio de 2026, la producción metalmecánica pyme acumuló una disminución interanual del 10,9%, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). La magnitud de la caída supera ampliamente la registrada por el conjunto de la industria manufacturera, que retrocedió 2,6% durante el mismo período.

Los datos de julio muestran, además, que la retracción todavía no encontró un piso: la producción se ubicó 16,4% por debajo del mismo mes de 2025 y descendió 0,5% frente a junio.

El retroceso fue especialmente pronunciado en algunas ramas. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 30,5% interanual y los aparatos de uso doméstico disminuyeron 27,8%. La fundición de metales retrocedió 14,3%, mientras también registraron bajas los equipos eléctricos, las autopartes y distintos segmentos vinculados con la fabricación de maquinaria.

Hubo excepciones. Los envases metálicos aumentaron 11,7%, las carrocerías y remolques crecieron 2,5% y los productos metálicos estructurales avanzaron 1,6%. Esos desempeños, sin embargo, no lograron compensar la pérdida acumulada en las ramas de mayor incidencia.

La contracción también alcanzó los ingresos de los trabajadores. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el salario medio real de la metalmecánica disminuyó 1,6%, mientras que el promedio de la industria manufacturera registró una mejora real del 2,8%, según CAMIMA.

En el frente externo apareció una señal diferente. Las exportaciones metalmecánicas crecieron 2,7% durante el primer semestre, aunque las importaciones se redujeron 10,2%. La cámara vinculó esta última disminución con el menor nivel de producción, inversión y consumo doméstico.

El intercambio comercial continúa, de todos modos, marcado por una brecha considerable. En los doce meses acumulados, las compras externas alcanzaron los US$22.255 millones, frente a exportaciones por US$2.140 millones. El resultado fue un déficit de US$20.115 millones.

José Luis Ammaturo, secretario general de CAMIMA, consideró que el incremento de las ventas al exterior constituye uno de los pocos datos favorables del relevamiento, aunque planteó que esa mejora necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna y de la producción para que pueda traducirse en una recomposición más amplia de las empresas.

Los números describen una cadena de deterioro que excede la evolución mensual de las fábricas: menos producción, menor cantidad de firmas y pérdida de puestos de trabajo, acompañadas por una caída del salario real. La recuperación exportadora aporta un contrapunto, pero por ahora no alcanza para revertir la contracción que atraviesa buena parte de la pequeña y mediana metalmecánica argentina.

La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, hizo lugar al reclamo de AMPUNSJ contra Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. y ordenó completar el parcelamiento e inscripción de los terrenos del Loteo Valle Encantado. La empresa deberá cumplir en seis meses y pagar $15.369.487 más intereses.

La Justicia de San Juan condenó a Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. (P.R.Y.C.S.A.) a completar la regularización parcelaria del emprendimiento inmobiliario Valle Encantado y estableció una reparación económica a favor de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ).

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió la demanda interpuesta por la mutual, originada en la inobservancia de las obligaciones de un contrato suscrito el 15 de enero de 2021.

El fallo establece que la empresa deberá concretar el parcelamiento e inscripción parcelaria de los lotes comprendidos en el emprendimiento. Para hacerlo, dispone un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas si la orden judicial no es cumplida.

Además de la obligación de regularizar los terrenos, la magistrada fijó una indemnización de $15.369.487 por daños y perjuicios, suma que deberá actualizarse mediante los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.

El veredicto también alcanza a 87 asociados de AMPUNSJ individualizados en el expediente. La determinación de cuánto corresponde a cada uno deberá efectuarse durante la etapa de ejecución de sentencia, por lo que todavía resta definir la distribución concreta de esos montos y la modalidad mediante la cual se harán efectivos.

El expediente tuvo una instancia de conciliación el 9 de abril de 2026, con participación de representantes de la mutual y de la empresa. El encuentro concluyó sin acuerdo, por lo que el juzgado dispuso continuar con la producción de prueba hasta arribar a la resolución ahora conocida.

El fallo corresponde a la primera instancia y, por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativa. Una eventual apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la resolución, mientras que la ejecución de las obligaciones y los derechos económicos reconocidos en el proceso quedarán sujetos a las decisiones que adopte la Justicia.

Un estudio del CESBA y la OIT determinó que el 67% del empleo de la Ciudad de Buenos Aires presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. La CGT llevó la preocupación al Vaticano y reclamó que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos empresarias.

La expansión de la inteligencia artificial generativa comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del movimiento obrero argentino. La discusión ya no se limita a sus efectos sobre la productividad: también alcanza la estabilidad laboral, la capacitación, las desigualdades entre trabajadores y el papel que tendrán los sindicatos en la definición de las nuevas reglas.

Uno de los datos más contundentes surgió de un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe estableció que el 67% del empleo porteño presenta algún grado de exposición a la IA, con un índice de 0,353 sobre una escala de cero a uno. El registro supera los promedios de la Argentina —0,292— y de América Latina —0,257—, además de los correspondientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Solo Singapur aparece por encima.

La elevada exposición se explica por la composición de la economía porteña, fuertemente concentrada en servicios. Las mayores posibilidades de transformación se observan en la administración pública, las finanzas, las tecnologías de la información, los servicios profesionales, el comercio, el alojamiento y la gastronomía. En cambio, la construcción, el servicio doméstico y las ramas vinculadas con las artes y el entretenimiento presentan niveles inferiores al promedio.

Durante la presentación, el titular del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que la estructura productiva de la Ciudad la vuelve especialmente permeable al cambio tecnológico. Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer con urgencia instancias de diálogo social tripartito que permitan convertir la IA en una herramienta de desarrollo y no en una fuente de exclusión.

El relevamiento también mostró que el impacto no será uniforme. Los asalariados registrados, profesionales y trabajadores operativos aparecen entre los grupos más expuestos, mientras que los empleos no registrados y de menor calificación presentan una menor incidencia potencial. Las diferencias por género tampoco son lineales: los varones profesionales tienen una exposición superior a la de las mujeres con igual calificación, pero la relación se invierte en los puestos operativos. El cruce entre edad y género deja, sin embargo, un dato particularmente sensible: las mujeres jóvenes constituyen el grupo más vulnerable.

La explicación está vinculada con el tipo de tareas que la IA generativa puede transformar con mayor rapidez: redacción, procesamiento de información, análisis, programación y otras labores cognitivas desarrolladas principalmente en oficinas. El riesgo, por lo tanto, no se concentra únicamente en los empleos de baja calificación, sino también en ocupaciones profesionales y administrativas.

A escala nacional, un informe de la entonces Secretaría de Trabajo, elaborado a mediados de 2023, había estimado que más de la mitad del empleo formal privado —alrededor de tres millones de puestos— incluía tareas total o parcialmente automatizables mediante inteligencia artificial generativa. Ese diagnóstico todavía no fue actualizado oficialmente.

Desde el ámbito empresario, un estudio de la Unión Industrial Argentina y Accenture calculó que la incorporación de estas herramientas podría transformar hasta el 40% de la jornada laboral en las fábricas y elevar la productividad. El mismo trabajo advirtió, no obstante, que la Argentina recibe apenas el 2% de la inversión regional en inteligencia artificial y que solo una de cada tres empresas industriales destina recursos a estas tecnologías.

La CGT trasladó la discusión al plano internacional durante la audiencia que una delegación encabezada por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano. En el encuentro, los dirigentes expusieron el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de empleo, pero también incorporaron la expansión de la IA como uno de los factores que podrían alterar la estructura del mercado laboral.

La posición sindical apunta a evitar que la modernización tecnológica sea definida exclusivamente por las empresas. La central obrera reclama participación de los trabajadores, formación profesional, mecanismos de transición y garantías frente a eventuales desplazamientos de puestos.