El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de un encuentro en el Senado donde reclamó una nueva legislación minera y defendió el proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores del sector. Además, criticó el índice de inflación difundido por el INDEC y ratificó la presencia sindical en el “supermiércoles” legislativo.

Los jerárquicos mineros llevaron al Congreso un reclamo que busca abrir una discusión profunda: qué minería quiere la Argentina para el siglo XXI. Mena, sostuvo que la legislación vigente responde a un modelo del siglo XIX y ya no alcanza para los desafíos actuales.

“Tenemos trabajadores formados en el siglo XX y queremos una minería del siglo XXI. Necesitamos una ley moderna, que piense en el federalismo, en la participación de las provincias, en el agregado de valor con refinerías y en la distribución equitativa de la riqueza”, señaló.

En el mismo encuentro, Mena insistió en la necesidad de aprobar un régimen previsional diferenciado para los trabajadores mineros, presentado el año pasado en el Congreso. El proyecto propone que los varones puedan jubilarse a los 55 años y las mujeres a los 50, con los aportes correspondientes de empleadores y empleados.

“Es muy difícil sostener una vida laboral a 4.000 metros de altura con 20 grados bajo cero, o bajo tierra en la Patagonia profunda. La salud se deteriora antes y necesitamos un marco legal que reconozca esas condiciones extremas”, explicó.

Ausencia de San Juan, presencia de otras provincias

El dirigente destacó la participación de legisladores de La Rioja y de diversos representantes provinciales y del sector privado, pero cuestionó la ausencia del Ministerio de Minería de San Juan. “Fue un vacío llamativo en una provincia clave para la actividad”, observó.

Inflación: la brecha entre la estadística y la vida cotidiana

Más allá del debate sobre minería, Mena se refirió a la situación económica y cuestionó los datos oficiales de inflación. “El 1,9% que marcó el INDEC en agosto no refleja la realidad de las familias. Cuando suben el combustible y los servicios, todo se encarece. La gente prioriza la comida y la educación de sus hijos antes que el consumo. Con esos números es imposible discutir paritarias serias”, advirtió.
El referente gremial aseguró que la mesa sindical, de la que ASIJEMIN forma parte, trabaja en un planteo conjunto para reclamar un índice que refleje con mayor fidelidad el costo de vida.

Solidaridad entre gremios y defensa de lo público

Aunque reconoció que el sector minero atraviesa un buen momento con paritarias favorables, Mena subrayó que el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado. “Hay compañeros de otros gremios que sufren despidos, cierres de fábricas y recortes en obra pública. No se trata solo de defender lo propio, sino de ser solidarios”, expresó.

Camino al “supermiércoles”

Finalmente, el dirigente anticipó la participación de la mesa sindical en la jornada legislativa conocida como “supermiércoles”, donde se tratarán leyes vinculadas a la ciencia, la universidad y la salud. “Vamos a estar presentes porque no es una cuestión de desestabilizar, sino de reclamar lo que es justo. Queremos que al país le vaya bien, pero con la verdad y con los trabajadores adentro”, concluyó.

La voz de ASIJEMIN en el Congreso reflejó una doble preocupación: por un lado, modernizar la legislación minera y garantizar condiciones de retiro justas para quienes trabajan en contextos extremos; por otro, defender el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que, según los sindicatos, se mide con criterios alejados de la realidad. Con la vista puesta en el “supermiércoles” legislativo, el sindicalismo minero ratifica que la discusión sobre el modelo productivo no puede separarse de la justicia social.

La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, expresó un contundente rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad denunció que el plan oficial “consolida un ajuste estructural” que impactará de lleno en la educación, la ciencia y la tecnología, sectores que consideró “estratégicos para el desarrollo soberano del país”.

El eje central de las críticas radica en la reducción del financiamiento en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Según CTERA, el presupuesto prevé una baja progresiva que pasó del 1,44% en 2023 al 0,86% en 2024, con una proyección de apenas 0,75% para 2026.
“Este retroceso implica un golpe severo a la escuela pública, a las universidades y a la investigación científica”, advirtió la central docente, que agrupa a más de veinte sindicatos de todo el país.

Además, el artículo 30 del proyecto plantea la derogación de marcos legales claves que garantizan la inversión educativa y científica. Entre ellos, el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece un mínimo del 6% del PBI para el sector; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614, que regulan el financiamiento de la ciencia y la tecnología; y la continuidad del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. También se propone frenar el aumento progresivo del Fondo de Defensa Nacional (FONDEF).

El gremio docente también cuestionó las previsiones macroeconómicas incluidas en el texto. El Gobierno estima una inflación del 24,5% para diciembre de 2025 y del 10,1% para 2026. Sin embargo, la central recordó que hasta agosto de 2025 la inflación acumulada ya llegaba al 19,5% con un piso mensual del 2%, lo que proyecta un cierre de año en torno al 28-30%.
En la misma línea, calificó como “poco serias” las previsiones de crecimiento económico (+5,4% para 2025 y +5% para 2026), en un contexto de caída sostenida de la actividad.

Un “estado de alerta” en defensa de la escuela pública

En un comunicado oficial, la conducción nacional expresó: “Este presupuesto no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología. De aprobarse, desarticularía de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en la Argentina”.

Ante este panorama, la confederación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización”. En los próximos días, convocará a una reunión de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir y eventuales medidas de fuerza.

Para CTERA, el debate no es meramente fiscal sino político: se trata de la definición del rol que el Estado debe cumplir en la garantía del derecho social a la educación. El presupuesto, según la mirada sindical, “desconoce el mandato constitucional y las leyes sancionadas democráticamente”, a la vez que “debilita la posibilidad de un modelo inclusivo y soberano”.

Con este posicionamiento, CTERA se suma al conjunto de organizaciones sindicales, universitarias y científicas que ya anticiparon su rechazo al proyecto oficial, en lo que promete ser un nuevo capítulo de conflicto social y político en torno al rumbo del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.