El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria al Consejo del Salario para el 26 de noviembre, con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo, estancado en $322.200 desde agosto. El encuentro se realizará en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo y tras una cautelar que ordenó reactivar el proceso de revisión.

El Gobierno nacional convocó a la CGT, a las dos CTA y a las principales cámaras empresariales a una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPYSMVM), que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 12:30 horas, de manera virtual. Según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo será determinar el nuevo monto del salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo.

La reunión, que contará con una segunda instancia a las 14:00 en caso de no alcanzar quórum, será precedida por la sesión de la Comisión del Salario Mínimo, prevista para las 10:00. El orden del día incluye tres puntos centrales: la designación de representantes sectoriales para la firma del acta, la determinación del nuevo salario base y la definición de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Desde agosto de 2025, el salario mínimo permanece congelado en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para los jornalizados. Ese valor, que constituye el piso formal de remuneraciones y referencia para programas sociales de la ANSES, ha quedado desactualizado frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

La convocatoria llega luego de que la Justicia federal ordenara al Ejecutivo reactivar el proceso de revisión del salario mínimo, al hacer lugar a una acción presentada por las dos CTA. Las centrales sindicales argumentaron que la falta de actualización violaba el derecho constitucional a un ingreso digno, al tiempo que denunciaron el “desgaste deliberado” del Consejo del Salario como instancia institucional de diálogo tripartito.

En este contexto, fuentes sindicales adelantaron que insistirán en una recomposición “urgente y sustantiva” que recupere parte del poder adquisitivo perdido. “El salario mínimo no puede seguir por debajo de la línea de pobreza. Hay millones de trabajadores formales e informales que dependen de ese valor como referencia”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Por su parte, en el sector empresario predomina una postura más cauta. Las cámaras industriales y comerciales sostienen que un incremento abrupto podría impactar en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan una caída sostenida del consumo interno. Sin embargo, admiten que el atraso del SMVM respecto de la inflación ya se torna “difícil de sostener”.

El actual valor de $322.200 fue fijado en mayo de este año mediante la Resolución 5/2025, luego de que fracasara la negociación entre los tres sectores. En aquella oportunidad, la CGT y las CTA habían reclamado un monto unificado de $650.000, pero no hubo consenso. Ante el desacuerdo, el Gobierno resolvió de manera unilateral una serie de aumentos escalonados que culminaron en el nivel vigente desde agosto. La decisión fue firmada por Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones de Trabajo y presidenta alterna del Consejo.

En su momento, el Ejecutivo justificó la medida como un “equilibrio necesario” para evitar un impacto inflacionario adicional, mientras que los sindicatos denunciaron que el monto representaba menos de la mitad de lo solicitado y profundizaba la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica total, que supera los $700.000 según estimaciones privadas.

A la espera de la nueva reunión, distintos analistas advierten que el Gobierno enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, la presión social por recomponer los ingresos mínimos en un contexto de recesión y alza de precios; por el otro, la necesidad de preservar su discurso de disciplina fiscal y contención de costos laborales.

El próximo encuentro del Consejo del Salario será, más que una formalidad, una prueba de voluntad política. Con el salario mínimo rezagado frente a la inflación y con un poder adquisitivo deteriorado al extremo, el Gobierno deberá definir si sostiene su lógica de ajuste o habilita un gesto de recomposición que alivie los ingresos más bajos.
En un escenario de conflictividad laboral y tensión institucional, el valor que se acuerde —o imponga— el 26 de noviembre marcará no sólo el nivel del salario mínimo, sino también el rumbo social del final del año.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan, Martín Solazzo, mediante una entrevista concedida a Mundo Laboral SJ, cuestionó la falta de homologación paritaria y rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Aseguró que la iniciativa “no busca modernizar, sino flexibilizar”, y alertó que “el país retrocede mientras el mundo disputa mano de obra calificada”. También pidió una CGT “firme y unida” ante un escenario de conflictividad creciente.

El dirigente confirmó que los trabajadores metalúrgicos de la provincia cobrarán en noviembre los mismos sueldos que en septiembre, ya que el último acuerdo paritario —vigente hasta agosto— no fue renovado ni homologado.

“Seguimos cobrando el sueldo de agosto, con un bono no remunerativo que no se aplica al básico. Llevamos más de 60 días de atraso. Tanto la UOM como las cámaras industriales presentamos pedidos formales para reabrir la paritaria, pero la Secretaría de Trabajo los desestimó”, explicó.

El sindicalista consideró que esta falta de convocatoria responde a una estrategia política. “Todo indica que el Gobierno nacional quiso dejar pasar las elecciones del 26 de octubre antes de definir las negociaciones. Pero la realidad es que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo mientras la inflación no da tregua”, apuntó.

El representante sindical detalló que ya se realizaron nuevas presentaciones conjuntas entre el gremio y las cámaras empresarias para que el Ministerio disponga una audiencia formal. “Queremos destrabar la negociación y actualizar la escala desde septiembre en adelante. No se trata de un reclamo exagerado: es simplemente defender el valor real del salario”, subrayó.

Críticas a la reforma laboral

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional, el dirigente fue contundente:

“La reforma que proponen es una pérdida de derechos disfrazada de modernización. En ningún punto se habla de salarios dignos ni de equiparación con la canasta básica. Lo que sí se menciona es extender las jornadas, recortar vacaciones y eliminar indemnizaciones. Todo eso daña directamente al trabajador.”

Solazzo aclaró que la UOM no se opone a revisar ni modernizar convenios que datan de los años 70, pero insistió en que “una verdadera modernización debe partir del reconocimiento del trabajo digno y bien pago”. “Podemos discutir capacitación, tecnología o nuevas formas de organización laboral. Pero si el punto de partida no es el salario y la estabilidad, todo lo demás es precarización”, afirmó.

El referente gremial calificó de “arbitrario y regresivo” el intento de imponer bancos de horas y jornadas de hasta 13 horas diarias:

“Te dicen que vas a devolver las horas cuando el empleador lo disponga. Eso no es eficiencia, es explotación moderna. La vida del trabajador no puede ser una variable de ajuste.”

“A contramano del mundo en materia laboral”

El titular de la UOM en San juan comparó la situación argentina con las tendencias internacionales:

“El mundo se está disputando mano de obra calificada, trabajadores con formación y estabilidad. En cambio, acá se está desmantelando todo eso. Estamos retrocediendo tres décadas. Es un daño enorme, muchas veces irreparable.”

El dirigente recordó que muchos de los derechos laborales argentinos tienen rango constitucional o respaldo en tratados internacionales, y advirtió que “modificarlos sin consenso podría generar conflictos jurídicos y políticos de gran escala”.

“No es tan fácil cambiar la ley para que un trabajador pase de 8 a 13 horas. Hay límites legales, pero también límites éticos”, remarcó.

Unidad sindical y desafíos de la CGT

A pocos horas de la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), prevista para el 5 de noviembre, Solazzo respaldó la posición de la central obrera, que reafirmó su rechazo a cualquier reforma que implique pérdida de derechos.

“Acompañamos totalmente a la CGT en esta postura. Lo más importante es que se logre una unidad sólida, no una unidad forzada. Hay que dejar de lado los egos y los intereses personales. Lo que viene exige una CGT fuerte, firme y consensuada.”

El gremialista destacó que la unidad sindical será decisiva frente a un gobierno que “pretende avanzar sobre el marco regulatorio del trabajo y desarticular la estructura gremial”.

“Si el movimiento obrero no se mantiene unido, el trabajador quedará solo ante un modelo que busca precarizar el empleo. Y eso sería el peor retroceso de nuestra historia reciente.”

El trabajo, entre la incertidumbre y la resistencia

En la entrevista, Solazzo enfatizó que el sector metalúrgico enfrenta un momento bisagra. Mientras la producción se desacelera y los salarios pierden terreno, el Gobierno promueve cambios que, según el gremio, “rompen el equilibrio básico entre capital y trabajo”.

“Una verdadera reforma laboral debería discutir cómo se generan empleos de calidad, cómo se distribuye la riqueza, cómo se sostiene la industria nacional. Pero en este proyecto, lo único que se menciona es cuánto más puede flexibilizarse el trabajo”, concluyó.

El testimonio de Martín Solazzo sintetiza la posición de incertidumbre y resistencia del sindicalismo frente a la nueva etapa de reformas estructurales que propone el Gobierno. Desde las bases provinciales hasta las conducciones nacionales, el reclamo converge en un punto central: sin salario digno y sin estabilidad laboral, no hay modernización posible.

En un país donde el trabajo sigue siendo el núcleo del contrato social, la advertencia de la UOM resuena como un recordatorio político y ético: la productividad no puede construirse sobre la pérdida de derechos. Y en esa tensión entre eficiencia y justicia, se juega buena parte del futuro del trabajo argentino.

Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.