En un entorno marcado por la fragilidad del sistema de salud y la creciente salida de entidades del padrón oficial, el Gobierno nacional avanzó con una medida que modifica de manera sustancial la lógica de afiliación de los monotributistas. A través de la Resolución 492/2026, publicada el 19 de marzo en el Boletín Oficial, dispuso la asignación automática de una nueva obra social para aquellos afiliados que queden sin cobertura.

La normativa, establece la creación de un registro específico de agentes del seguro de salud habilitados para recibir a estos beneficiarios. Se trata de un esquema preventivo que apunta a evitar interrupciones en la atención médica frente al cierre o la inhabilitación de obras sociales, una situación que se ha vuelto recurrente en los últimos meses.

Hasta ahora, el procedimiento contemplaba que cada monotributista gestionara por su cuenta el cambio de cobertura, con la posibilidad —aunque no siempre efectiva— de elegir una nueva entidad. Con la nueva resolución, ese margen de decisión queda reducido: el traspaso será automático hacia alguna de las obras sociales previamente inscriptas en el registro, lo que introduce un criterio de asignación centralizado.

El ingreso a este listado será voluntario para las obras sociales, aunque condicionado a requisitos estrictos: deberán estar activas, contar con padrón vigente y no atravesar procesos de crisis o liquidación. El objetivo oficial es evitar un efecto dominó que profundice la inestabilidad del sistema.

La medida se inscribe en un momento de creciente preocupación por la sostenibilidad del modelo de cobertura para trabajadores independientes. Días antes de la resolución, la advirtió sobre un fuerte desfasaje estructural entre los costos reales de la atención médica y los aportes que realizan los monotributistas.

Según ese diagnóstico, el Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y puede alcanzar entre $160.000 y $170.000 en personas mayores, mientras que el componente destinado a obra social dentro del monotributo se ubica en apenas $21.990,11 desde febrero de 2026. La brecha expone un esquema financieramente inviable en el mediano plazo.

En este aspecto, desde el sector alertan sobre el riesgo de una expulsión progresiva de monotributistas del sistema de obras sociales, con el consecuente traslado de la demanda hacia el sistema público, ya tensionado por restricciones presupuestarias.

La política de fiscalización impulsada durante la gestión de también contribuyó a este escenario. Desde su asunción, más de 160 entidades —entre obras sociales y empresas de medicina prepaga— fueron excluidas del registro oficial por incumplimientos en materia de solvencia, documentación y operatividad. Solo en marzo de 2026, se dieron de baja diez nuevas prepagas.

El kilo de filet de merluza se ubica entre $9.000 y $10.500 en pescaderías sanjuaninas, consolidando una suba cercana al 40% en un año. A días de Semana Santa, el incremento refleja el peso de la inflación, la estacionalidad y los costos del sector, en un marco de consumo más cauteloso.

A pocos días de una nueva celebración de Semana Santa, uno de los productos emblemáticos de la mesa sanjuanina vuelve a registrar un marcado incremento de precios. El filet de merluza, principal referencia del consumo en esta época, se comercializa actualmente entre $9.000 y $10.500 por kilo, con picos que ya alcanzan los $11.000 según el punto de venta.

La comparación interanual permite dimensionar el impacto: a fines de marzo de 2025, el mismo producto rondaba los $7.500, luego de haber escalado desde los $6.000 el año previo. La dinámica evidencia una tendencia sostenida al alza que, lejos de moderarse, encuentra en la estacionalidad un nuevo impulso.

Desde el sector comercial señalan que este comportamiento no resulta novedoso. En la previa de la festividad del año pasado ya se advertía sobre posibles aumentos adicionales en cuestión de semanas, impulsados por el repunte de la demanda y la presión de los costos. Aquella proyección se cumplió y consolidó un escenario de ajustes periódicos que se mantiene vigente.

A esta sitación se suma la incertidumbre que en algunos momentos generaron faltantes de mercadería, especialmente en los días de mayor demanda. Históricamente, el consumo se concentra en la recta final previa a la celebración, lo que presiona la oferta y suele derivar en remarcaciones de último momento.

En cuanto a la estructura de precios actual, el filet de merluza continúa siendo la opción más accesible dentro del segmento, aunque otras variedades presentan valores significativamente más elevados. El filet de atún y el abadejo se ubican en torno a los $12.500 por kilo, mientras que el congrio puede alcanzar los $16.000. En el caso del salmón, producto importado, los precios escalan hasta un rango de entre $33.000 y $38.000 por kilo.

Los mariscos, por su parte, también registran valores altos, con precios que oscilan entre los $18.000 y los $24.000 por kilo. Esta situación impacta de lleno en platos tradicionales como la paella, cuyo costo se incrementa de manera considerable: una porción para dos personas puede rondar los $12.000, dependiendo de la combinación de ingredientes.

Más allá del incremento de precios, el comportamiento del consumo muestra señales de cambio. Desde las pescaderías locales describen un nivel de ventas estable, sin picos pronunciados, y advierten una menor incidencia de las tradiciones religiosas en los hábitos de compra en comparación con años anteriores.

En este marco, el pescado mantiene cierta competitividad frente a la carne vacuna, cuyos valores también han experimentado fuertes subas, lo que podría favorecer una leve reactivación de la demanda en las próximas semanas. Sin embargo, el factor precio continúa siendo determinante en la decisión de compra.

Las subas responden, en gran medida, a la actualización progresiva de costos en línea con la inflación acumulada, junto con variables propias del sector como paritarias, logística y estacionalidad. De cara a los próximos días, no se descartan nuevos incrementos, aunque se estima que serían acotados, en torno al 2% o 3%.

En la antesala de Semana Santa, el filet de merluza vuelve a posicionarse como un termómetro del poder adquisitivo y de los focos inflacionarios . Con precios en alza y un consumo más selectivo, la tradición persiste, aunque adaptada a un contexto económico más restrictivo.

Las proyecciones indican un escenario de ventas moderadas y ajustes contenidos, con aumentos que no superarían el 5% en el corto plazo. Frente a ello, comerciantes recomiendan anticipar las compras y optar por la conservación en frío, como estrategia para evitar nuevas subas y garantizar disponibilidad en los días de mayor demanda.

Casi 30 colegios de abogados de todo el país presentaron una acción judicial para suspender artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Denuncian que el nuevo esquema de honorarios en juicios laborales vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo su carácter alimentario.

El frente judicial contra la reforma laboral se amplía y suma nuevos actores de peso. A las presentaciones impulsadas por sindicatos en distintos puntos del país, ahora se agregan los colegios de abogados, que avanzaron con una estrategia coordinada para cuestionar aspectos sensibles de la normativa aprobada por el Congreso.

Un total de 29 colegios profesionales promovieron una acción ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada recientemente. La iniciativa cuenta con el patrocinio del abogado Alberto Spota y apunta específicamente contra el nuevo régimen de percepción de honorarios en el proceso laboral.

La ofensiva judicial se inscribe en un escenario de creciente litigiosidad contra la reforma impulsada por el oficialismo, considerada una de las piezas clave del programa económico y laboral del Gobierno. En ese marco, los abogados buscan bloquear la aplicación de los artículos 20 y 277 de la ley, al sostener que introducen cambios que afectan derechos adquiridos y alteran la naturaleza jurídica de sus ingresos.

El eje del planteo gira en torno al carácter alimentario de los honorarios profesionales. Según los demandantes, la posibilidad de establecer pagos en cuotas —tal como habilitaría la nueva normativa— implica una desnaturalización de ese principio, además de configurar una afectación directa al derecho de propiedad. A ello suman el riesgo de que los letrados asuman cargas patrimoniales personales por el solo hecho de litigar en defensa de sus clientes.

En su presentación, los colegios sostienen que la reforma vulnera garantías consagradas en la Constitución Nacional, en particular los artículos 14 bis, 17, 18 y 75. Argumentan que el nuevo esquema restringe el ejercicio profesional, compromete el debido proceso y debilita la defensa en juicio, pilares esenciales del sistema jurídico.

Asimismo, advierten sobre una “utilización desviada de herramientas procesales” que podría afectar no sólo a las partes involucradas en los litigios laborales, sino también al funcionamiento integral del servicio de justicia. En ese sentido, citaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de medidas cautelares cuando se encuentran en juego posibles colisiones con normas constitucionales.

Otro punto relevante de la estrategia judicial es el intento de evitar dilaciones procesales. Los abogados solicitaron que se declare inaplicable el traslado previo al Estado nacional previsto en la Ley 26.854 para este tipo de medidas, con el argumento de impedir eventuales maniobras dilatorias por parte del Gobierno antes de que se resuelva la cautelar.

El planteo no es aislado. En simultaneo, ya se registran al menos cinco fallos judiciales que cuestionaron la nueva fórmula de cálculo de intereses en juicios laborales, lo que refuerza la percepción de que la reforma enfrenta serias dificultades para consolidarse sin resistencia en los tribunales.

La irrupción de los colegios de abogados en el frente judicial marca un punto de inflexión en la disputa por la reforma laboral. A diferencia de los sindicatos, que litigan desde la defensa de los trabajadores, los letrados introducen una dimensión institucional y corporativa que complejiza el escenario para el Gobierno.

El cuestionamiento al régimen de honorarios no es menor: pone en debate la sustentabilidad económica del ejercicio profesional y, al mismo tiempo, impacta en el acceso a la justicia para los trabajadores, ya que condiciona la viabilidad de los litigios laborales.

Además, la acumulación de fallos adversos y presentaciones cautelares abre la puerta a un entorno de fragmentación normativa, donde la aplicación de la reforma podría quedar sujeta a decisiones judiciales dispares según la jurisdicción.