En una nueva jornada de negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del sector sumó un nuevo fracaso, en el marco del conflicto por el pago de los aumentos de los choferes de AMBA. La secretaría de Trabajo de la Nación citó a las partes a una nueva reunión el próximo 10 de mayo a las 13 horas.

El gremio que lidera Roberto Fernández manifestó en la reunión que, “la situación de los trabajadores es de una gran incertidumbre” y apuntó al gobierno porque el sector se encuentra sin una autoridad pertinente para el área de Transporte, luego de que el Poder Ejecutivo disolvió el Ministerio de Transporte.

La UTA recordó que “los compromisos estatales y precisamente no con estos trabajadores, derivaron en ofrecimientos salariales de los empresarios, incluso reconocidos por el mismo Estado y que fueron debidamente firmados”, y agregó que “los pactos se firman para cumplirse”, remarcó la delegación del sindicato.

El gremio reclama que las cámaras cumplan con el acuerdo salarial firmado meses atrás y resaltó que “los empresarios pueden disponer de estrategias para cumplir y no cumplir, reducir costos, diagramas, servicios y los trabajadores deben sostener el sistema con su fuerza y sangre de trabajo” y que desde UTA, “escuchamos razones múltiples, pero ya esa etapa terminó, necesitamos cumplimientos”, afirmó la parte sindical.

A su vez, UTA advirtió que realizará “todas las vías legales nacionales e internacionales con el fin de restablecer la lesión de los derechos sindicales tan vulnerados”, si las empresas no abonan el día de trabajo del 11 de abril pasado, cuando el gremio llevó a cabo una medida de fuerza de retención de tareas en el marco del conflicto por el pago del aumento salarial.

Por su parte, la parte empresarial, que unificó su posición y solicitó una nueva audiencia a fin de fijar una posición sobre lo expresado por el gremio y continuar con las negociaciones.

La Ley Bases ya consiguió media sanción en Diputados y aprobara en el Senado, y de ser aprobada pondría en peligro más de 100.000 puestos de trabajo de estatales de planta permanente. Una parte del proyecto plantea la disolución de algunas áreas y la creación de un régimen especial para el personal estatal de esos organismos que pretenden desaparecer.

El Gobierno de Milei espera la aprobación por parte del Congreso de la nueva Ley Bases, que le permitiría, no solo disolver algunas áreas del Estado, sino también contar con un marco jurídico para aquellos empleados públicos que busque despedir. El desguace sería imparable.

Como ya ocurrió con las anteriores olas de despidos, en los principales medios empezaron a circular estimaciones de fuentes oficiales de cuántos puestos de trabajo se destruirán. Esta vez la amenaza alcanzaría a más de 100 mil trabajadores, cuyos contratos ya están en la mira y que durante el plazo de un año pasarían a estar en “situación de disponibilidad”, hasta que las autoridades nacionales definan su futuro.

El Gobierno se encontraría facultado a modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere «innecesario».

Asimismo, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases «Empleo Público» ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.

En ese caso, “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

“Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró. Aunque nada impide que no puedan desfinanciarlo todo.

También se prohibió la disolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La aprobación de este nuevo régimen implicará la derogación de la moratoria previsional y la implementación de una nueva prestación acorde a los años de aportes.

La Cámara de Diputados dio media sanción este semana al régimen jubilatorio que forma parte de la Ley Bases y la eliminación de la moratoria previsional que impulsa el Gobierno. La iniciativa pasó ahora al Senado donde se comenzará a debatirse en los próximos días.

Se trata concretamente del Tíítulo IX que dispone la derogación de la Ley 27.705, que permitía jubilarse sin tener los 30 años de aportes requeridos, y propone la creación de la denominada Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas de 65 años que no completen el mencionado requisito.

Moratoria previsional: qué es y por qué el Gobierno busca derogarla

Se trata de un instrumento que actualmente permite jubilarse a las personas que no cuentan con los aportes completos. Aquellos que tienen la edad para iniciar el trámite jubilatorio (mujeres de 60 años y hombres de 65 o más) pueden acceder la moratoria con un pago de cuotas que se ajustan, según la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP).

El valor de estas cuotas dependen directamente de la remuneración mínima imponible, que hoy es de $ 45.281,15. Se descuentan en cada pago de haberes equivalentes al 29% de la remuneración mínima no imponible, lo que significa un monto de $ 13.131,53.

En caso de aprobarse la ley en el Senado, esta moratoria sería reemplazada por la Prestación de Retiro Proporcional.

Jubilados ANSES: qué es la Prestación de Retiro Proporcional

El gobierno de Javier Mlei propone este nuevo sistema para que quienes no hayan terminado sus aportes, cobren cuando cumplan los 65 años un ingreso mínimo equivalente a la PUAM. En mayo, los beneficiarios de esta última percibirán $ 222.113.

De acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), a cada beneficiario se le depositará un haber adicional cuyos montos los definirá el Poder ejecutivo según cada caso. 

Así, por ejemplo, una persona con 10 de aportes no ganará lo mismo que una que contribuyó durante 25 años.

Otro de los importantes cambios es la modificación en la edad jubilatoria. Anteriormente, las mujeres que no cumplían con los años de aporte podían jubilarse a los 60 años. De aprobarse la ley, esto se extenderá hasta los 65.   

¿Qué es la PUAM?

Es otro instrumento que le asegura a los mayores de 65 años un ingreso mensual, cobertura médica y asignaciones familiares. 

Como se mencionó, el monto equivale al 80% de la jubilación mínima ($ 260.141,60 contemplando el refuerzo). En mayo, cobrarán los $ 222.113 divididos en $ 152.113 y $ 70.000 del bono que anunció el Gobierno.