El proceso de venta de Carrefour en la Argentina encendió las alarmas en el sindicalismo. Con al menos cuatro grupos empresarios interesados en la operación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) exige una reunión urgente con la compañía para garantizar los 24.000 puestos de trabajo y la preservación de los convenios colectivos. La incertidumbre crece entre los empleados y las filiales locales ya activan mecanismos de diálogo para evitar conflictos.

El posible cambio de manos de Carrefour Argentina, una de las mayores cadenas de supermercados del país, generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, busca establecer contacto directo con la conducción de la empresa para conocer los alcances del proceso de venta y exigir garantías sobre la continuidad laboral de los 24.000 trabajadores que dependen de la compañía.

Fuentes de la FAECYS confirmaron que se realizaron reuniones internas en las últimas horas para definir una estrategia común frente a un escenario de incertidumbre creciente. El objetivo es claro: asegurar la estabilidad del empleo y evitar cualquier intento de flexibilización laboral que pueda derivarse del cambio de control.

“La prioridad es preservar cada puesto de trabajo y asegurar la continuidad de los convenios colectivos vigentes, sin importar quién resulte adjudicatario de la compra”, señalaron desde el gremio.

Según trascendió, el grupo francés Carrefour avanza en negociaciones con al menos cuatro potenciales compradores: Chango Más, Coto, Cencosud y un cuarto oferente cuyo nombre aún no fue revelado. Directivos de la empresa mantuvieron en las últimas semanas reuniones en París con representantes de una firma argentina, aunque sin brindar información oficial sobre el estado de las tratativas. Esa falta de claridad alimentó la preocupación sindical y encendió las alertas en las filiales regionales.

Reclamos por transparencia y preservación de derechos

La FAECYS pidió formalmente que la operación se realice con pleno respeto de los derechos adquiridos y que se mantenga el cumplimiento de los convenios colectivos. “Los trabajadores no pueden ser variables de ajuste en una negociación empresarial”, remarcaron fuentes cercanas al gremio.

La falta de información oficial sobre los términos de la operación generó inquietud también entre las seccionales del interior. En Mar del Plata, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), conducido por Guillermo Bianchi, presentó una nota formal a la dirección local de Carrefour, invocando el acuerdo internacional firmado entre Carrefour Argentina y UNI Global Union.

Ese documento, en su punto 3.1, resalta la importancia del diálogo social y la protección de los derechos laborales, principios que ahora los gremios reclaman como marco indispensable del proceso de venta.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresó el SECZA en un comunicado público.

La conducción marplatense también instó a evitar decisiones unilaterales que puedan afectar las fuentes de empleo, y advirtió que, sin información clara, el malestar podría derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.

Un proceso que tensiona el mapa laboral del retail

La eventual venta de Carrefour no solo afecta a sus empleados directos, sino que podría reconfigurar el mapa del sector supermercadista argentino, concentrando aún más la actividad en pocas manos.
La competencia por el control de la cadena se da en un contexto de consumo deprimido, caída del poder adquisitivo y cierre de locales minoristas, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores.

Analistas del sector advierten que, detrás del proceso de venta, hay factores estructurales: márgenes cada vez más ajustados, aumento de costos logísticos y una lenta recuperación del consumo masivo.
En ese escenario, la negociación sindical adquiere un carácter estratégico, no solo por los empleos directos sino por su impacto en las condiciones laborales del comercio en general.

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.

El consumo masivo registró en septiembre una de las caídas más pronunciadas del año, con un retroceso del 7,9% respecto de agosto. Según Focus Market, el fenómeno refleja el peso creciente de los servicios en los presupuestos familiares y el deterioro sostenido del poder adquisitivo de la clase media, que reduce el gasto en bienes ante la presión de precios y tarifas.

El consumo en la Argentina atraviesa una fase de contracción estructural que trasciende los vaivenes coyunturales. Los hogares, en especial los de ingresos medios, enfrentan un escenario de precios desalineados con los ingresos, una inflación persistente en los servicios y un crédito cada vez más inaccesible. En este contexto, las decisiones de gasto se orientan a cubrir necesidades básicas y compromisos fijos, desplazando la compra de bienes de consumo corriente.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, basado en el sistema Scanntech, que monitorea 756 puntos de venta en todo el país, el consumo masivo cayó un 7,9% en septiembre frente al mes anterior, y 6,3% en la comparación interanual. Pese a esa contracción, el acumulado de los primeros nueve meses del año aún muestra una suba del 3% respecto de igual período de 2024, sostenida principalmente por el fuerte dinamismo del primer trimestre.

Para Damián Di Pace, director de la firma, “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos”. El especialista advirtió que “la clase media destina una porción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo drásticamente su capacidad de consumo discrecional”. A su juicio, “la recuperación dependerá de una recomposición sostenida del salario real y de la estabilización del cuadro inflacionario”.

Brecha territorial y formatos en retroceso

La contracción no fue homogénea. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la demanda se desplomó 16,7% y la facturación retrocedió 14,7%, reflejando la mayor sensibilidad del consumo urbano ante los incrementos de tarifas y servicios. En el interior del país, el descenso fue más moderado: 2,9% en consumo y 3,8% en facturación.

Los distintos formatos comerciales también mostraron impactos dispares. Las tiendas independientes fueron las más castigadas, con una retracción del 13,1% y un ticket promedio de $10.793. Les siguieron los autoservicios grandes, con una baja del 5,3%, y los autoservicios medianos, que retrocedieron 3,3%. En los comercios de menor escala, la contracción alcanzó el 1,9%, con un valor promedio por compra de $6.807.

El patrón común en todos los segmentos fue la disminución del volumen de compra: la cantidad de tickets cayó 5,6% y el número de unidades por transacción se redujo 3,4%, un signo de la prudencia con la que las familias administran cada gasto.

Alimentos resisten, bebidas y limpieza retroceden

Dentro de la composición del consumo, los alimentos consolidaron su predominio en la facturación total, al pasar de 60,2% a 62% del total vendido. Por el contrario, bebidas, limpieza y cuidado personal perdieron participación. En términos de unidades, los rubros de alimentos, limpieza y cuidado personal mostraron leves incrementos, mientras que las bebidas fueron las únicas que retrocedieron.

Di Pace explicó que “los alimentos continúan liderando los aumentos de precios, impulsados por el encarecimiento logístico y de insumos. En contraste, el segmento de bebidas exhibe caídas en precios como estrategia defensiva para sostener volumen, mientras que los productos de higiene y cuidado personal recuperan márgenes tras meses de rezago”.

Precios en escalada y crédito paralizado

La canasta básica de productos registró un alza del 1% mensual y del 21,8% interanual, con subas destacadas en cuidado personal (+4,7%), cosmética (+3,4%) y cuidado del calzado (+3,3%). En cambio, las bebidas alcohólicas y sin alcohol mostraron descensos de entre 2% y 3%, junto con las golosinas.

El economista advirtió que la elevada tasa de interés impone un freno adicional: “El alto costo del financiamiento, sumado al endeudamiento acumulado y la caída del ingreso disponible, restringe la capacidad de compra y debilita el consumo financiado. Sin una mejora tangible en los ingresos reales, el mercado interno difícilmente podrá reactivarse”.

El comportamiento del consumo en septiembre expone, con nitidez, el agotamiento de la capacidad de gasto de los hogares argentinos. El aumento sostenido de los servicios, la rigidez de los precios de alimentos y la ausencia de crédito asequible delinean un escenario de contracción prolongada.

La clase media, históricamente motor del consumo interno, se ve obligada a redefinir sus prioridades: garantizar servicios básicos, asumir tarifas crecientes y restringir el acceso a bienes que hasta hace poco eran cotidianos. En un contexto de inflación persistente y salarios rezagados, la estabilidad macroeconómica será condición necesaria, pero no suficiente, para revertir la caída. La verdadera recuperación dependerá de una política de ingresos que devuelva poder de compra a los hogares y restablezca la confianza en el futuro económico inmediato.