El secretario general de la UOCRA, principal interlocutor de la CGT ante el Gobierno, cuestionó duramente los planes de flexibilización laboral que impulsa Javier Milei y anticipó que el sindicalismo no acompañará medidas inspiradas en el DNU 70/2023. En Azopardo reconocen que “no hay margen para seguir dialogando” con una gestión que, según acusan, busca debilitar derechos conquistados.

El clima entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y pieza clave en la interlocución sindical con el oficialismo, lanzó una advertencia pública que podría marcar un punto de quiebre: la eventual salida de la central obrera del Consejo de Mayo, el espacio creado por el Ejecutivo para articular políticas con empresarios, legisladores y provincias.

Según fuentes cercanas al gremialista, la decisión se haría efectiva después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la sede de la calle Azopardo aseguran que el sindicalismo se siente “sin interlocutor válido” y que los esfuerzos por mantener una mesa de diálogo “chocan con la lógica unilateral del Gobierno libertario”.

En una carta pública difundida por la UOCRA, Martínez fue categórico al rechazar el nuevo proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo anticipó durante el Coloquio de IDEA. Para el dirigente, se trata de “una reedición del DNU 70/2023 en su capítulo laboral”, norma que —recordó— fue “rechazada por la CGT y judicializada con éxito”.

“La ausencia de un modelo económico que contemple el trabajo y los salarios como ejes del desarrollo retrasa cualquier posibilidad de progreso. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores”, subrayó Martínez.

El dirigente advirtió que cada intento de avanzar sobre los derechos laborales en la historia argentina derivó en más precariedad y desigualdad, y volvió a defender la negociación colectiva como herramienta de justicia social.

“No es el salario el problema”

En contraposición al discurso oficial, que atribuye la falta de competitividad al “costo argentino”, Martínez argumentó que los verdaderos obstáculos se encuentran en “la mala gestión económica, tributaria y cambiaria”, y no en los sueldos. “El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva es la llave maestra del desarrollo”, afirmó.

Además, reclamó que el Gobierno mire hacia las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 90% del empleo formal del país. “No es el exceso de regulaciones lo que impide el crecimiento, sino la falta de políticas que generen condiciones reales de inversión y rentabilidad sostenible”, remarcó.

Llamado al diálogo, pero con límites

Pese al tono confrontativo, Martínez no cerró las puertas a la negociación, aunque advirtió que la CGT sólo participará de ámbitos de diálogo “siempre que no se pretenda cercenar derechos consagrados”. En ese sentido, definió la justicia social como “el horizonte irrenunciable del movimiento obrero”.

“Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social, pero debe ser transparente, sustentable y abarcar todos los intereses, no sólo los empresarios”, sentenció.

En el entorno cegetista reconocen que el vínculo con el Ejecutivo está “en un punto crítico” y que, si se concreta la salida del Consejo de Mayo, se consolidará una ruptura institucional entre el Gobierno y la principal central sindical del país.

El posicionamiento de Gerardo Martínez no sólo refleja el hartazgo de la CGT frente a la política laboral del oficialismo, sino también una redefinición del mapa sindical de cara al nuevo ciclo político. El distanciamiento con el Gobierno libertario deja a la central obrera ante el desafío de sostener su rol negociador sin claudicar en la defensa de los derechos laborales. En tiempos de ajuste y reformas, el mensaje es claro: la CGT no está dispuesta a legitimar un modelo que, bajo la promesa de eficiencia, recorte las bases del trabajo digno.

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.

El Congreso Nacional Ordinario de la Confederación General del Trabajo se reunirá el 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias para elegir a las autoridades que conducirán la central obrera entre 2025 y 2029. Delegados de sindicatos, uniones y federaciones de todo el país votarán bajo un procedimiento estatutario que busca garantizar representatividad y transparencia.

La Confederación General del Trabajo (CGT), máxima entidad del sindicalismo argentino, celebrará su Congreso Nacional Ordinario, una instancia que se realiza cada cuatro años y que en esta ocasión definirá quiénes serán los encargados de conducir la central durante los próximos años.

El encuentro se desarrollará en el Club Obras Sanitarias, sobre la Avenida del Libertador en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá desde las nueve de la mañana a cientos de delegados congresales provenientes de sindicatos, federaciones y uniones de todo el país. Será un evento de peso político y gremial, donde el movimiento obrero argentino definirá su nuevo mapa de poder.

El proceso está regido por el Estatuto de la CGT, reformado en el Congreso de noviembre de 2021, que determina el modo de elección, los derechos de voto y la composición de los órganos de gobierno.

Quiénes votan y cómo se acredita la representación

Podrán participar todas las organizaciones afiliadas a la CGT con personería gremial vigente y que adhieran al Estatuto de la confederación. Esto incluye entidades representativas de la industria, el comercio, el transporte, el campo, los servicios públicos y distintos sectores productivos del país.

Cada gremio elige a sus delegados congresales de acuerdo con su propio estatuto interno, pero la cantidad de representantes se define por la escala de afiliados cotizantes (aquellos que pagan cuota sindical) del último año. La distribución es proporcional y busca equilibrar el peso de los grandes gremios frente a los de menor tamaño:

De 300 a 2.000 cotizantes: 1 delegado

De 2.001 a 5.000 cotizantes: 2 delegados

De 5.001 a 15.000 cotizantes: 5 delegados

Más de 15.000 cotizantes: 1 delegado adicional por cada 3.000 cotizantes o fracción mayor a 2.000

El límite máximo de representación establece que ninguna organización puede superar el 20% del total de delegados del Congreso, garantizando una distribución equitativa del poder sindical.

Además, se dispuso una moratoria especial para las entidades con deudas en sus cuotas de afiliación, que podrán participar con hasta tres delegados siempre que informen su situación económica ante la Secretaría General antes del Congreso. Solo los delegados acreditados por la Comisión de Poderes estarán habilitados para votar y hacer uso de la palabra durante las sesiones.

El proceso electoral paso a paso

El mecanismo de elección está regulado por el Estatuto de la CGT y responde a un esquema formal y transparente:

1. Convocatoria oficial: se realiza entre 30 y 60 días hábiles antes de la fecha del Congreso, informando el día, hora, lugar, cargos a elegir y duración de los mandatos, que son de cuatro años con posibilidad de reelección.
2. Junta Electoral: el Congreso elige una junta de 12 miembros, representantes de distintas organizaciones, que no pueden ser candidatos. Este cuerpo se encarga de organizar, fiscalizar y validar todo el proceso, desde la recepción de listas hasta el escrutinio final.
3. Presentación de listas: las agrupaciones sindicales presentan listas completas, con nombre, documento y aceptación firmada de los candidatos, quienes deben ser delegados congresales o integrantes de cuerpos directivos. Cada lista necesita el aval del 3% de los delegados presentes y designa dos apoderados.
4. Votación: el sufragio es secreto, y solo pueden votar los delegados acreditados en el padrón oficial elaborado por la Junta Electoral.
5. Proclamación: concluido el escrutinio, la Junta proclama la lista vencedora ante el pleno del Congreso.

Los cargos en juego

El Congreso Nacional, órgano supremo de la CGT, elegirá la conducción completa de la central para el período 2025-2029. Entre los principales cuerpos directivos se encuentran:

Consejo Directivo: integrado por 50 miembros (36 del Secretariado Nacional y 14 vocales), con representación obligatoria de género, salvo en las secretarías General, Adjunta y de Finanzas.

Secretariado Nacional: máxima instancia ejecutiva, que agrupa las secretarías específicas y que será elegido directamente por el Congreso.

Comisión Revisora de Cuentas: encargada del control administrativo y financiero.

El orden del día aprobado el 18 de septiembre por el Comité Central Confederal incluye la apertura formal a cargo de los secretarios generales, la acreditación de delegados, la elección de autoridades del Congreso, la conformación de la Junta Electoral, la revisión de estatutos y la proclamación de las nuevas autoridades. También se debatirán los balances 2021-2024 y un documento político-sindical sobre la situación económica y social del país.

Un Congreso en un contexto decisivo

La conducción que surja del Congreso del 5 de noviembre enfrentará uno de los períodos más desafiantes de las últimas décadas. La CGT se encuentra ante la necesidad de redefinir su rol en una Argentina marcada por el deterioro del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo y los debates sobre la modernización laboral.

La apertura a la participación de organizaciones con deudas y la búsqueda de consensos amplios reflejan la intención de garantizar un proceso plural. El resultado de esta elección no solo determinará nombres y cargos, sino también la orientación política del movimiento obrero frente al Gobierno y al escenario económico que se avecina.

El Congreso de la CGT 2025 será mucho más que una instancia administrativa: será un termómetro del poder sindical argentino y una plataforma desde la cual se delineará la estrategia del movimiento obrero en los próximos cuatro años. La elección del 5 de noviembre en Obras Sanitarias marcará el inicio de una nueva etapa, donde la central deberá demostrar si está preparada para renovar su liderazgo, consolidar la unidad y recuperar protagonismo frente a los desafíos del país.

Más allá de los resultados, la jornada promete reflejar el pulso real del sindicalismo argentino, su capacidad de autogobierno y su vigencia como actor político y social decisivo en la Argentina contemporánea.