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Se procederá a declarar la caducidad de los mismos y a promover las acciones de recupero de los fondos

 El Gobierno detectó irregularidades en beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que no cumplieron con las condiciones establecidas para su recepción, y procederá a declarar la caducidad de los mismos y a promover las acciones de recupero de los fondos. Así lo estableció la Decisión Administrativa 70/2021 publicada en el Boletín Oficial, que aceptó las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP incluidas en el Acta 28. La misma precisó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al Banco Central (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el listado de beneficiarios que accedieron al ATP a fin de que se realicen los controles de cumplimiento de las condiciones estipuladas para la vigencia de los beneficios.

«Recibidas las primeras respuestas, informa que en razón del análisis preliminar efectuado por distintas áreas técnicas surgiría la existencia de operaciones que podrían dar lugar a la caducidad de alguno de los beneficios que fueron acordados en los términos previstos por el ATP», indicó el Comité.

Al respecto, remarcó que se van a «sustanciar los procedimientos tendientes a declarar la caducidad de los beneficios y promover las acciones de recupero en los casos en que así corresponda, sea en sede administrativa o judicial».

Las condiciones fijadas por el Gobierno para las empresas que accedieran al ATP fueron la prohibición de operar en el mercado de capitales, repartir dividendos y realizar erogaciones a paraísos fiscales por uno o dos años posteriores a su ejercicio contable actual, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan.

El Comité resolvió que la AFIP regule «el procedimiento mediante el cual se notifique a los beneficiarios los incumplimientos detectados y se formule el cargo correspondiente, indicando el monto a reintegrar, otorgar plazos para que se deduzcan los descargos, evaluar estos últimos y, previa intervención de su servicio jurídico, resolver, de así corresponder, la caducidad del beneficio».

Asimismo, propuso que el organismo establezca «un procedimiento voluntario para que se restituyan los importes percibidos en los casos en que se decrete la caducidad del beneficio, contando con la posibilidad de acordar planes de facilidades de pagos consistentes en su extensión con la normativa vigente en materia tributaria».

También aclaró que «la declaración de caducidad corresponderá únicamente respecto de aquel beneficio cuya condición hubiera sido incumplida por parte del beneficiario, sin afectación de los restantes beneficios acordados en el marco del ATP, excepto que se trate de una condición aplicable a más de un período o a más de un beneficio».

En ese caso, señaló que «se declarará la caducidad de todos los beneficios supeditados a la condición de caducidad de que se trate». Sin embargo, indicó que «los beneficios de reducción o postergación de contribuciones patronales destinados al Sistema Previsional Argentino (SIPA) acordados a los beneficiarios del programa no se encuentran sujetos al cumplimiento de condiciones posteriores». Por lo que precisó que «de declararse la caducidad de otro beneficio, esta no producirá efectos respecto de los beneficios de reducción o postergación de las contribuciones».

El Comité también consideró necesario modificar condiciones a cumplir para los beneficiarios de Salario Complementario y Crédito a Tasa Subsidiada. En este caso, se trata de la condición de no realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario, radicados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación.

Al respecto, el Comité propició que esta condición resulte de aplicación, exclusivamente, a aquellos casos en que el monto total de las erogaciones realizadas supere los U$S 5.000. También lo hizo con los beneficiarios de Salario Complementario y Créditos a Tasa Subsidiada, a Tasa Cero y a Tasa Cero Cultura.

En este caso, modificó la condición de no adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.

El Comité estimó que la caducidad del beneficio no debe aplicarse en el caso de operaciones realizadas por montos de poca envergadura, y que se tomen en consideración las que superen los U$S 500.

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Desguace en los medios públicos: el Gobierno busca reducir la planta de RTA en un 45%

El Gobierno nacional planea implementar un plan de retiros voluntarios y desvinculaciones en Radio y Televisión Argentina (RTA) con el objetivo de reducir la planta en un 45%. La medida afecta principalmente a Radio Nacional, donde se prevé desvincular a casi la mitad de sus trabajadores.

El Gobierno de Javier Milei está decidido a desguazar a los medios públicos, según confirmaron fuentes oficiales. Se prevé que en las próximas dos semanas se inicie un proceso de retiros voluntarios en RTA para luego avanzar con desvinculaciones. El objetivo es reducir la planta en un 45%, lo que implica la salida de casi 965 trabajadores de un total de 2246.

La medida afecta principalmente a Radio Nacional, donde se pretende desvincular a 584 de 1169 trabajadores, lo que representa una reducción del 50%. En la TV Pública, se busca desvincular a 153 de 849 trabajadores (18%). Además, se pretende desvincular a todos los ex empleados de Télam que continúan bajo la órbita de la empresa estatal.

Un sector del Gobierno explica que la decisión fue empujada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien advirtió el peso económico que tienen los salarios de los trabajadores en el balance de RTA. Sin embargo, cerca de Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios, aseguraron que no fue decisión de Sturzenegger, sino que el Gobierno está llevando adelante su agenda.

La decisión se tomó en medio de una interna entre Adorni y el interventor designado al frente de RTA, Eduardo Roberto González, a quien le reprochan su forma de negociar las cuestiones salariales y su falta de compromiso con la batalla cultural que pretende dar el presidente Milei.

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Día del Padre: La caída de ventas refleja la preocupante situación del comercio

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una caída interanual estimada de entre el 2% y el 3% en unidades en las ventas del Día del Padre. Los consumidores priorizaron regalos de menor costo y la rentabilidad también fue menor debido a las promociones y descuentos.

El Día del Padre dejó un saldo negativo para el comercio minorista argentino, con una caída en las ventas que refleja la preocupante situación del sector. Según datos preliminares de la CAME, las ventas registraron una baja interanual estimada de entre el 2% y el 3% en unidades. El ticket promedio osciló entre los $40.000 y $50.000, un monto considerado bajo en relación con los precios actuales.

La situación se agravó debido a la priorización de regalos de menor costo por parte de los consumidores. «Se notó mucho que la gente cuidó muchísimo el bolsillo», afirmó Vicente Lourenzo, vocero de la CAME. La rentabilidad también se vio afectada por las promociones y descuentos aplicados para incentivar la demanda.

La caída de ventas se suma a una tendencia de retracción que ya se evidenció en otras fechas especiales como San Valentín y el Día de la Madre del año pasado. Los factores que influyeron en la baja de ventas incluyen el enfriamiento del consumo, el mal clima del fin de semana y la fuerte competencia del comercio online.

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La debacle laboral bajo la gestión Milei: casi 200.000 empleos registrados perdidos

El informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revela que desde noviembre de 2023 hasta marzo de este año, se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo registrados en el país. La caída del empleo afectó principalmente a La Rioja y Santa Cruz, mientras que los monotributistas aumentaron su registro, reflejando el crecimiento del trabajo cuentapropista.

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a una realidad laboral desalentadora. Según el último informe del SIPA, elaborado por la Secretaría de Trabajo, el número de asalariados registrados en el sector privado cayó de 6.369.119 en noviembre de 2023 a 6.253.766 en marzo de este año, lo que representa una pérdida de 115.353 empleos. A esto se suman los empleados del sector público, que cayeron de 3.466.731 a 3.408.521 en marzo, un total de 58.210 puestos menos. Los trabajadores de casas particulares también se vieron afectados, pasando de 463.640 a 441.529, 22.111 menos.

La caída del empleo se distribuyó de manera desigual en todo el país. Las provincias más afectadas fueron Santa Cruz, con una caída del 11,4% en el empleo registrado, y La Rioja, con una baja del 11,1%. Otras provincias que experimentaron descensos significativos fueron Salta, Catamarca, Tierra del Fuego y Misiones.

En contrapartida, el sector que registró un crecimiento fue el trabajo cuentapropista por monotributo, que pasó de 2.037.762 personas a 2.112.759, lo que implica que hay 74.997 trabajadores más. Esto sugiere que muchos trabajadores están recurriendo al trabajo informal o por cuenta propia ante la falta de oportunidades laborales formales.

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