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Las organizaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) anunciaron hoy que se sumarán a la campaña de control de precios en hipermercados que promueve el oficialismo, a través de voluntarios que concurrirán a sucursales de grandes cadenas en todo el país.

«En línea con el Gobierno nacional, voluntarios y voluntarias del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC saldrán a controlar los precios cuidados y del acuerdo de la carne en los principales hipermercados del país», informaron las organizaciones, que mantienen una estrecha relación con la Casa Rosada.

Estas entidades de trabajadores informales y desocupados señalaron que «mientras que el Gobierno nacional ha invertido miles de millones de pesos en paliar los problemas desencadenados por la pandemia, los formadores de precios y los grandes grupos económicos que concentran la producción y distribución de los alimentos han decidido ir por el bolsillo de los trabajadores».

«En el marco de la campaña de organización comunitaria para la reconstrucción argentina para reforzar los cuidados y la prevención frente al Covid, fortalecer la vacunación y la vuelta a clases, los movimientos sociales saldrán también a controlar los precios de los principales hipermercados», plantearon en un comunicado.

Al respecto, insistieron en que no se puede «tolerar más los sobreprecios ni la voracidad extorsiva», por lo cual anticiparon que van a «realizar controles de precios y denunciar a los especuladores que aprovechan sus posiciones monopólicas para atacar el poder adquisitivo de la gente».

Las organizaciones lamentaron que «los precios abusivos se han multiplicado, en especial en productos esenciales de la canasta básica de alimentos, sin que exista ninguna justificación real».

«Se demuestra una vez más los niveles de insensibilidad que estos grupos tienen frente a las necesidades populares en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes», finalizaron.

En los últimos días, funcionarios del Gobierno e intendentes bonaerenses del oficialismo realizaron recorridas por supermercados para controlar precios, luego de la aceleración de la inflación de los meses pasados.

Fuente: miércoles 10 de febrero de 2021 -(NA)

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Trasladan el Día del Empleado de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector acordaron trasladar el Día del Empleado de Comercio del viernes 26 al lunes 29 de septiembre de 2025. El acuerdo busca beneficiar a los trabajadores con un fin de semana largo y reducir el impacto en la actividad comercial.

La FAECyS, que conduce Armando Cavalieri, y las principales cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA) llegaron a un acuerdo para trasladar el feriado por el Día del Empleado de Comercio. El pacto implica que el lunes 29 de septiembre será feriado obligatorio para todos los empleados del sector bajo el CCT 130/75.

Esto significa que los supermercados, shoppings y grandes cadenas no abrirán sus puertas ese día, mientras que los comercios más pequeños podrán operar si son atendidos por sus dueños o familiares directos. Quienes deban trabajar ese día recibirán su salario con un pago duplicado, sin la posibilidad de un franco compensatorio.

El pacto también contempla particularidades para otras ramas y regiones. En la Rama Turismo, el feriado podría trasladarse a un día hábil, mientras que en la Rama de Centros de Contacto se mantendrá el 26 de septiembre. Por su parte, la región de Santa Fe continuará celebrando la jornada el último miércoles de septiembre, según un acuerdo local.

Además, la FAECyS estuvo trabajando en las paritarias del sector, buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación persistente. En este sentido, el gremio que conduce Armando Cavalieri firmó entendimientos en distintas áreas que replican un esquema de aumentos escalonados y sumas fijas no remunerativas para compensar la inflación. Estos acuerdos abarcan las ramas de Comercio General, Call Centers y Turismo.

En la paritaria de Turismo, regida por el CCT 547/08, se acordó un aumento escalonado del 6% y el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 a partir de junio de 2025. El incremento del 6% se aplicará en tramos mensuales del 1% entre agosto y enero de 2026. Las partes se reunirán nuevamente en diciembre de 2025 para revisar las escalas salariales.

Por su parte, los convenios para las ramas de Comercio General y Call Centers también establecen una asignación remunerativa del 6%, que se aplicará en tramos mensuales del 1% de julio a diciembre. Además, se sumará una asignación fija no remunerativa de $40.000 mensuales. Estas sumas fijas serán incorporadas al salario básico en enero de 2026, asegurando un impacto positivo en los futuros cálculos salariales.

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Remiseros lanzan un sistema de denuncias online contra aplicaciones ilegales

La Federación Argentina de Remises (FAREM) lanzó un sistema online de denuncias para pasajeros y choferes que utilizan aplicaciones y agencias ilegales. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente problemática de la falta de control y los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios.

Según el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el objetivo es «recibir denuncias y avanzar en las presentaciones para acompañar a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales».

La falta de control y regulación de las aplicaciones ilegales ha generado una serie de problemas para los pasajeros y choferes. Poli destacó que «se dan casos en que las apps no tienen control sobre los vehículos, sobre los choferes que no tienen documentación, pero la problemática más grande es que hay vehículos que no tienen papeles, conductores con identidad robada y lo peor de la historia se lo llevan los pasajeros porque terminan siendo víctimas de delincuentes».

La FAREM ofrece acompañamiento jurídico a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales. Poli explicó que «el sistema de denuncias va a permitir a los vecinos tener un canal de denuncias para ser acompañados por el departamento jurídico que pone la federación, porque muchos sufren delitos y no tienen los recursos para denunciar».

En este sentido, la Federación Argentina de Remises critica la falta de respuestas oficiales ante la problemática de las aplicaciones ilegales, advirtiendo que «los intendentes están más preocupados en quedar bien con las aplicaciones ilegales y que los voten en las elecciones, que en llevar adelante un control de lo que está sucediendo».

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La Mesa Sindical denuncia manipulacion del Gobierno para minimizar inflación de Julio

Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.

La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.

La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».

La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».

Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.

La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».

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