Los gremios docentes confederados en la CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP anunciaron un paro de 24 horas en todos los niveles del sistema educativo para este jueves 24 de mayo. Reclaman convocatoria paritaria por el atraso salarial.

Los cuatro gremios docentes de la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) que encuadran docentes de la educación pública y privada y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvieron convocar a un paro nacional docente para este jueves 24 de mayo en en el nivel inicial, primaria, secundaria, técnica, institutos de educación superior y nivel universitario.

Las y los trabajadores del sector protestan por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Gobierno encabezado por Javier Milei a la paritaria nacional del sector, explicaron.

Las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se estancaron a partir de que el 6 de mayo pasado prometió respuestas concretas a los reclamos salariales, como el llamado a la Paritaria Nacional Docente, y pasadas dos semanas no volvió siquiera a comunicarse con los dirigentes sindicales del sector educativo.

El secretario de Políticas Educativas de la CGT y secretario general de la UDA, Sergio Romero convocó a una conferencia de prensa este martes a las 15.30 en la misma CGT para dar precisiones sobre la medida de fuerza.

El Sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salariales.

Los cambios, descabezamientos y reemplazos en la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos amenazaban con llegar al personal, en la reestructuración que el gobierno de Javier Milei continúa proyectando para el Estado. Sin embargo, la intervención de los dirigentes de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP) logró calmar las aguas en el organismo y certificar la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras.

Según informó la organización gremial «frente a la cantidad de llamados de los compañeros y compañeras de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, una comisión de dirigentes de se reunió con las máximas autoridades para aclarar la situación y confirmar que no se va a disolver el área».

También señaló que «en un marco de estrategia operativa la AFIP, dispuso el pase a la Dirección General Impositiva (DGI) de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas, incluso con sus mismos equipos de empleados y empleadas y casos asignados».

Aclaran que solo buscan no duplicar funciones en la DGI

El secretario General de UPSAFIP, Julio Estévez (h), informó que «se eliminarán solamente los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la DGRS para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI».

Agregó que «se acordó integrar al personal de seguridad social con las trabajadoras y trabajadores impositivos, con el fin de que reciban la capacitación y experiencia necesarias» y añadió que «se trabajará en asignarles los grupos escalafonario que corresponda por su función para terminar con la discriminación que sufrían hasta ahora, siempre mal encasillados y descalificados en el organismo».

Estévez aclaró a iProfesional que «desde el sindicato nos hemos puesto a disposición de la Dirección General Impositiva a los fines de contribuir y ayudar en este proceso de expansión de la capacidad operativa del organismo, vigilando que no se cause perjuicio o gravamen a los trabajadores».

El sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salarialesVersiones ante el desplazamiento de funcionarios de Aduana

La secretaria de Prensa de los jerárquicos de la AFIP, Mariana de Alva, subrayó que «tanto los  afiliados y afiliadas al gremio, como quienes no lo están, deben tener presente que esta organización gremial está y estará presente para asistir cualquier situación irregular o evacuar cualquier consulta sobre esta nueva estrategia recaudatoria que desplegará la AFIP y que llevará un período de tiempo».

Las versiones sobre cesantías en la AFIP se desataron al mismo tiempo que el Gobierno decidió realizar una serie de desplazamientos de ocho altos funcionarios del organismo que venían de la gestión anterior. La disposición del ente recaudador informa que se dan «por finalizadas y asignadas las funciones» de ocho jerárquicos.

En los considerandos aclara que la medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas que ya cuenta con nuevo titular: Eduardo Mallea.  Los funcionarios desplazados se desempeñaban en Aduana. En la lista figuran: Juan Carlos Saucedo, Rubén Cesar Pave, Marcelo Alejandro Sosa, Marcelo Fabián Lista, Horacio Miguel Font, Eduardo Salvador Di Grigoli, María Luisa Carbonell y Gladys Liliana Morando.

Por otra parte, el consejo directivo de la UPSAFIP aprovechó la oportunidad para felicitar a todos el personal, teniendo en cuenta que este domingo 19 de mayo se celebró el Día del Trabajador Impositivo y de la Seguridad Social».

La Justicia Federal ordenó la reincorporación de los nueve agentes cesanteados el 31 de marzo en el 11° Distrito Catamarca. Un freno a la motosierra de Javier Milei en el sector público.

El Juzgado Federal de Catamarca le puso un freno a la motosierra del Gobierno Nacional de Javier Milei. Es que rechazaron la excepción de competencia presentada por Vialidad Nacional y e hizo lugar al amparo que pidió la nulidad absoluta de las cesantías en Catamarca.

Se trata de nueve despidos definidos por el organismo nacional el pasado 31 de marzo, en el marco de las cesantías masivas en el Estado Nacional.

El fallo judicial ordena la reinstalación de los demandantes en sus puestos de trabajo, rechazando el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 84/2023 y imponiendo las costas al demandado, junto con la regulación de honorarios a la letrada de los demandantes. Este veredicto destaca la importancia de proteger los derechos de los trabajadores frente a decisiones administrativas arbitrarias, validando el marco legal establecido por el decreto en cuestión.

De hecho, el juez Guillermo Días Martínez, le da un plazo de 48 horas al organismo para que cumpla con la sentencia.

La determinación judicial marca un nuevo límite judicial al plan Milei que ya tuvo varios reveses en los magistrados. El más importante de todos con el freno del Capítulo Laboral del mega DNU 70/2023 que nunca pudo entrar en vigencia.